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El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, presidió la sesión de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, CCPSL, diálogo tripartito con la participación de representantes de las entidades del Gobierno Nacional, centrales obreras y gremios, instancia legal de negociación y concertación para el incremento del salario mínimo 2026.

La agenda abordada incluyó: la definición del calendario para iniciar esta discusión y la socialización del estudio ´Fijación de salarios para ingresos vitales´, por parte de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, con la orientación de Ítalo Cardona, director para los Países Andinos.

“Estamos contentos por anunciarle al país el inicio de esta discusión, y muy expectantes y optimistas en el sentido de que podamos lograr un acuerdo entre trabajadores y empresarios, con el acompañamiento del gobierno alrededor de un incremento como se espera. Vamos a mantener la vocación de un aumento real de los ingresos”, expresó el ministro.

Agregó, que los ingresos en los anteriores gobiernos o los incrementos de salario mínimo eran pegados a la inflación, por lo cual los trabajadores no mejoraban realmente sus ingresos.

“En el gobierno del presidente Gustavo Petro hemos incrementado en 37.6% acumulado el salario mínimo y año a año ha significado una diferencia entre inflación e incremento salarial, por ejemplo, en el 2022, tuvo un aumento real cercano al 3%, lo mismo que en el 2023 y en el 2024, llegando a un 4.5%. Con esa vocación vamos a concurrir desde el gobierno y con la opinión del presidente de la República en esta materia”, puntualizó Sanguino Páez.

“Queremos reiterar que este esfuerzo del Gobierno Nacional, esta decisión del incremento del salario mínimo y de mejora de los ingresos, es una de las razones que explican el comportamiento positivo de nuestra economía, con un crecimiento del 2.7%, que en el último trimestre se disparó a 3.6% el Producto Interno Bruto, con una tasa de desempleo la más baja del siglo en 8.2% y con un control de la inflación en el 5.5%”, añadió.

El ministro Sanguino, aclaró que, aunque hoy se conoció la publicación que integra el concepto de salario vital, que reveló la OIT, con un planteamiento aspiracional de un aproximado de 3 millones de pesos, para una familia integrada por 4 personas e incluyendo variables de sustento vital, será una cifra que puede ser referencia para el estudio de las variables macroeconómicas para definir el salario mínimo 2026.

Dentro de lo concertado está el encuentro de la subcomisión de productividad el próximo viernes 28 de noviembre, donde el DANE presentará un informe de la Productividad Total de los Factores, PTF y el 1 de diciembre, se instalará oficialmente la mesa de concertación del salario mínimo para el próximo año.

En el encuentro y como es de conocimiento público, participaron representantes de los Ministerios de Hacienda, Agricultura, Comercio, Función Pública, de DNP, DANE, Banco de la República; de los gremios: ANDI, Fenalco, Acopi, SAC, Asobancaria, y de las centrales obreras, CUT; de la Confederación General del Trabajo, CGT; de la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC y de las confederaciones de pensionados, CPC y CDP.

El ministro concluyó: “esperamos mantener el espacio de concertación que permita la toma de decisiones con razonabilidad y rigor técnico, con cifras en mano, para llegar a un acuerdo que sea benéfico para el país y para las y los trabajadores”.

"En nuestro país, de cada 100 jóvenes 46 tienen empleo, de los adultos mayores, apenas 29. En las personas con discapacidad, la cifra es dura: solo 20 de cada 100 consiguen trabajo. Esa es la realidad que tenemos que transformar", señaló el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino en la apertura de la 'Jornada de Inclusión Laboral con Beneficios Tributarios'.

“Deducción del 120% de los salarios en el impuesto a la renta para empleadores que contraten jóvenes menores de 28 años en su primer empleo; la rebaja del 200% de los salarios y prestaciones sociales para empresas que vinculen personas con discapacidad o mujeres víctimas de violencia de género; el descuento del 120% para quienes empleen adultos mayores sin pensión; y la progresividad en aportes parafiscales para la contratación de personas pospenadas, con mayores reducciones cuando el 60% o más de las vinculaciones corresponden a mujeres o personas transgénero", precisó Sanguino Páez.

