La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, llevó a cabo la primera Jornada DIA-D. Fueron 452 visitas a domicilios fiscales de contribuyentes, entre personas naturales y jurídicas, que han solicitado devoluciones de sus saldos a favor por un valor total de $42.139 millones.
Como resultado de estas acciones, la administración tributaria encontró inconsistencias como direcciones y establecimientos comerciales inexistentes, predios desocupados y lugares en los que ya no opera la actividad económica o no reside el contribuyente.
En consecuencia de estos hallazgos, la entidad procederá a la suspensión del Registro Único Tributario (RUT) de dichos contribuyentes, la inadmisión de la solicitud de devolución o el rechazo de esta.
Adicional a ello, y con ocasión de las visitas de verificación, algunos de los contribuyentes que habían realizado la solicitud de devolución, decidieron desistir de ella.
“Con esta estrategia integral de control, la DIAN busca proteger los recursos públicos, garantizar la transparencia en los trámites tributarios y fortalecer la confianza ciudadana en la gestión de la entidad, por lo que es fundamental que los contribuyentes presenten información veraz y completa tanto en sus declaraciones como en las solicitudes de devolución", indicó Luisa Rocío Reyes, directora de gestión de Impuestos de la DIAN.
Durante la primera jornada, las visitas se desarrollaron de manera simultánea en la jurisdicción de 14 direcciones seccionales de la entidad, en ciudades como Barranquilla, Cali, Cúcuta, Medellín, Bucaramanga, Ibagué, Pereira, Armenia, Santa Marta, Montería, Sincelejo, Tunja, Villavicencio y Cartagena.
La entidad ratifica que estas jornadas de control se mantendrán de forma permanente y derivarán en sanciones para quienes se vean involucrados en prácticas fraudulentas.
La próxima jornada se realizará el 29 de septiembre y, de manera progresiva, se incluirán solicitudes de devolución por otros conceptos como ventas, IVA pagado, pago en exceso o de lo no debido.
Finalmente, la entidad invita a todos los contribuyentes a presentar de manera correcta y con información sustentada en su realidad económica, tanto las declaraciones como las solicitudes de devolución. De esta manera, se fortalece la cultura de la legalidad y se contribuye al propósito común de proteger los recursos públicos y avanzar en la construcción de un país más justo y equitativo.