Este 20 de noviembre se llevó a cabo el diálogo con los ponentes y coordinadores de las Comisiones Económicas Conjuntas de Senado y Cámara de Representantes.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, expuso una serie de modificaciones del proyecto de Ley de Financiamiento, para la elaboración de la ponencia que debe ser radicada para iniciar debate en el Congreso de la República.

Entre los ajustes presentados, se anunció el retiro de todas las medidas relacionadas con combustibles, uno de los puntos que mayor discusión había generado, y, además, se reafirmó la continuación de la progresividad en la renta.
Otro cambio significativo, fue la reducción del impacto propuesto para los impuestos al tabaco y cerveza, que pasó de una proyección de $7,8 billones a $3,1 billones. Este ajuste busca proteger a los consumidores y reducir los efectos sobre estos productos y confirmó la eliminación del impuesto a la boletería.

Durante la sesión, también se discutió el tema del IVA para vehículos híbridos. El ministro Ávila señaló que “vamos a ajustar el tema y nos vamos a concentrar en aquellos que tienen un alto componente de combustión”, dejando claro su interés de llegar a un consenso, sin embargo, la medida aún se encuentra en proceso de evaluación.

Finalmente, el ministro de Hacienda recalcó que el proyecto presentado hoy, tras estas modificaciones, abre un panorama positivo para dar paso al debate con las demás comisiones.

A pesar de este anuncio, desde el Congreso se conoció que la ponencia de archivo de la ley de financiamiento tiene respaldo mayoritario en las comisiones económicas.

La Superintendencia de Sociedades aclaró que, sobre la supuesta obligatoriedad del Reporte de Sostenibilidad, este informe sigue siendo de carácter voluntario para las sociedades vigiladas y no se ha contemplado generar algún cambio al respecto. Así lo establece la Circular Externa 100-000010 del 21 de noviembre de 2023, que incluye el Capítulo XV de la Circular Básica Jurídica.

Dicho capítulo contiene recomendaciones administrativas de aplicación voluntaria, orientadas a que las empresas que decidan reportar lo hagan bajo parámetros estandarizados en las dimensiones ambiental, social, de gobernanza, económica y financiera, como parte de su compromiso con la transparencia y la sostenibilidad empresarial.

Al respecto, el Superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez declaró, “Queremos dar tranquilidad a los empresarios. El Reporte de Sostenibilidad no es obligatorio y tampoco requiere la contratación de empresas externas. Hemos dispuesto un aplicativo intuitivo, sencillo y seguro para que cada sociedad pueda diligenciar su información directamente, sin generar gastos adicionales. Desde la Superintendencia realizamos capacitaciones permanentes para acompañar al sector empresarial y promover prácticas sostenibles alineadas con el compromiso que las compañías tienen con el país y con sus grupos de interés”.

Por medio del Concepto 279 del 14 de noviembre de 2025, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, CTCP, dio trámite a una consulta sobre la conservación y disposición de documentos.

Para conocer el Concepto 272, haga clic aquí.

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública, CTCP, emitió el Concepto 272 del 14 de noviembre 11 de 2025, por el cual se responde a una consulta sobre el tratamiento contable en fusión por absorción.

Para conocer el Concepto 272, haga clic aquí.

El presidente Gustavo Petro y la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas, firmaron el Decreto 1197 del 14 de noviembre de 2025, que establece un arancel cero para 10 subpartidas de hilados sintéticos y de algodón que son materia prima esencial para la producción textil, de confecciones.

Esta medida estratégica busca fortalecer la industria nacional del Sistema Moda, dinamizar la generación de empleo y promover la formalización en uno de los sectores más relevantes de la economía colombiana. Si bien estos insumos cuentan con registro de producción nacional, la industria enfrenta actualmente un desabastecimiento en estas 10 subpartidas. Esta situación es producto de la tensión en la demanda global y de la creciente presión del comercio internacional, caracterizado por la importación masiva de bienes finales a precios reducidos.

En consecuencia, el Gobierno del presidente Gustavo Petro adoptó esta decisión, la cual estará vigente por el término de un año y aplicará únicamente para los países con los que Colombia no tiene un acuerdo comercial vigente.

La Ministra explicó que los sectores textil, de confecciones y calzado se caracterizan por su gran capacidad de generar empleo formal, especialmente para las mujeres. Por lo tanto, es imperativo que, a través de la política pública, se adopten mecanismos que apoyen la producción nacional de manera permanente y que, además, impulsen una competencia en igualdad de condiciones frente al producto final importado.

Este decreto envía un mensaje claro y positivo a un sector que es un motor fundamental para la Economía Popular y la generación de empleo local. La medida beneficia a 72.000 empresas de confecciones del país y protege aproximadamente 1,5 millones de empleos directos e indirectos, cifra que asciende hasta 2,5 millones del Sistema Moda en toda su estructura ampliada.

Los principales impactos de esta medida serán:
Desincentivo al contrabando técnico y abierto: la reducción a cero de los aranceles desincentivará de manera contundente las prácticas de contrabando, creando un entorno de competencia más equitativo para los productores nacionales.

Mayor competitividad: la medida permitirá que el sector de confecciones colombiano sea más competitivo frente a las plataformas y el comercio electrónico, facilitando la expansión y el acceso a nuevos mercados para las empresas locales.

Incremento en la formalización e ingresos fiscales: se prevé que el Estado percibirá mayores ingresos por impuestos, gracias a una mayor formalización del sector de confecciones y de todo el Sistema Moda. Esto, a su vez, generará más empleo digno y estable para miles de colombianos.