Paralelo al evento, los Ministerios del Trabajo e Igualdad y Equidad, la Unidad del Servicio Público de Empleo y la Fundación Natalia Ponce de León, suscribieron la "Alianza por el Empleo Inclusivo", orientada a fortalecer la generación y protección del empleo digno y decente con enfoque de inclusión, equidad y justicia social.

Expresaron la voluntad de fortalecer los principios de inclusión, igualdad de oportunidades y equidad en el acceso al trabajo digno y decente, mediante la articulación interinstitucional, la cooperación público-privada y la promoción de incentivos tributarios que impulsen la contratación de jóvenes, mujeres víctima de violencia, personas mayores y en condición de discapacidad.

La directora de la Fundación Natalia Ponce de León, con el mismo nombre, expresó: "esta alianza es importante, puesto que en el área que llevo trabajando que es violencia basada en género y la prevención en mujeres y niñas, es fundamental esa inclusión laboral y social, tanto para las víctimas como para sus familias, porque rompe círculos familiares. Invito a las empresas para que se animen, eso hace país".

Sellos de reconocimiento y reputación empresarial
También se presentaron los sellos de reconocimiento empresarial implementados por el Ministerio del Trabajo, los cuales visibilizan y distinguen a las empresas que promueven prácticas efectivas de inclusión laboral, entre los que se encuentran el Sello "Amigable Adulto Mayor" y "Sello de Segundas Oportunidades", para personas que han sido privadas de la libertad por condenas.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, llevará a cabo una Feria Nacional de Servicios con énfasis en cobro el próximo 26 de noviembre, dirigida a 43.000 contribuyentes con obligaciones pendientes por un valor cercano a los $6,7 billones.

La mayor concentración de cartera se encuentra en Bogotá, con una deuda de $1,56 billones; Medellín, con $921.392 millones; Santa Marta, con $795.673 millones; Barranquilla, con $765.828 millones; y Cali, con $648.208 millones.

Durante esta jornada, la DIAN ofrecerá soluciones efectivas para que los ciudadanos morosos normalicen su situación tributaria antes de que avancen los procesos administrativos, priorizando a los contribuyentes con obligaciones pendientes por concepto de IVA, retención en la fuente, impuesto al consumo, entre otros.

La estrategia busca facilitar el pago de las obligaciones pendientes, prevenir sanciones posteriores y brindar acompañamiento directo para resolver trámites vinculados al cumplimiento tributario.

Para garantizar una atención ágil y una experiencia de servicio óptima, la entidad citó previamente a los contribuyentes a través de correo electrónico. No obstante, la feria también estará abierta a quienes deseen asistir de manera voluntaria, asegurando análisis detallado de cada caso sin filas y con orientación especializada.

En la sesión 95 del Comité de Coordinación para el Seguimiento al Sistema Financiero, se analizaron las principales perspectivas y tendencias de los indicadores de desempeño del sistema financiero en lo corrido de 2025 hasta septiembre.

Este comité es conformado por el Viceministro Técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, delegado por el Ministro de Hacienda y Crédito Público para presidir la presente sesión, el Gerente General del Banco de la República, la Superintendente Financiera (E), la Directora del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín), y la Directora de la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF) como invitada permanente,

Los miembros del Comité destacaron que los establecimientos de crédito continúan mostrando adecuados indicadores prudenciales de solvencia y liquidez, superiores a los mínimos regulatorios. La cartera de crédito, principal activo de estas entidades mantiene una tendencia de recuperación y registra crecimientos positivos desde mayo. Esta evolución favorable está asociada a la recuperación económica y a mejores perspectivas de demanda y oferta crediticia.

Por su parte, la morosidad de la cartera sigue disminuyendo, especialmente en créditos de consumo y microcrédito. En la cartera comercial, algunos sectores presentan deterioros que superan el promedio de los últimos cinco años, sin embargo, las provisiones de esta modalidad superan el total de la cartera morosa.

