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El Gobierno Nacional expidió el Decreto 0046, por medio del cual reglamentó parcialmente el artículo 23 de la Ley 222 de 1995.

Esta actualización está orientada a dotar de transparencia las actuaciones de los administradores, así como a establecer parámetros claros para su cumplimiento, en beneficio de los accionistas minoritarios, que en la práctica pueden resultar afectados por las conductas desleales de los administradores.

Así mismo, constituye una importante herramienta para facilitar el gobierno corporativo, en interés de la sociedad, teniendo en cuenta los intereses de sus asociados.

En ese sentido, el Decreto establece definiciones de los conceptos de conflicto de intereses y competencia con la sociedad, el procedimiento a seguir para revelarlos y que sean autorizados por los accionistas, y en general un régimen de fortalecimiento de la gestión de las empresas.

El Superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez afirmó, “el cambio que trae el Decreto es el robustecimiento de los deberes de los administradores frente a los accionistas minoritarios, con miras a contar con empresas más responsables y transparentes, fortaleciendo su gobierno corporativo”.

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El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, emitió el Decreto 045 del 30 de enero de 2024, "Por el cual se modifican los artículos 2.2.2.46.1.1., 2.2.2.46.1.2, 2.2.2.46.1.3., 2.2.2.46.1.4., 2.2.2.46.1.5. Y 2.2.2.46.1.6. Y se adiciona el artículo 2.2.2.46.1.12, en la sección 1 del Capítulo 46, del Título 2, de la Parte 2, del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, sobre tarifas de derechos por registro y renovación de la matricula mercantil, y se dictan otras disposiciones".

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El Ministerio de Comercio, a través del Decreto 2266 del 29 de diciembre de 2023, modifica parcialmente el Arancel de Aduanas y se corrige unos errores formales en el Decreto 1881 de 2021.

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Los ministerios de Hacienda y Crédito Público y Comercio expidieron el Decreto 1899 de 2023 por el cual se modifica el numeral 4 del artículo 1.2.1.2. del Decreto 2420 de 2015 y se dictan otras disposiciones.

A través de este decreto el Gobierno Nacional determina las condiciones de la aplicación obligatoria de la NIA 701 (Norma Internacional de Auditoría) Comunicación de las cuestiones clave de la auditoría en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente en Colombia.

De acuerdo con el decreto, la NIA 701 “será de obligatoria aplicación para los contadores públicos independientes y revisores fiscales que emitan dictámenes en las auditorías de conjuntos completos de estados financieros con propósito general de entidades emisoras de valores que publican su información financiera en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE), así como aquellas consideradas de interés público, de conformidad con el parágrafo 1, del artículo 1.1.1.1., del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y, voluntariamente en circunstancias en las que, el auditor o revisor fiscal en las demás entidades, decida comunicar cuestiones claves de la auditoría en el informe del auditor externo y revisor fiscal".

Esta NIA se aplica a las auditorías de conjuntos completos de estados financieros con fines generales de entidades cotizadas y en circunstancias en las que, de otro modo, el auditor decida comunicar cuestiones clave de la auditoría en el informe de auditoría.

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El Gobierno Nacional decidió establecer por otros 12 meses el arancel cero para la importación de 74 insumos usados en la producción de bienes agropecuarios.

Así lo establece a través del Decreto 0809 del 25 de mayo del 2023, en el que señala además que el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior (Triple A) revisará la medida cada 6 meses para evaluar sus efectos.

Entre las materias primas incluidas en el Decreto están: la cebolla, el ajo para la siembra, camotes frescos para la siembra, nueces y almendras de palma para la siembra, semillas de remolacha azucarada, semillas forrajeras de alfalfa, de lechuga, de hortalizas para siembra, de tabaco, sustitutivos de leche para alimentación de terneros, sales de ácido propiónico, medicamentos de uso veterinario, abonos, albúminas, fungicidas y minerales de manganeso, entre otros.

Si bien esta medida estuvo vigente por un año, hasta el 5 de abril pasado, el Gobierno Nacional, por recomendación del Comité Triple A y el aval del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), decidió extender el beneficio por un año más, dado que persisten las presiones alcistas en los costos de producción del sector agropecuario, impactando la canasta básica de los colombianos.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, junto al Departamento Nacional de Planeación y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, anunciaron la reactivación del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación (SNCI), con el fin de coordinar las políticas nacionales y territoriales para impulsar la productividad, la competitividad y la innovación en las regiones del país.

En la primera reunión que realiza el Gobierno del Cambio para reactivar este sistema, participaron la directora del Dapre, Laura Sarabia; el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Carlos Reyes y el director del DNP, Alexander López, entre otros altos funcionarios del Gobierno del Cambio, y se acordó que el SNCI sea el gerente de los grandes proyectos de desarrollo del país.

