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La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, invita a los contribuyentes a ponerse al día con sus obligaciones y a terminar sus procesos aprovechando los beneficios de la Ley de Inversión Social que terminan el próximo 31 de marzo.

Entre los beneficios que representan alivios para los contribuyentes con obligaciones pendientes se encuentran el principio de favorabilidad, la terminación por mutuo acuerdo y la conciliación judicial.

Pago de Obligaciones
Tal como lo indica el parágrafo 2 del artículo 48 de la Ley 2155 de 2021 "Ley de Inversión Social", el contribuyente, declarante, agente retenedor, responsable, deudor solidario, deudor subsidiario o garante, que al 30 de junio de 2021, tenga obligaciones fiscales a cargo, que presten mérito ejecutivo conforme lo establece el artículo 828 del Estatuto Tributario, podrán en aplicación del principio de favorabilidad, realizar el pago de las obligaciones liquidando la tasa de interés bancario corriente, certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia, para la modalidad de créditos de consumo y ordinario al momento del pago.

En consecuencia, la DIAN invita a los contribuyentes que tengan obligaciones fiscales a cargo a 30 de junio de 2021, a que realicen el pago hasta el 31 de marzo de 2022, o a solicitar, máximo en esta fecha, ante la respectiva dirección seccional, la suscripción de un acuerdo de pago, en caso de cumplir con los requisitos para acceder al mismo.

Es importante tener en cuenta que no podrán exceder el término de 12 meses contados a partir de la suscripción.

Terminación por mutuo acuerdo
En atención a lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 2155 de 2021 y el Decreto reglamentario 1653 de 2021, los contribuyentes, agentes de retención y responsables de los impuestos nacionales, los usuarios aduaneros y del régimen cambiario a quienes se les haya notificado antes del 30 de junio de 2021, requerimiento especial, liquidación oficial, resolución del recurso de reconsideración, pueden transar hasta el 31 de marzo de 2022 el 80% de las sanciones actualizadas e intereses a que haya lugar, siempre que se corrija la declaración privada, pague el 100% del impuestos o tributo a cargo, o del menor saldo a favor propuesto o liquidado y el veinte 20% restante de las sanciones.

Para el caso de pliego de cargos y resoluciones que impongan sanciones dinerarias, sanciones por no declarar incluyendo las resoluciones que resuelven los respectivos recursos, actos administrativos que impongan sanciones por concepto de devoluciones o compensaciones improcedentes, la norma establece los porcentajes a transar.

Conciliación Judicial
De acuerdo con el artículo 46 de la Ley 2155 de 2021, en concordancia con el Decreto 1653 de 2021, los contribuyentes, agentes de retención y responsables de los impuestos nacionales, los usuarios aduaneros y del régimen cambiario, que hayan presentado demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, podrán conciliar el valor de las sanciones e intereses según el caso, discutidos contra liquidaciones oficiales. Es importante tener en cuenta que podrá presentarse la solicitud de conciliación hasta el 31 de marzo de 2022.

Los porcentajes de transacción oscilan entre el 70% y 80% dependiendo de la instancia en que se encuentre el proceso judicial en la jurisdicción contencioso administrativa.

En el caso de actos administrativos que impongan sanciones por concepto de devoluciones o compensaciones improcedentes, la conciliación operará respectivo del 50% restante de las sanciones actualizadas.

El acta que contenga la conciliación debe suscribirse a más tardar el 30 de abril de 2022.

Sector de la construcción, a ponerse al día
La entidad, en el ejercicio de contribuir a la seguridad fiscal del Estado y con el ánimo de recuperar la cartera vencida, adelanta acciones enfocadas al Plan de Cobro y Plan de choque contra la evasión y el contrabando, en el marco de las jornadas "Al día con la DIAN, le cumplo al país".