Se han observado unas condiciones financieras favorables a nivel global en un contexto de debilidad del dólar estadounidense y de disminuciones en las tasas de interés de política monetaria de algunas de las principales economías. Sin embargo, existe una alta incertidumbre sobre la continuidad de estas tendencias.

Conclusiones
El análisis conjunto de los indicadores confirma que el sistema financiero mantiene su resiliencia gracias a la regulación prudencial vigente, la supervisión prospectiva basada en riesgos y el fortalecimiento de la gestión de riesgos por parte de los establecimientos de crédito, en un contexto marcado por incertidumbre.

Consulte en mayor detalle las principales tendencias del sistema financiero en los siguientes reportes:

Reporte de Estabilidad Financiera
Informe de Actualidad del Sistema Financiero

Este 20 de noviembre se llevó a cabo el diálogo con los ponentes y coordinadores de las Comisiones Económicas Conjuntas de Senado y Cámara de Representantes.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, expuso una serie de modificaciones del proyecto de Ley de Financiamiento, para la elaboración de la ponencia que debe ser radicada para iniciar debate en el Congreso de la República.

Entre los ajustes presentados, se anunció el retiro de todas las medidas relacionadas con combustibles, uno de los puntos que mayor discusión había generado, y, además, se reafirmó la continuación de la progresividad en la renta.
Otro cambio significativo, fue la reducción del impacto propuesto para los impuestos al tabaco y cerveza, que pasó de una proyección de $7,8 billones a $3,1 billones. Este ajuste busca proteger a los consumidores y reducir los efectos sobre estos productos y confirmó la eliminación del impuesto a la boletería.

Durante la sesión, también se discutió el tema del IVA para vehículos híbridos. El ministro Ávila señaló que “vamos a ajustar el tema y nos vamos a concentrar en aquellos que tienen un alto componente de combustión”, dejando claro su interés de llegar a un consenso, sin embargo, la medida aún se encuentra en proceso de evaluación.

Finalmente, el ministro de Hacienda recalcó que el proyecto presentado hoy, tras estas modificaciones, abre un panorama positivo para dar paso al debate con las demás comisiones.

A pesar de este anuncio, desde el Congreso se conoció que la ponencia de archivo de la ley de financiamiento tiene respaldo mayoritario en las comisiones económicas.

La Superintendencia de Sociedades aclaró que, sobre la supuesta obligatoriedad del Reporte de Sostenibilidad, este informe sigue siendo de carácter voluntario para las sociedades vigiladas y no se ha contemplado generar algún cambio al respecto. Así lo establece la Circular Externa 100-000010 del 21 de noviembre de 2023, que incluye el Capítulo XV de la Circular Básica Jurídica.

Dicho capítulo contiene recomendaciones administrativas de aplicación voluntaria, orientadas a que las empresas que decidan reportar lo hagan bajo parámetros estandarizados en las dimensiones ambiental, social, de gobernanza, económica y financiera, como parte de su compromiso con la transparencia y la sostenibilidad empresarial.

Al respecto, el Superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez declaró, “Queremos dar tranquilidad a los empresarios. El Reporte de Sostenibilidad no es obligatorio y tampoco requiere la contratación de empresas externas. Hemos dispuesto un aplicativo intuitivo, sencillo y seguro para que cada sociedad pueda diligenciar su información directamente, sin generar gastos adicionales. Desde la Superintendencia realizamos capacitaciones permanentes para acompañar al sector empresarial y promover prácticas sostenibles alineadas con el compromiso que las compañías tienen con el país y con sus grupos de interés”.

El presidente Gustavo Petro y la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas, firmaron el Decreto 1197 del 14 de noviembre de 2025, que establece un arancel cero para 10 subpartidas de hilados sintéticos y de algodón que son materia prima esencial para la producción textil, de confecciones.

Esta medida estratégica busca fortalecer la industria nacional del Sistema Moda, dinamizar la generación de empleo y promover la formalización en uno de los sectores más relevantes de la economía colombiana. Si bien estos insumos cuentan con registro de producción nacional, la industria enfrenta actualmente un desabastecimiento en estas 10 subpartidas. Esta situación es producto de la tensión en la demanda global y de la creciente presión del comercio internacional, caracterizado por la importación masiva de bienes finales a precios reducidos.