Optimismo y confianza para la inversión: este impulso gubernamental devolverá el optimismo y la confianza para la inversión en el sector, atrayendo capital y fomentando el crecimiento de nuevas iniciativas empresariales.

El Departamento Administrativo de la Función Pública, emitió el Decreto 1224 del 14 de noviembre de 2025, por el cual se modifica el artículo 2.2.1.3.6 del Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con la jornada laboral mediante el sistema de turnos.

Para conocer el Decreto 1224, haga clic aquí.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la Fiscalía General de la Nación llevarán a cabo este 18 y 19 de noviembre, una nueva jornada para avanzar en la culminación de procesos penales abiertos a 22.375 recaudadores que retuvieron valores por impuestos como IVA, Retención en la Fuente e Impuesto al Consumo y no los trasladaron a la autoridad tributaria.

“6.000 de estos contribuyentes serán citados en sedes de la Fiscalía General de la Nación en todo el país. De manera paralela, citaremos en nuestras sedes DIAN a 16.375 personas cuya cartera asciende a $1,2 billones, originada en impuestos que fueron retenidos o cobrados a los ciudadanos, pero no entregados al Estado. Todos ellos tendrán la oportunidad de pagar la totalidad de la deuda, formalizar acuerdos, aplicar recursos embargados y regularizar su situación antes de que los procesos penales escalen", afirmó Carlos Emilio Betancourt Galeano, director general (e) de la DIAN."

Esta acción conjunta con la Fiscalía General tiene el propósito de darle cierre judicial a los procesos penales que se encuentran abiertos. Para los ciudadanos morosos, la única vía que existe es realizar el pago total de la obligación tributaria. Así, podrán evitar que su caso avance a la etapa prevista en el artículo 402 del Código Penal, el cual establece una pena de prisión de 48 a 108 meses y una multa equivalente al doble de los valores no consignados.

Los ciudadanos citados podrán acercarse a las sedes de la DIAN y la Fiscalía para recibir orientación, realizar pagos totales, aplicar el dinero embargado para descontarlo del valor pendiente y, en los términos que establece la ley, detener el avance de los procesos penales mediante la cancelación total de la obligación en mora.

“El pago no es solo una obligación tributaria; es un acto de respeto frente a los ciudadanos que sí cumplieron. Estos recursos no pertenecían a los morosos, eran impuestos pagados por los ciudadanos y nuestra responsabilidad es recuperarlos", concluyó el director Betancourt.

Quienes no atiendan la citación o no regularicen su situación enfrentarán embargos, inclusión en el boletín de deudores morosos del Estado y la continuidad de los procesos penales hacia sus fases judiciales, según corresponda.

El Ministerio de Hacienda publicó el Decreto 1223 del 14 de noviembre de 2025, por el cual se modifican los artículos 2.6.7.11.1., 2.6.7.11.2., 2.6.7.11.3., 2.6.7.11.4., 2.6.7.11.5. Y 2.6.7.11.6. del Capítulo 11 del Título 7 de la Parte 6 del libro 2 del Decreto 1068 de 2015, Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, que regula la línea de crédito de redescuento con tasa compensada destinada a financiar proyectos y capital de trabajo en el sector energético para eficiencia, generación, comercialización, distribución, transmisión y almacenamiento y de crédito directo con tasa compensada a las entidades territoriales para la ejecución de proyectos energéticos viabilizados

Para conocer el Decreto 1223, haga clic aquí.

Por medio del Decreto 1184 del 8 de noviembre de 2025, el Ministerio de Comercio modifica parcialmente el Arancel de Aduanas para las importaciones de insumos y materias primas del sector confecciones y calzado.

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En el marco de la IV Cumbre CELAC-UE, el Gobierno de Colombia la “Plataforma País para la Inversión y el Desarrollo Sostenible en Colombia”. El acto tuvo lugar en el hotel Hilton en Santa Marta, y fue el ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila Plazas, el encargado de hacer la presentación oficial del proyecto, que es una estrategia para articular la inversión pública y la cooperación internacional.

Entre las entidades que acompañaron la iniciativa se encuentran: Natalia Posso, directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, María Fernanda Rojas, ministra de Transporte, Irene Vélez, ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ruth Quevedo, viceministra encargada de Agua y Saneamiento Básico en Colombia de MinVivienda y el acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en la secretaría técnica.

La presencia de estos representantes institucionales reforzó el apoyo a este proyecto. El ministro de Minas y Energía mencionó un proceso con las comunidades indígenas arwacas para la transición energética, y exaltó la importancia del hidrógeno verde para combatir el cambio climático. Además, mencionó planes de su cartera que podrían ser dinamizados por Plataforma País.

“El agua regula todas nuestras acciones. Hasta para producir paneles solares se necesitan miles de litros de agua”, dijo Ruth Quevedo, viceministra de Agua, reconociendo la importancia del proyecto, en un ámbito donde el 80% de los conflictos actuales se relacionan con el agua.

¿Cuál es el propósito de la Plataforma País?
Posicionar a Colombia como un actor clave en financiamiento climático y desarrollo sostenible regional. Esto, a partir de la movilización de inversiones externas que se alineen a las prioridades y la visión del Gobierno Nacional.

“Nuestra meta es hacer una transición energética justa, proteger la biodiversidad, la infraestructura resiliente y el desarrollo territorial sostenible”, indicó el ministro Ávila, durante la presentación en la Cumbre CELAC-UE, un espacio que fue ideal para formalizar este proyecto y generar alianzas entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea.

Con la Plataforma País, el Gobierno no solo pretende una transición energética técnica, sino que tenga un enfoque de justicia social territorial. De esta forma, Colombia avanzará hacia una economía verde e incluyente.