En este ejercicio se han identificado en el sector de la construcción más de 25.000 contribuyentes constructores de edificios residenciales y no residenciales y de obras civiles, y otros sectores asociados al desarrollo de esta actividad económica, quienes tienen pendiente el pago de sus obligaciones tributarias, con una cartera cercana a los $2,3 billones.

En consecuencia, para asegurar el pago de estas obligaciones en marzo y facilitar su cumplimiento, la entidad está contactando a los contribuyentes desde cada una de las direcciones seccionales que adelantan el proceso de cobro, de modo que pueda evaluarse la situación de cada uno e incentivar el pago de dichas obligaciones como un ejercicio de responsabilidad y compromiso con Colombia.

Estos contribuyentes pueden aprovechar los beneficios establecidos por la Ley de Inversión Social, siempre y cuando se pongan al día antes del 31 de marzo de 2022.

Gestión febrero 2022
La entidad continúa trabajando en la lucha contra la evasión y el contrabando, es así como en febrero de 2022 se obtuvo como resultado de las acciones establecidas en el Plan de Cobro y de Fiscalización un total de $3.1 billones, representados en ingresos efectivos por $2.6 billones y gestión por fiscalización por $543.794 millones.

La DIAN informó que en virtud de lo establecido por el artículo 53° de la Ley 2155 de septiembre 14 de 2021, a partir del 14 de septiembre de 2021 entró en vigencia la exclusión del IVA en la importación de bienes por la modalidad de tráfico postal, envíos urgentes o envíos de entrega rápida cuyo valor no supere los doscientos dólares de los Estados Unidos de América (USD 200).

El beneficio aplica para las mercancías que no tengan fines comerciales, procedan de los países con los cuales Colombia tiene suscritos acuerdos o tratados vigentes de libre comercio y que en virtud de los mismos, se obligue al no cobro de este impuesto.

Con la nueva reforma tributaria o Ley de Inversión Social, se crearon nuevos apoyos para la generación de empleo. El beneficio que ya viene funcionando del 25 % de un salario mínimo por cada joven contratado se convierte en política pública y adicionalmente se crea el apoyo económico para quienes contraten a mujeres y hombres mayores de 28 años.

Los beneficios para protección y generación de empleo que hacen parte de la Ley son:
- Ampliación del PAEF hasta el 31 de diciembre de 2021: Se beneficiarán 60 mil micro y pequeñas empresas y 400 mil empleados. Este programa costará $1,5 billones.
- El 25 % del salario mínimo ($227.131) para empleadores que creen nuevos puestos de empleo para jóvenes entre 18 y 28 años de edad y la meta a 2022 es tener 600.000 beneficiados.
- El 15 % del salario mínimo ($ 136.278) por crear nuevos trabajos para mujeres mayores de 28 años que ganen hasta tres salarios mínimos.
- Así mismo, el 10 % del salario mínimo (90.852) por crear puestos adicionales para hombres mayores de 28 años de edad con ingresos de hasta tres salarios mínimos.
- Estos tres incentivos para la generación de empleo, con la nueva Ley de Inversión Social se convierten en Política Pública para permanecer en el tiempo.

Para aplicar a los beneficios, debe hacerse el trámite los primeros días de cada mes ante la entidad bancaria de confianza del empleador, con el formulario de manifestación de intención y postulación, la certificación de cumplimiento de requisitos y aportes en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes -PILA-.

Los recursos serán consignados en la cuenta de la entidad financiera indicada, aplicando los gravámenes legales.

Datos
Con el beneficio económico del 25 % de un salario mínimo para generar empleo a jóvenes entre 18 y 28 años, en el mes de julio se postularon 4.800 empresas con 55.103 empleos nuevos.

El programa de creación de nuevos empleos para jóvenes, mujeres y el resto de la población, tiene un costo de $174.000 millones para 2021, $982.000 millones para 2022 y de $278.000 millones en 2023.

Para facilitar el entendimiento de la nueva Ley de reforma tributaria, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, publicó el documento de sensibilización Abecé de la Ley de Inversión Social. En este se explican de forma sencilla los beneficios de la norma para empresarios y consumidores.