En consecuencia, el Gobierno del presidente Gustavo Petro adoptó esta decisión, la cual estará vigente por el término de un año y aplicará únicamente para los países con los que Colombia no tiene un acuerdo comercial vigente.

La Ministra explicó que los sectores textil, de confecciones y calzado se caracterizan por su gran capacidad de generar empleo formal, especialmente para las mujeres. Por lo tanto, es imperativo que, a través de la política pública, se adopten mecanismos que apoyen la producción nacional de manera permanente y que, además, impulsen una competencia en igualdad de condiciones frente al producto final importado.

Este decreto envía un mensaje claro y positivo a un sector que es un motor fundamental para la Economía Popular y la generación de empleo local. La medida beneficia a 72.000 empresas de confecciones del país y protege aproximadamente 1,5 millones de empleos directos e indirectos, cifra que asciende hasta 2,5 millones del Sistema Moda en toda su estructura ampliada.

Los principales impactos de esta medida serán:
Desincentivo al contrabando técnico y abierto: la reducción a cero de los aranceles desincentivará de manera contundente las prácticas de contrabando, creando un entorno de competencia más equitativo para los productores nacionales.

Mayor competitividad: la medida permitirá que el sector de confecciones colombiano sea más competitivo frente a las plataformas y el comercio electrónico, facilitando la expansión y el acceso a nuevos mercados para las empresas locales.

Incremento en la formalización e ingresos fiscales: se prevé que el Estado percibirá mayores ingresos por impuestos, gracias a una mayor formalización del sector de confecciones y de todo el Sistema Moda. Esto, a su vez, generará más empleo digno y estable para miles de colombianos.

Optimismo y confianza para la inversión: este impulso gubernamental devolverá el optimismo y la confianza para la inversión en el sector, atrayendo capital y fomentando el crecimiento de nuevas iniciativas empresariales.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la Fiscalía General de la Nación llevarán a cabo este 18 y 19 de noviembre, una nueva jornada para avanzar en la culminación de procesos penales abiertos a 22.375 recaudadores que retuvieron valores por impuestos como IVA, Retención en la Fuente e Impuesto al Consumo y no los trasladaron a la autoridad tributaria.

“6.000 de estos contribuyentes serán citados en sedes de la Fiscalía General de la Nación en todo el país. De manera paralela, citaremos en nuestras sedes DIAN a 16.375 personas cuya cartera asciende a $1,2 billones, originada en impuestos que fueron retenidos o cobrados a los ciudadanos, pero no entregados al Estado. Todos ellos tendrán la oportunidad de pagar la totalidad de la deuda, formalizar acuerdos, aplicar recursos embargados y regularizar su situación antes de que los procesos penales escalen", afirmó Carlos Emilio Betancourt Galeano, director general (e) de la DIAN."

Esta acción conjunta con la Fiscalía General tiene el propósito de darle cierre judicial a los procesos penales que se encuentran abiertos. Para los ciudadanos morosos, la única vía que existe es realizar el pago total de la obligación tributaria. Así, podrán evitar que su caso avance a la etapa prevista en el artículo 402 del Código Penal, el cual establece una pena de prisión de 48 a 108 meses y una multa equivalente al doble de los valores no consignados.

Los ciudadanos citados podrán acercarse a las sedes de la DIAN y la Fiscalía para recibir orientación, realizar pagos totales, aplicar el dinero embargado para descontarlo del valor pendiente y, en los términos que establece la ley, detener el avance de los procesos penales mediante la cancelación total de la obligación en mora.

“El pago no es solo una obligación tributaria; es un acto de respeto frente a los ciudadanos que sí cumplieron. Estos recursos no pertenecían a los morosos, eran impuestos pagados por los ciudadanos y nuestra responsabilidad es recuperarlos", concluyó el director Betancourt.

Quienes no atiendan la citación o no regularicen su situación enfrentarán embargos, inclusión en el boletín de deudores morosos del Estado y la continuidad de los procesos penales hacia sus fases judiciales, según corresponda.