Allí se acordó que esta reactivación irá acompañada de la definición de algunos representantes del sector privado, de la academia y del sector popular que harán parte de la administración del Sistema y podrán participar activamente en la deliberación y toma de decisiones estratégicas.

La actualización del Sistema se adoptó mediante el decreto 2212 de 2023, y tiene entre sus objetivos adaptar la institucionalidad nacional y regional a los planteamientos de nuevas políticas, como la de Industrialización que impulsa el gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego.

Así mismo, el SNCI contará con la participación de representantes de la Economía Popular, quienes participarán en las deliberaciones sobre políticas públicas para mejorar la competitividad y la innovación, de manera que se logre garantizar la atención de las necesidades de este importante sector de la economía del país.

A esto se suma que el Consejo Nacional de la Economía Popular, reglamentado mediante el decreto 2185 de 2023 y cuya principal misión es formular la política pública para la Economía Popular, trabajará en forma coordinada con el SNCI para generar espacios que permitan para su visibilidad, fortalecimiento e impulso.

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Carlos Reyes Hernández, destacó que “en esta nueva etapa del Sistema buscamos seguir impulsando la reactivación económica del país a través de grandes proyectos que traerán desarrollo social, económico, empleo e inversiones a los territorios”

El alto funcionario agregó que “tenemos el propósito de trabajar de manera coordinada con las diferentes entidades del Gobierno nacional y con las autoridades locales y de los departamentos para lograr una economía descarbonizada y cada vez más orientada a la innovación y el conocimiento".

Bajo este nuevo modelo, el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación propone centrarse en tres acciones fundamentales a nivel nacional y regional.

La primera incluye hacer un despliegue en el territorio para comunicar las políticas públicas relacionadas con productividad y competitividad, y facilitar el trabajo con los gobiernos locales. Esto implica seguir apoyando instancias territoriales como las Comisiones Regionales de Competitividad e Innovación y sus miembros, a fin de que cuenten con las herramientas necesarias para desarrollar las Agendas de Competitividad en las que se incluirán proyectos sólidos y bien estructurados, que den respuesta a las necesidades y transformen de forma positiva las realidades de las regiones.

La segunda busca mejorar la relación Nación-Territorio, a través de espacios de diálogo. Para ello, el Comité de Territorialización seguirá cumpliendo la labor de ser la instancia que recoge y tramita las visiones y necesidades de lo territorial y lo nacional.

Y la tercera plantea construir una Agenda Nacional de Competitividad e Innovación –que estaría lista en agosto- en la que se incorporen las necesidades de los territorios y se identifiquen los mecanismos de gestión de esos proyectos para ponerlos en marcha en todas las regiones del país. Esto implicará mayor coordinación y diálogo entre los niveles territorial y nacional para sacar adelante los proyectos clave de desarrollo.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cuenta con diferentes programas para apoyar, cofinanciar, formar y asesorar técnicamente a las mipymes de Colombia, que actualmente representan cerca del 98 % del tejido empresarial y generan el 80 % del empleo del país.

Con el propósito de avanzar en la generación de encadenamientos productivos, inclusión financiera, sostenibilidad y crecimiento empresarial e inclusión productiva de población vulnerable, el Ministerio, junto a sus patrimonios (Colombia Productiva e iNNpulsa), ha reformulado los proyectos de inversión y la estructura de la oferta programática, para fortalecer las capacidades de estas unidades, a través de programas de fortalecimiento y desarrollo productivo.

Solo entre 2022 y 2024 se logró ampliar la oferta de servicios, al pasar de 23 a 32 departamentos impactados, de 333 a 619 municipios y de $51.713 millones a $232.304 millones destinados a estos programas en 2023 y 2024.

Una de las apuestas son los Centros de Reindustrialización – ZASCA, que, en 2023 y 2024 beneficiarán a 9.523 unidades productivas de la economía popular. Actualmente están en operación dos ZASCA de agroindustria en Santa Marta y Caquetá; siete ZASCA para el sector moda (confección y calzado) en Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Cúcuta, Riohacha y Baranoa. También están operando tres Centros ZASCA Renacer en los establecimientos de reclusión del orden nacional de Ibagué, Espinal y Guaduas.

Para el despliegue de los ZASCA, se estima una inversión total de $117.290 millones en los cuatro años de Gobierno. Estos recursos se destinarán para poner en marcha, durante el cuatrienio, 99 de estos centros en todo el territorio nacional, en las líneas estratégicas de vocación productiva de manufactura, agroindustria, tecnología y metalmecánica.

Es importante destacar que a través de Colombia Productiva se ha logrado llevar la política de industrialización a cerca de 20.500 beneficiarios en 699 municipios (127 de ellos PDET y 624 con menos de 200.000 habitantes).