Entre los principales atributos descritos están el de Apoyo a la Nómina, los subsidios al empleo joven y mujeres, las iniciativas para la reactivación del comercio, la tarifa de renta diferencial, los beneficios para el turismo y los créditos para la reactivación.

Para conocer el documento del MinComercio, haga clic aquí.

Las Comisiones de Senado y Cámara presentaron el informe de conciliación del proyecto de reforma tributaria o Ley de Inversión, social como lo han denominado. El proyecto ahora pasa a sanción presidencial.

Para conocer el informe de conciliación y el proyecto aprobado, descargue el archivo adjunto a esta nota.

El Congreso de la República aprobó el proyecto de reforma tributaria o Inversión Social, como lo ha denominado el gobierno, dando paso al esquema de bienestar más ambicioso del país en la historia reciente.

Las plenarias dieron un espaldarazo a la necesidad del proyecto de Inversión Social, pues en Senado se aprobó con una votación de 76 a favor y un voto en contra y en la Cámara de Representantes con 124 votos positivos y 8 negativos.

“Esta Ley de Inversión Social ha recorrido un importante y largo camino, pasará a la historia como un proyecto ampliamente consensuado y que responderá a las necesidades urgentes que acarreó la pandemia, a la vez que generamos recursos permanentes, honrando esa tradición de responsabilidad en el manejo de las cuentas públicas”, expresó el ministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo.

Con los $15,2 billones que se recaudarán a través de un esfuerzo en lucha contra la evasión, planes de austeridad del gasto público y el aporte de las empresas a través del impuesto de renta y el ICA, se financiarán dichas necesidades a través de programas como Ingreso Solidario hasta 2022 que beneficiará a 4,1 millones de familias, la extensión del subsidio a la nómina hasta diciembre de 2021 que ayudará a 60 mil micro y pequeñas empresas y 400 mil empleados, el pago de la matrícula para 695 mil estudiantes.

A esto se le añade el subsidio que cubrirá total o parcialmente los costos de la seguridad social de jóvenes y mujeres, especialmente, que permitirá recuperar cerca de un millón de empleos y contribuirá a mejorar los índices del mercado laboral. Así como el apoyo a las 70 mil empresas y el millón de empleos afectados por los bloqueos y cierres durante abril y mayo.

Cabe destacar que además de su énfasis social, el proyecto cuenta con un fuerte enfoque de género, pues en Ingreso Solidario, el Subsidio a la Nómina, el beneficio que cubre los costos de seguridad social e incluso en lo relacionado a la conformación del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, se incluyen ítems que buscan la equidad de género.

Esta Ley también le dará herramientas a los entes territoriales para que puedan disponer de más recursos para que puedan invertir en cada una de sus regiones a través de deuda, excedentes de liquidez y créditos con Findeter y Bancoldex. También se les dará facultades para que puedan llegar a acuerdos de pago con contribuyentes que no hayan podido cumplir sus obligaciones, facilitando el cobro de impuestos atrasados.

“Quisiera destacar la responsabilidad y la seriedad de los congresistas de los partidos que se hicieron presentes en las discusiones de las reuniones de coordinadores y ponentes y en los debates en comisiones y en plenarias. Hoy se mantienen los recursos que consideramos necesarios para atender a los más vulnerables, sin tocar al grueso de la población, que está en la clase media, jalonar la reactivación, sin afectar la productividad y estabilizar las finanzas públicas de una manera ordenada”, expresó el titular de la cartera de Hacienda.

De esta manera, se designará una Comisión de Mediación que concilie las diferencias de los textos aprobados y acoja lo votado tanto en Senado como en la Cámara de Representantes, sometiéndolo a su respectiva aprobación. Posteriormente, el presidente de la República, Iván Duque Márquez la sancionará para que se convierta en Ley de la República.

