El Gobierno Nacional y el Congreso de la República dieron un paso decisivo hacia la aprobación del Presupuesto General de la Nación 2026, fijado en $546,9 billones, tras un proceso de concertación que permitió construir acuerdos y consensos en torno al proyecto.

La decisión se tomó en el marco de las Comisiones Económicas Conjuntas del Congreso donde la representante Olga Lucía Velásquez, presentó la ponencia que obtuvo una respuesta positiva.

El ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila, destacó que este avance refleja un momento positivo en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. “Lo que hemos logrado es un escenario de acuerdos y consensos entre el Congreso de la República y el Gobierno Nacional, que nos permite dar un paso significativo para la aprobación del presupuesto”, afirmó.

Ávila subrayó que las modificaciones solicitadas fueron producto de un diálogo abierto con los congresistas y contaron con el acompañamiento del presidente Gustavo Petro, quien estuvo informado de cada ajuste. “El Gobierno estimuló que ese espacio de consenso se diera, y podemos decir que este es un momento dulce de la relación entre el Congreso y el Gobierno”, añadió.

El presupuesto aprobado contempla una fuente de financiación adicional de $16,9 billones que será discutida bajo una Ley de Financiamiento, la cual tendrá su propio espacio de debate en el Congreso.

En cuanto a la eliminación de algunos artículos sugeridos, el ministro aseguró que, dichas decisiones fueron tomadas en común acuerdo y no comprometen la estabilidad económica ni financiera del país. Es decir, no afectan estructuralmente la operación económica del Gobierno y permiten un margen de trabajo continuo.

La Secretaría de Hacienda entregó un balance del pago del impuesto de Industria y Comercio. Señaló la entidad que el 92,7 % de los contribuyentes ya cumplió, lo que equivale a 22.025 personas y empresas.

Asimismo, contactará a 1.726 contribuyentes que incumplieron con el pago del tercer bimestre (mayo-junio de 2025) del impuesto de Industria y Comercio (ICA), cuyo plazo venció el 15 de agosto. Esta deuda supera los $15 mil millones.

“Contactaremos a los contribuyentes que tienen deudas correspondientes al tercer bimestre del ICA. Estos recursos, que suman más de 15 mil millones de pesos, son fundamentales para seguir ejecutando proyectos que la ciudad necesita. Para realizar el pago, deben ingresar al botón Pagos Bogotá y en caso de tener alguna duda, pueden utilizar los canales de atención de la Secretaría de Hacienda, donde les brindarán la información indicada para cada caso”, señaló Luis Fernando Granados, director de Cobro de la entidad, quien también agradeció a los 22.025 contribuyentes que cumplieron oportunamente con Bogotá.

¿Quiénes deben pagar el impuesto de Industria y Comercio (ICA) bimestralmente?
Las personas naturales, jurídicas y sociedades cuyo impuesto a cargo en la vigencia 2024 haya superado los $18.402.415. Para este año, 23.751 contribuyentes deben pagar bajo esta modalidad.

¿Dónde están los principales morosos del impuesto de Industria y Comercio (ICA) del tercer bimestre de 2025?
La mayor concentración de contribuyentes en mora se registra en las localidades de Chapinero, Usaquén, Kennedy, Suba y Barrios Unidos.

A través del Concepto 239 del 22 de septiembre de 2025, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, CTCP, dio respuesta a una consulta sobre la idoneidad del C.P. en los trabajos de auditoría de información financiera y contable y EE.FF.

Para conocer el Concepto 239, haga clic aquí.

El Ministerio de hacienda publicó para comentarios el proyecto de decreto “Por el cual se modifica el Decreto 1068 de 2015 en lo relacionado con el régimen prudencial y de operaciones de las cooperativas de ahorro y crédito y las cooperativas multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito de categoría plena e intermedia y, el fondo de liquidez de las cooperativas de ahorro y crédito y las cooperativas multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito de categoría plena y de los fondos de empleados de categoría plena”.

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La DIAN emitió la Resolución 227 del 23 de septiembre de 2025, por la cual expide la resolución Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria en lo de competencia de la DIAN.

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El Consejo Técnico de la Contaduría Pública, CTCP, publicó el Concepto 240 del 19 de septiembre de 2025, por el cual da sus apreciaciones sobre una consulta acerca del Requisito de EEFF certificados en contratación pública.

Para conocer el Concepto 240, haga clic aquí.

Por medio del Concepto 255 del 19 de septiembre de 2025, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, CTCP, dio respuesta a una consulta elevada ante la entidad sobre la Forma de llevar la contabilidad.

Para conocer el Concepto 255, haga clic aquí.

El Ministerio de Hacienda publicó para comentarios el proyecto de decreto por el cual se modifica el Decreto 1068 de 2015, en lo relacionado con las normas prudenciales, reclasificación y régimen de operaciones de los Fondos de Empleados.

Para conocer el proyecto de decreto, haga clic aquí.

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública, CTCP, publicó el Concepto 231 del 18 de septiembre de 2025, por medio del cual responde a una consulta referente al tratamiento contable de intangibles.

Para conocer el Concepto 231, haga clic aquí.

El Gobierno adjudicó el contrato de arrendamiento de la Zona Franca de Palmaseca, en el Valle del Cauca, convirtiéndose en la primera zona franca del país que incorpora dentro de su modelo de operación al sector de la Economía Popular.

En los últimos meses se adelantaron varios procesos sin éxito, lo que había impedido garantizar la continuidad de esta zona franca estratégica para el desarrollo económico y productivo del país.

La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Morales, destacó: “Al asumir el Ministerio, nos encontramos con un panorama desafiante: seis procesos fallidos de adjudicación para la Zona Franca de Palmaseca. Tras innumerables intentos sin recibir oferta alguna, lo que comprometía seriamente su continuidad, logramos, bajo la dirección del Presidente Petro, revertir esta crítica situación en el último proceso”.

El modelo adjudicado introduce un enfoque innovador que fomenta activamente la participación de micro, pequeñas y medianas empresas e impulsa encadenamientos productivos que dinamizan el tejido empresarial. Además, genera oportunidades concretas para que negocios, micronegocios, mipymes, el sector asociativo, cooperativo y los emprendimientos de la Economía Popular accedan a nuevas vías de crecimiento, integrándose plenamente a las cadenas de valor.

Para el desarrollo del proceso se solicitó el acompañamiento preventivo de los órganos de control y se acogieron recomendaciones de la Contraloría General de la República y del Consejo de Estado, garantizando transparencia y seguridad jurídica.