Otro de los principales programas de la cartera es crédito CREO “un crédito para conocernos”, dirigido a fomentar el acceso a financiamiento formal de la economía popular, que, en el componente no agropecuario, la ejecución está a cargo de este Ministerio.

En este sentido, se han dispuesto $55.500 millones para esta vigencia, de los cuales $17.000 millones se destinan para líneas de crédito que permitirán apalancar la colocación de $185.000 millones en más de 90.000 operaciones de crédito. Adicionalmente, se destinan $38.500 millones para garantías a través del Fondo Nacional de Garantías, que facilitarán la aprobación de créditos para aquellas mipymes que ven limitado el acceso a la financiación.

Por otra parte, a través del programa FortaleSER se beneficia a más de 4.200 unidades productivas de la economía popular y de la micro y pequeña empresa; mientras que con Minicadenas Locales, se trabajará en el cierre de brechas de 400 personas asociadas a 185 unidades productivas agroindustriales.

Con el programa ‘Mujeres más productivas’ 5.000 mujeres tenderas de la economía popular lograron acceder a capacitaciones, formación y cofinanciación para hacer que sus negocios tuvieran mejores resultados.

En cuanto a EnCadena, vale la pena resaltar que beneficiará a más de 2.100 mipymes y unidades productivas y su propósito es lograr que estos negocios formen parte de cadenas de producción nacionales e internacionales y aporten valor con productos y servicios especializados y de calidad, a través de asistencia técnica, formación y acceso a herramientas digitales.

Cabe mencionar que otro de los propósitos es capitalizar Bancoldex para empezar a financiar grandes proyectos estratégicos en sectores fundamentales para el país, como la agroindustria, la ciencia o la transición energética, con el fin de aumentar las exportaciones, los puestos de trabajo de calidad y la competitividad.

A un total de 32 bienes correspondientes a materias primas y bienes de capital que se importaban al país sin arancel se les restableció la respectiva tasa impositiva, dado que actualmente cuentan con producción nacional.

La decisión se adoptó luego de la revisión semestral que hace el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que evidenció que de esos insumos y maquinarias ya hay producción local.

De esta manera, a través del Decreto 0324 del 11 de marzo del 2024, se restablece el arancel respectivo del 5 %, 10 % o 15 %, dependiendo del bien, a esos 32 productos.

Así, productos como ceras y abonos minerales; herbicidas; placas y hojas de policarbonatos; cauchos mezclados sin vulcanizar; bolsas de papel, cartón o guata de celulosa; tejidos de algodón estampado; tejidos crudos o blanqueados con contenidos de fibras artificiales; tejidos con hilados de distintos colores; tubos huecos sin soldadura; herramientas agrícolas; herramientas metales comunes; martillos; hachas; máquinas y aparatos para panadería y partes para remolques y semirremolques, hacen parte de los productos que ahora deberán pagar arancel por su importación al país.

El arancel entrará en vigor 15 días después de la publicación en el Diario Oficial, es decir que se aplicaría a principios de abril.

Pero no operará a las importaciones de los bienes que se encuentren embarcados y vengan hacia Colombia con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de este Decreto.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo radicó ante el Congreso de la República el proyecto de Ley con el cual el Gobierno del Cambio busca la reactivación empresarial, el salvamento y la capitalización de las Salinas Marítimas de Manaure, La Guajira. El propósito es que se convierta en una empresa viable económicamente y que genere beneficios para la comunidad.

Entre los objetivos de la iniciativa radicada en la secretaría general de la Cámara de Representantes están: revertir la situación socioeconómica del departamento, salvaguardar el patrimonio de las comunidades de este municipio, preservar los empleos existentes y generar nuevos puestos de trabajo en la región.

El proyecto de Ley se ha trabajado con las comunidades y la más reciente reunión de socialización del tema se cumplió el pasado lunes 11 de marzo. En ella, líderes de la región compartieron sus comentarios con el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña Mendoza, y su equipo de trabajo en Manaure.

También fue socializado el proyecto con los congresistas que hacen parte de las comisiones cuartas de Senado y Cámara, en reuniones de trabajo convocadas por el ministro Umaña Mendoza y lideradas por los presidentes de estas comisiones, Juan Felipe Lemos, en Senado, y Juan Loreto Gómez Soto en la Cámara de Representantes.

El proyecto de Ley plantea permitir la aplicación de los mecanismos dados por la Ley 1116 que facilite a Salinas de Manaure iniciar un proceso de reorganización, al tiempo que pueda implementar mecanismos de salvamento como, por ejemplo, la capitalización de pasivos, pactos de deuda sostenible y los demás que plantea este régimen de insolvencia.