Las ponencias para segundo debate del proyecto de reforma tributaria fueron radicadas en las secretarías de la Cámara de Representantes y del Senado de la República, con algunas modificaciones y artículos nuevos que buscan fortalecer las medidas que se han venido discutiendo en el pasado mes y medio.

El ministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo, destacó algunos de los artículos nuevos que se incluyeron, especialmente el que busca apoyar a los restaurantes y bares, sectores mayormente afectados por la pandemia y sus consecuencias.

“Con estos artículos buscamos tenderles una mano a estos sectores a través del régimen SIMPLE, pues todos aquellos que pertenezcan a este, estarán exonerados del pago del IVA y del Impuesto al Consumo durante 2022, lo que reducirá sustancialmente lo que deben pagar”, mencionó el titular de la cartera.

En línea con esto, se busca darle un apoyo adicional al sector comercial e industrial a través de la Superintendencia de Industria y Comercio, que dentro de sus funciones, apoyará la reactivación con planes y programas que fomenten la innovación y el emprendimiento.

De igual manera, destacó que el apoyo que se brinda a los Sistemas de Transporte Masivo no solo se limite a los Sistemas de Transporte Masivo de las principales ciudades, sino también sea para los Sistemas Estratégicos de Transporte, lo que beneficiará a las ciudades intermedias. Además, el monto de este apoyo deberá estar en línea con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Así mismo, se seguirán dando herramientas para que las entidades territoriales puedan disponer de más recursos, por ejemplo, con la posibilidad para que usen los excedentes de liquidez, también podrán contratar créditos con Findeter, con cargo a la Asignación para la Inversión Regional del Sistema General de Regalías, para financiar proyectos de interés estratégico.

En ese mismo sentido, se podrá tener la posibilidad de extender los periodos de cofinanciación de los proyectos de interés estratégico a través de vigencias futuras, con lo cual se acelerará el desarrollo de estos.

De igual forma, se resaltan las facilidades para que los deudores de multas de tránsito se pongan al día, lo que permitirá recursos extra para las entidades territoriales. Cabe aclarar que este beneficio no aplicaría a multas impuestas a conductores bajo influencia del alcohol u otras sustancias.

El ministro Restrepo resaltó el intenso trabajo que se ha adelantado durante las pasadas semanas junto a los congresistas para lograr un texto enriquecido que sigue honrando los pilares en los que se fundamentó.

“Se mantienen nuestras proyecciones: $15,2 billones de recaudo total, derivados de un esfuerzo de austeridad por $1,9 billones, un esfuerzo en la formalización y lucha contra la evasión por $2,7 billones y $10,6 billones del aporte solidario del sector empresarial”, manifestó Restrepo.

Las plenarias de la Cámara de Representantes y el Senado de la República debatirán el articulado en los próximos días.

Las comisiones económicas del Congreso de la República aprobaron en primer debate el proyecto de Ley de reforma tributaria, conocido como Inversión Social, tras varias horas de discusión.

“Con esta primera aprobación se ratifica la necesidad de llevar las medidas que contempla el proyecto para seguir apoyando a los más vulnerables, quienes siguen sufriendo las consecuencias de la pandemia, generar empleo y condiciones para reactivar la economía y, por supuesto, dar un respiro a nuestras finanzas públicas”, expresó el ministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo.

Y agregó que “el espaldarazo que hoy dan las comisiones económicas del Congreso serán un gran impulso para el debate que queda, además, se le envía un mensaje a la ciudadanía al dar continuidad a programas que han sido claves para sopesar la emergencia”.

Frente a la ponencia radicada del proyecto, esta se aprobó sin modificaciones al articulado, los artículos nuevos y las modificaciones a los existentes se dejaron como constancia para que los coordinadores y ponentes los estudien en el marco de segundo debate en plenarias de Senado y Cámara.

