En su última sesión, la Junta Directiva del Banco de la República decidió por mayoría incrementar en 100 puntos básicos (pbs) la tasa de interés de política monetaria a 11,25%.

Cuatro directores votaron a favor de esta decisión, dos por una reducción de 50 pbs y uno por mantenerla inalterada. En su discusión de política, la Junta Directiva tuvo en cuenta los siguientes elementos:

- La inflación total en enero y febrero se situó en 5,4% y 5,3% respectivamente, por encima del nivel observado al cierre de 2025 (5,1%). Algo similar ocurrió con la inflación básica sin alimentos ni regulados que aumentó a 5,4% y 5,5% en esos mismos meses, superando su registro de diciembre (5,0%). La moderación de la inflación total en febrero obedeció a la caída de la inflación de regulados.
- Las expectativas de inflación total continúan elevadas, aunque muestran un descenso marginal. En el caso de los analistas, para fin de 2026 se redujeron en la mediana de la muestra de 6,4% a 6,3% entre las encuestas de enero y marzo, mientras que para fin de 2027 se mantienen en 4,8%. Las expectativas de inflación a diferentes plazos implícitas en el mercado de deuda mostraron ligeras reducciones en marzo, pero permanecen cercanas al 7,0%.
- Las cifras del DANE en su serie desestacionalizada mostraron un crecimiento del PIB de 2,2% en el cuarto trimestre del año pasado. Para todo el año 2025 el crecimiento económico fue de 2,6%, inferior al 2,9% previsto por el equipo técnico.
- La guerra en Irán compromete el crecimiento y la estabilidad de la economía mundial. Sus efectos para la economía colombiana serían mixtos. De una parte, mejoraría los términos de intercambio gracias al aumento de los precios del petróleo. De otra, encarecería bienes básicos como gas y fertilizantes que el país requiere importar en montos significativos. Esto podría acentuar las presiones inflacionarias para el presente año.

La decisión adoptada por la mayoría de los miembros de la Junta Directiva está encaminada a que la inflación retome una senda decreciente. Las decisiones futuras dependerán de la nueva información disponible.

Con base en la información semanal reportada por los establecimientos de crédito entre las semanas con corte del 27 de febrero al 20 de marzo de 2026, la Superintendencia Financiera, en ejercicio de sus atribuciones legales, expidió la Resolución 0517 de 2026 por medio de la cual se certifica el Interés Bancario Corriente para las siguientes modalidades de crédito:

Crédito de consumo y ordinario

Se certifica en 17,84% efectivo anual para la vigencia entre el 1 y el 30 de abril de 2026, la cual representa un aumento de 83 puntos básicos (0,83%) frente a la vigente en marzo de 2026 (17,01%).

Certificaciones para otras modalidades
Las siguientes certificaciones del Interés Bancario Corriente estarán vigentes entre el 1 y el 30 de abril de 2026.

Modalidad / Efectivo anual

Crédito de consumo de bajo monto 41,81%
Crédito productivo de mayor monto 27,73%
Crédito productivo rural 21,78%
Crédito productivo urbano 38,80%
Crédito popular productivo rural 45,87%
Crédito popular productivo urbano 57,92%

Tasas no certificadas por la SFCbasadas en el Interés Bancario Corriente
El interés bancario corriente es la base para el cálculo del valor máximo de los intereses remuneratorio y moratorio definidos en el Código de Comercio (artículo 884) y para determinar los efectos de la norma sobre usura definida en el Código Penal (artículo 305).

Modalidades de crédito / Interés remuneratorio y de mora / Usura

Crédito de consumo y ordinario / 26,76% / 26,76%
Crédito de consumo de bajo monto / 62,72% / 62,72%
Crédito productivo de mayor monto / 41,60% / 41,60%
Crédito productivo rural / 32,67% / 32,67%
Crédito productivo urbano / 58,20% / 58,20%
Crédito popular productivo rural / 68,81% / 68,81%
Crédito popular productivo urbano / 86,88% / 86,88%

Para conocer la Resolución 0517, haga clic aquí.

El Congreso de la República promulgó la Ley 2570 del 27 de marzo de 2026, por medio de la cual se modifica la ley 270 de 1996, se determina la integración y estructura de la jurisdicción agraria y rural, y se adoptan otras disposiciones.