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña Mendoza, destacó que “en el Gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego buscamos avanzar en la recuperación de una empresa histórica de la región, que impulse la reindustrialización de La Guajira. Con esto, tendremos una fuente de generación de empleo y bienestar para la comunidad, contribuimos al desarrollo social y a la justicia económica del departamento, al tiempo que garantizamos la protección del patrimonio público”.

Qué contiene el proyecto de Ley
Entre los temas más destacados que contempla este proyecto de Ley, el artículo 3º desarrolla el fortalecimiento patrimonial de las Salinas, con la habilitación general para que el Gobierno nacional pueda capitalizar la empresa a través de diferentes modalidades, como aporte en dinero o en especie.

Esto constituye una innovación en el país, ya que hasta el momento solo se contaba con un régimen que permitía este tipo de actuaciones entre los niveles central y descentralizado, pero del mismo orden territorial.

El documento también detalla que la capitalización debe ser aprobada por el órgano máximo de administración de la sociedad de la empresa, de lo contrario, no se podrá llevar a cabo.

De igual manera, se contempla que los dividendos a favor de la Nación serán destinados a apalancar proyectos en la zona de influencia de las Salinas.

Por último, el Gobierno aclaró que no adelanta este proceso bajo la Ley 550 de 1999 pues aunque esta norma plantea la reestructuración de las empresas para atender sus obligaciones de pago, dificulta la reorganización de la unidad productiva. Por eso, la iniciativa propone que la reestructuración de pasivos en esta empresa se realice bajo las condiciones de la Ley 1116.

Con el propósito de darle tracción a la economía del país e impulsar el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas colombianas, el Gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego, a través de Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y Bancóldex anunció el lanzamiento del portafolio de crédito Colombia se Reactiva, cuyas primeras 4 líneas estarán disponibles en los próximos días.

Este paquete inicial de financiación está enfocado en apoyar al segmento mipyme en procesos de modernización, adopción de prácticas sostenibles, internacionalización, y el crecimiento de las empresas lideradas por mujeres.

Se trata de las líneas Mipymes Competitivas; Internacionalización para la Productividad; Mujeres Empresarias y Sostenible Adelante.

Estas nuevas opciones de financiamiento le apuestan al mejoramiento de la competitividad a partir de la innovación, las tecnologías de la información, las herramientas de la industria 4.0 y la virtualización y digitalización de procesos.

También, le apuntan a la internacionalización a través del acompañamiento a las mipymes con potencial de exportación, en todas las etapas de su proceso, y a los exportadores que necesiten financiar sus operaciones.

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña Mendoza, destacó que “con estos recursos fortalecemos nuestra apuesta por la internacionalización y la reindustrialización de las mipymes. En el Gobierno del Cambio tenemos la convicción de que es fundamental brindar financiación en condiciones favorables a los microempresarios para que mejoren su competitividad y sigan contribuyendo al crecimiento de la matriz productiva del país”.

Por su parte, el presidente de Bancóldex, Javier Díaz Fajardo, aseguró que Bancóldex sigue actuando para apoyar al tejido empresarial colombiano. “En la pandemia lo hicimos con el portafolio de líneas Colombia Responde y luego, en la reactivación, con las líneas Adelante. Hoy llegamos con la familia Colombia se Reactiva, con la que esperamos movilizar medio billón de pesos en líneas de crédito para las mipymes del país”.

Estas líneas de crédito contarán con condiciones favorables y plazos adecuados, con la posibilidad de que las mipymes hagan uso de las garantías ofrecidas por el Fondo Nacional de Garantías.

Estas son las principales características de las líneas:

Línea Mipymes Competitivas: con esta línea de crédito, de aproximadamente $190.000 millones de pesos, las mipymes podrán invertir en su modernización para aumentar su productividad, con plazos de entre 2 y hasta 5 años y periodos de gracia de hasta 12 meses.

Línea Mujeres Empresarias: con esta línea, que suma $30.000 millones de pesos, las empresas lideradas por mujeres podrán acceder a crédito con un plazo de hasta 5 años y periodos de gracia de hasta los 6 meses.

Línea Internacionalización para la Productividad: esta línea de crédito de aproximadamente $60.000 millones de pesos, financiará los planes de internacionalización y de posicionamiento de la oferta exportable, en pesos y dólares. Con plazo de hasta 5 años, dependiendo de su tamaño, con periodos de gracia de hasta 12 meses.

Línea Sostenible Adelante: con los recursos de esta línea, que alcanzan los $60.000 millones de pesos, las mipymes podrán financiar proyectos relacionados con economía circular, bioeconomía, adaptación y mitigación del cambio climático; y transición energética. Los plazos van hasta los 5 años, con periodos de gracia de hasta 6 meses.

La primera versión de estas líneas, que fue puesta en marcha en 2023, brindó soluciones de financiación a más de 5.000 empresarios por más de 500.000 millones de pesos.