Cabe recordar, que entre los artículos nuevos, se destacan los que buscan fortalecer el régimen SIMPLE, para que los micro y pequeños empresarios tengan acceso a una tarifa impositiva favorable, que además contribuya a la formalización. Así como aquellos que buscan dar prioridad a la mujer, pues esta población ha tenido mayor impacto en términos de empleo y pobreza, por eso, se incluyeron artículos para favorecerlas a través del Ingreso Solidario y el PAEF.

Así mismo, los que apoyarán a los empresarios que tuvieron afectaciones relacionadas con los bloqueos y cierres durante las manifestaciones en los meses pasados. De igual manera, los que facultarán a la DIAN y las entidades territoriales para facilitar los procesos de pago y acuerdo con los contribuyentes a través de reducción de intereses y moratorios.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo Abondano, radicó, con mensaje de urgencia, el Proyecto de reforma tributaria o Inversión Social, como fue denominado, que busca recaudar $15,2 billones al año.

La iniciativa presentada al Congreso de la República beneficiará a 7,8 millones de hogares (más del 50% de los hogares colombianos, los cuales recibirán recursos para aliviar el impacto de la pandemia de Covid-19) y se constituye en el proyecto fiscal más ambicioso que se ha presentado en materia de recaudo durante los últimos años.

En un articulado corto, la propuesta, resultado de un consenso con distintos actores de la sociedad, como jóvenes, congresistas, beneficiarios de programas sociales, empresarios y autoridades departamentales y municipales, pretende proteger a los más vulnerables, reactivar la economía y estabilizar las finanzas públicas.

Es así como se plantea la extensión de programas sociales como Ingreso Solidario, que, según la propuesta, iría hasta diciembre de 2022 y llegará a más de 4 millones de hogares a partir de abril de 2022.

De acuerdo con el Ministro de Hacienda y Crédito Público, con el esquema actual del programa, los hogares en pobreza extrema y pobreza moderada reciben $160.000 mensuales. A partir de julio de 2022, obtendrían un apoyo monetario en promedio de $267.579 y $195.906, respectivamente, el cual dependerá de su nivel de ingresos. “Con esto, queremos darle continuidad al esfuerzo en reducción de la pobreza, que ha venido realizando el Gobierno Nacional”, agregó.

Así mismo, el proyecto contempla un incentivo a la creación de nuevos empleos para jóvenes y el resto de la población. En este sentido, plantea un subsidio del 25% de un salario mínimo para los jóvenes de 18 a 28 años, no necesariamente para el primer empleo, el cual alcanzaría a cubrir las contribuciones a pensiones, cajas de compensación y riesgos laborales. Con este incentivo, se espera beneficiar cerca de 319.000 jóvenes, lo cual contribuiría a reducir sustancialmente la tasa de desempleo juvenil, de 24,2% observada en 2020 a 19,3%.

Por su parte, para el resto de la población que gane hasta 3 salarios mínimos, se dará un subsidio equivalente al 10% de un salario mínimo, con lo cual un empleador alcanzaría a cubrir cerca del 40% de la seguridad social de sus empleados. Este incentivo beneficiaría a 271.000 personas.

Ambos subsidios permitirán recuperar cerca de 500.000 empleos, aseguró el jefe de la cartera de Hacienda y Crédito Público.

El apoyo a la nómina (PAEF) es otro de los programas que se planea extender. Estará concentrado en la micro y pequeña empresa e incluirá a las personas naturales que tengan a partir de dos empleados.

Se extenderá por seis meses adicionales, hasta diciembre de 2021, beneficiando así a 400.000 empleados, con un costo de $1,1 billones.

De otro lado, el Proyecto de Inversión Social también contempla mayores recursos para el pago de la matrícula para 695.000 estudiantes de pregrado de instituciones de educación superior pública en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, con un costo anual de $700.000 millones.

Austeridad y gasto público
La propuesta también contiene un ambicioso plan de austeridad, que generaría ahorros recurrentes de $1,9 billones entre 2022 y 2032, en promedio.