Para conocer la Ley 2570, haga clic aquí.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) informó que se reactiva el servicio de agendamiento para la gestión de trámites y servicios a través de los canales de atención presencial y de video atención.

La puesta en marcha nuevamente del servicio de agendamiento facilita el acceso de los usuarios a los servicios de la entidad garantizando una atención organizada, segura y eficiente.

Para ingresar al sistema de agendamiento ingrese a https://www.dian.gov.co. Para más información, la ciudadanía puede comunicarse con el Contact Center al número (601) 489 9000.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de la Dirección de Regulación, abrió la discusión pública del proyecto de Decreto por el cual se modifica, actualiza y compila el marco técnico de las Normas de Aseguramiento de la Información del Decreto 2420 de 2015, Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información y se dictan otras disposiciones.

Este proceso abierto se desarrolla con fundamento en el Documento de Sustentación de la Propuesta a los Ministerios de Hacienda y Crédito Público (MHCP), y de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) – sobre la Actualización y Compilación de las Normas de Aseguramiento de la Información” de fecha 14 de octubre de 2025 y el “Anexo Técnico Actualizado y Compilatorio 4-2025 de las Normas de Aseguramiento de la Información” (Anexo 4- 2025 NAI), señalando que: “Para cumplir los requerimientos de la Ley 1314 de 2009 y tras la puesta en discusión pública, y la recepción, evaluación y análisis de los comentarios recibidos sobre la propuesta de actualización y compilación de las Normas de Aseguramiento de la Información, el CTCP recomienda la expedición de un Decreto que modifique el anexo 4-2019 del Decreto Único Reglamentario – DUR 2420 de 2015.”

Acogiendo las recomendaciones del CTCP, el MinCIT considera conveniente y necesaria:

a) La modificación y actualización del “Anexo Técnico Compilatorio y Actualizado 4 - 2019, de las Normas de Aseguramiento de la Información” del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, con las enmiendas y nuevas normas: NIA 220 (Revisada); NIA 315 (Revisada 2019); NIA 540 (Revisada); NIA 600 (Revisada); NISR 4400 (Revisada); NIGC 1; NIGC 2; y el Manual del Código Internacional de Ética para contadores Profesionales versión 2021;

b) La compilación de todas las Normas de Aseguramiento de la Información vigentes en Colombia;

c) La incorporación del nuevo Anexo Técnico en la Sección de Anexos del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, y

d) El señalamiento de la fecha de entrada en vigencia de los nuevos estándares.

La propuesta de decreto, el Anexo Técnico y la Memoria Justificativa Se publica para recibir comentarios de la ciudadanía y los grupos de valor, los cuales podrán remitirse a los correos electrónicos

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. y Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. hasta el 3 de abril de 2026, de acuerdo con lo establecido en el numeral 8 del artículo 8 de la Ley 1437 de 2011 y los artículos 2.1.2.1.14 y 2.1.2.1.21. del Decreto 1081 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Presidencia de la República.

Conozca el proyecto de decreto haciendo clic aquí.

La DIAN publicó el proyecto de resolución que establece las condiciones para la transmisión de facturas electrónicas en casos de reconocimiento voluntario del incumplimiento de la obligación formal de facturar, en desarrollo de lo dispuesto en artículo 5 del Decreto Legislativo 0240 de 2026.

La entidad recibirá comentarios, observaciones y sugerencias sobre el proyecto de Resolución hasta el 06 de abril de 2026, a través del siguiente buzón: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Para conocer el proyecto de resolución, haga clic aquí.

En cumplimiento de una orden de la Corte Constitucional, el número de semanas de cotización requeridas para la pensión de las mujeres en Colombia será redujo a partir del 1.º de enero de 2026.

En el Régimen de Prima Media (RPM), administrado por Colpensiones, se disminuirán 50 semanas, por lo que las mujeres podrán pensionarse con 1.250 semanas, en lugar de las 1.300 exigidas actualmente.

A partir de 2027, este requisito continuará reduciéndose en 25 semanas por año hasta alcanzar un total de 1.000 semanas.