En el marco de la IV Cumbre CELAC-UE, el Gobierno de Colombia la “Plataforma País para la Inversión y el Desarrollo Sostenible en Colombia”. El acto tuvo lugar en el hotel Hilton en Santa Marta, y fue el ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila Plazas, el encargado de hacer la presentación oficial del proyecto, que es una estrategia para articular la inversión pública y la cooperación internacional.

Entre las entidades que acompañaron la iniciativa se encuentran: Natalia Posso, directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, María Fernanda Rojas, ministra de Transporte, Irene Vélez, ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ruth Quevedo, viceministra encargada de Agua y Saneamiento Básico en Colombia de MinVivienda y el acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en la secretaría técnica.

La presencia de estos representantes institucionales reforzó el apoyo a este proyecto. El ministro de Minas y Energía mencionó un proceso con las comunidades indígenas arwacas para la transición energética, y exaltó la importancia del hidrógeno verde para combatir el cambio climático. Además, mencionó planes de su cartera que podrían ser dinamizados por Plataforma País.

“El agua regula todas nuestras acciones. Hasta para producir paneles solares se necesitan miles de litros de agua”, dijo Ruth Quevedo, viceministra de Agua, reconociendo la importancia del proyecto, en un ámbito donde el 80% de los conflictos actuales se relacionan con el agua.

¿Cuál es el propósito de la Plataforma País?
Posicionar a Colombia como un actor clave en financiamiento climático y desarrollo sostenible regional. Esto, a partir de la movilización de inversiones externas que se alineen a las prioridades y la visión del Gobierno Nacional.

“Nuestra meta es hacer una transición energética justa, proteger la biodiversidad, la infraestructura resiliente y el desarrollo territorial sostenible”, indicó el ministro Ávila, durante la presentación en la Cumbre CELAC-UE, un espacio que fue ideal para formalizar este proyecto y generar alianzas entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea.

Con la Plataforma País, el Gobierno no solo pretende una transición energética técnica, sino que tenga un enfoque de justicia social territorial. De esta forma, Colombia avanzará hacia una economía verde e incluyente.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, informó que:

Con ocasión de la controversia generada el miércoles 5 de noviembre, la DIAN informa que no ha decretado medidas cautelares preventivas ni procesos de cobros coactivos a ninguna empresa importadora de combustibles.

La posición de la DIAN sobre las importaciones de gasolina y ACPM es que éstas se encuentran gravadas con una tarifa aplicable del 19% y fue ratificada en los Conceptos 010763 (int 2305) de 2024 y 08922 (int 1324) de 2025 los cuales están disponibles para consulta en el Normograma de la DIAN.

En ejercicio de las facultades de control y fiscalización consagradas en el artículo 3 del Decreto 920 de 2023, la DIAN inició una serie de investigaciones sobre las declaraciones de importación presentadas por todos los importadores de combustibles bajo diferentes regímenes o modalidades, con el fin de verificar la correcta liquidación y pago de los tributos aduaneros (aranceles e IVA). Estos procesos siguen su curso.

Como se recordará, a partir de la Ley 1819 de 2016 los combustibles (gasolina y ACPM) están gravados con IVA, por lo tanto, los importadores deben declarar, liquidar y pagar los tributos aduaneros al momento de nacionalizar esos bienes. Varios importadores siguieron esta línea.

Desde el año 2017 los minoristas de combustibles pagan el IVA cuando adquieren este tipo de bienes. En consecuencia, los importadores tienen derecho a descontar el IVA pagado en la importación de acuerdo con el artículo 488 del Estatuto Tributario.

Los importadores que no hayan pagado estos tributos deben hacerlo. Para el efecto, la DIAN adelantará las investigaciones correspondientes manteniendo la reserva legal (artículo 17 del Decreto 920 de 2023) y garantizando el derecho al debido proceso y a la defensa en cada una de las instancias correspondientes.

Tal como se anunció en mayo pasado, la DIAN busca asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias en todos los sectores de la economía nacional, con la correcta aplicación de las normas. Esto contribuye a la seguridad fiscal y a la competitividad del país.

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