Según el Ministro, con este plan se limita el crecimiento de la burocracia y se mantiene la capacidad adquisitiva de los trabajadores públicos. Adicionalmente, se restringen los cambios en la planta de personal, se congelan las vacantes y se limitan los gastos en bienes y servicios.

“También llegaremos a un 50% del ahorro en gastos de viáticos, papelería, publicidad, vehículos y combustibles en un periodo de 10 años. No renovaremos telefonía celular, ni planes de telefonía móvil, internet y datos”, agregó el funcionario.

Pero esto no es todo, habrá un control en costos de arrendamiento, promoviendo el teletrabajo y los eventos virtuales; se racionalizarán los esquemas de seguridad; y se hará un control a los contratos de prestación de servicios, salvo aquellos que sean esenciales para el funcionamiento de las entidades.

Plan antievasión
Otro de los grandes pilares del Proyecto de Ley radicado en el Legislativo es el concerniente a la lucha contra la evasión de impuestos, plan con el que se pretende recaudar $2,7 billones anuales.

Las nuevas medidas en este sentido incluyen, entre otros, la expedición del RUT y de declaraciones sugeridas del impuesto de renta a aquellas personas que no cumplen con sus obligaciones tributarias. También plantea un sistema de información georreferenciada, con el objetivo de detectar el valor real de los inmuebles declarados.

Mayores ingresos provenientes del sector empresarial
El Ministro de Hacienda y Crédito Público sostuvo que la iniciativa radicada, contempla, además, mantener el descuento de ICA sobre el impuesto de renta en 50%, medida con la que se disminuye significativamente la tarifa efectiva de tributación de las empresas, al compararse con 2018, y no se afectan los ingresos de las entidades territoriales.

Se propone también establecer una tarifa de renta para empresas de 35%. En 2017, esta tarifa de renta era de 40%, y en 2018 de 37%, para empresas con utilidades de más de $800 millones. Restrepo precisó que continuarán los beneficios de la Ley de Crecimiento, como aquellos de contratación de jóvenes, Economía Naranja, renta exenta de 0% para el sector agroindustrial y las inversiones en hoteles y parques. En particular, para las microempresas, continuará vigente el Régimen SIMPLE de Tributación, que facilita y reduce el costo del proceso de cumplimiento de obligaciones tributarias para estos contribuyentes.

También se plantea una sobretasa al sector financiero de 3 puntos porcentuales hasta 2025. Adicionalmente, se establece una normalización tributaria como la principal herramienta para regularizar los capitales de los colombianos en el exterior. “Cada vez tendremos más jurisdicciones para intercambiar información en todo el mundo. Contamos con más de 110 jurisdicciones cooperando con la Dian”, explicó Restrepo.

El Ministro destacó que hay un acuerdo nacional en el que las clases medias no se deben gravar con impuestos adicionales, pues estas son el motor del consumo y, por consiguiente, de la reactivación. En este sentido, insistió en que la propuesta no tocará el impuesto a la renta de personas naturales, ni modificará la estructura del IVA.

Instrumentos de reactivación y sostenibilidad fiscal
El proyecto radicado permite, además, la posibilidad de regular el uso de comercio electrónico para la realización de hasta tres días sin IVA. De igual forma, establece una serie de beneficios para las entidades territoriales.

De otro lado, pretende fortalecer la sostenibilidad fiscal, para asegurar la financiación sostenible del gasto social. Lo anterior, mediante un fortalecimiento de la independencia y capacidad operativa del Comité de Regla Fiscal, la definición de un anclaje de deuda pública que permita converger a niveles prudenciales de esta variable (esta ancla será del 55% del PIB) y metas de balance fiscal que se ajusten de tal forma que lleven a la deuda a converger al ancla.

Para conocer el proyecto de reforma tributaria, haga clic aquí.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público presentó el Proyecto de reforma tributaria, denominado de Inversión Social, que busca recaudar $15,2 billones.

Se trata de una iniciativa que pretende, mediante un articulado corto, proteger a los más vulnerables, reactivar la economía y estabilizar las finanzas públicas.