En el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), administrado por fondos privados, la reducción será de 15 semanas anuales en el requisito para acceder a la Garantía de Pensión Mínima. De esta forma, desde 2026 se exigirá un mínimo de 1.135 semanas, frente a las 1.150 actuales.

Desde 2027, este umbral también disminuirá progresivamente en 15 semanas por año, hasta llegar a 1.000 semanas.

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública, CTCP, publicó el Concepto 026 del 16 de marzo de 2026, referente a los Revisores Fiscales y sus Inhabilidades.

Para conocer el Concepto 026, haga clic aquí.

El Pacto por el Crédito, acuerdo concertado en septiembre de 2024 entre el Gobierno nacional y las entidades financieras, concluyó su implementación con un cumplimiento del 94,9 % de la meta de desembolsos, consolidándose como un instrumento de articulación público-privada que permitió impulsar el acceso al crédito y fortalecer sectores estratégicos de la economía.

Durante los 18 meses de implementación —entre septiembre de 2024 y febrero de 2026— el programa acumuló desembolsos por COP 241,6 billones frente a una meta establecida de COP 254,7 billones. En este periodo se desembolsaron 36,4 millones de créditos, con una tasa de interés promedio ponderada del 15,5 % efectivo anual.

Resultados por sectores priorizados
El análisis por los sectores que fueron priorizados durante el programa evidencia un desempeño diferenciado. En el sector vivienda e infraestructura el cumplimiento de la meta fue del 125,8 %, en el de turismo del 100,8 % y en el agropecuario del 93,5 %. Por otro lado, en economía popular se alcanzó el 89,2 % y en manufactura y transformación energética el 87,5 %.

Las tasas de cumplimiento (87,5 % – 125,8 %) reflejan aumentos significativos del crédito en sectores con alto impacto económico: manufactura (capaz de producir bienes transables y de hacer innovación para diversificación exportadora), transición energética (motor de eficiencia y reducción de emisiones), vivienda e infraestructura (intensivos en empleo y con fuertes encadenamientos productivos), agropecuario (crucial para la seguridad alimentaria y mejorar el ingreso rural) y turismo (potencial de desarrollo, equidad interregional y mejoramiento de calidad de vida).

Distribución por tipo de receptor
Del total de COP 241,6 billones desembolsados durante el Pacto por el Crédito, COP 23,6 billones se destinaron a créditos para microempresas (9,8 % del total), COP 21,2 billones a empresas medianas (8,8 %) y COP 15,5 billones a empresas pequeñas (6,4 %). Se entregaron además COP 59,2 billones en créditos para personas naturales (24,5 %).

En conjunto, estos resultados demuestran que el 49,5 % del total desembolsado en el marco del Pacto se orientó a micro, pequeñas y medianas empresas y a personas naturales, mientras que el 50,5 % restante correspondió a créditos para grandes empresas. En el caso del crédito para el sector agropecuario, el 66 % de los desembolsos se destinó a créditos para micro, pequeñas y medianas empresas y para personas naturales.

Crédito asociativo y economía popular
Las entidades financieras impulsaron el crédito asociativo —especialmente en el sector agropecuario— combinando financiamiento con asistencia técnica, formación, comercialización, gestión de riesgo y articulación con gremios y actores locales. Estas acciones beneficiaron a productores agroindustriales pequeños y medianos, asociaciones, microempresarios y caficultores, entre otros.

En cuanto a la economía popular, los bancos ofrecieron líneas de bajo monto apoyadas en canales digitales y presencia territorial. Estas iniciativas incluyeron en muchos casos módulos de educación financiera y alianzas con el sector público para ampliar cobertura, fortalecer capacidades empresariales y mejorar el acceso al financiamiento, con énfasis general en la inclusión financiera de pequeñas unidades productivas.

De esta manera culmina la aplicación del Pacto por el Crédito, una estrategia de coordinación que mejoró la disponibilidad de financiamiento logrando la profundización en el crédito productivo y el apalancamiento de sectores estratégicos de la economía nacional.

Por medio del Concepto 020 del 16 de marzo de 2026, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, CTCP, respondió a una consulta sobre los libros de contabilidad, libros auxiliares y Revisor Fiscal.

Para conocer el Concepto 020, haga clic aquí.

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