La propuesta plantea, en primera medida, una mayor inversión social a través de la extensión de programas como Ingreso Solidario y Subsidio a la Nómina (PAEF), que irían hasta 2022 y diciembre de 2021, respectivamente.

Según el ministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo Abondano, la ampliación de Ingreso Solidario permitiría que más de 731.000 colombianos en pobreza extrema, que hoy en día no reciben ningún beneficio del Estado, lo empiecen a hacer por primera vez. Con esto, el programa llegaría a un total de 3,3 millones de hogares.

Por su parte, la extensión del PAEF para el segundo semestre de este año, apoyaría a cerca de 459.000 empleados, a través de un esquema que incentiva la contratación de jóvenes de entre 18 y 28 años y del resto de la población con ingresos de hasta 3 salarios mínimos.

“Focalizaremos el programa en las pequeñas empresas e incluiremos personas naturales con negocios que empleen mínimo a dos personas”, aseguró Restrepo, quien dijo que para este nuevo ciclo se prevé que se postulen 55.000 empleadores que corresponden a 400.000 empleados.

De otro lado, en materia de educación, la propuesta contempla mayores recursos para brindar matrícula cero a 695.000 estudiantes de pregrado de instituciones de educación superior pública en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica y continuaremos brindando estímulos y mejores condiciones a los usuarios de crédito educativo de Icetex.

Con estas medidas y los programas sociales vigentes, el Gobierno Nacional llegará a más de 25 millones de colombianos que se verán beneficiados. La inversión total en materia social sería de $8,8 billones en 2021 y $8 billones en 2022.

Plan de austeridad
La propuesta también contiene un ambicioso plan de austeridad, que generaría ahorros recurrentes de $1,9 billones entre 2022 y 2032, en promedio.

Dicho plan incluye una restricción desde el 2023 de los gastos de personal, sin afectar el poder adquisitivo de los servidores públicos. Adicionalmente, solo se permitirá la adquisición de bienes y servicios esenciales, recortando gastos de telefonía móvil, viáticos, arrendamientos y vehículos.

De igual forma, las transferencias a cargo de la nación se reducirán anualmente, sin afectar las de rango constitucional, como seguridad social, universidades públicas y pago de sentencias, entre otras.

También se contempla el control de los contratos de prestación de servicios y nóminas paralelas.

Propuesta antievasión
El Proyecto de Inversión Social le apuesta, además, a uno de los planes antievasión más ambiciosos que haya tenido el país, con esfuerzos por $2,7 billones.

Es así como otorga facultades para que la Dian emita factura compulsiva o sugerida.

Así mismo, contempla la creación del Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB), para identificar a los dueños o beneficiarios de las empresas para que cumplan con sus obligaciones.

También plantea un sistema de información georreferenciada, con el objetivo de detectar el valor real de los inmuebles declarados y de otro lado, permite facturar el impuesto de renta con base en información de la factura electrónica e información reportada por terceros, facilitando así el recaudo.

No se tocará a la clase media
“El articulado propuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no tocará a la clase media”, reafirmó el ministro Restrepo, quien explicó que la iniciativa que se presentará al legislativo incluye un aporte solidario en renta del 35% por parte de las grandes empresas del país, a partir del 2022. Con esto, agregó, no se compromete la competitividad del país, ya que esta tarifa es menor a la de 2018 (37%).

Se contempla, además, un descuento del 50% del ICA en el impuesto de renta, un proceso de normalización tributaria para 2022 y una extensión de la sobretasa de renta al sector financiero hasta 2025.

De acuerdo con el Ministro todas estas medidas permitirán un recaudo aproximado de $11 billones.

Así las cosas, el Proyecto de Inversión Social es el resultado de consensos, que permitirán “darle la mano a los más vulnerables, lograr estabilidad fiscal y contribuir al crecimiento económico del país”, concluyó el funcionario.