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El concepto de impacto fiscal de la ponencia para segundo debate, del proyecto de ley de reforma pensional, emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, manifiesta que la iniciativa permite alcanzar los objetivos propuestos por el Gobierno Nacional como son: mejorar la sostenibilidad, la cobertura y la suficiencia que implica una pensión digna para las y los trabajadores colombianos y una mayor equidad.

Para la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez Ríos, el concepto fiscal es un respaldo contundente a un trabajo juicioso y responsable entre todos los sectores económicos, expertos y academia.

“Es muy importante resaltar el mensaje de responsabilidad fiscal y buen diseño técnico que esta propuesta de reforma trae consigo. Las y los colombianos pueden estar tranquilos sobre la sostenibilidad fiscal que plantea. El Ministerio de Hacienda en su concepto así lo manifiesta. La viabilidad fiscal de la reforma pensional respalda la sostenibilidad de esta iniciativa”, puntualizó la Ministra.

El concepto del Ministerio de Hacienda es claro al resaltar que:

“La implementación de la propuesta de reforma consistente con las disposiciones del articulado de la ponencia para segundo debate, implicaría un impacto fiscal neto que se acoge a las posibilidades financieras de la Nación, en el marco de las restricciones fiscales actuales y proyectadas. Todas las consideraciones incluidas son fiscalmente factibles, manteniendo la sostenibilidad del Sistema de Protección a la Vejez y de las finanzas públicas en el largo plazo, de modo que pueden incorporarse en la planeación financiera del Gobierno Nacional, en línea con las restricciones presentadas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) y en estricto cumplimiento de la regla fiscal”.

El mencionado concepto también ratifica lo que el Gobierno del Cambio ha planteado en todos los escenarios, que es la mayor cobertura en protección integral a la vejez que la propuesta ofrece. Esta mayor cobertura es generada por el esquema de pilares y los elementos progresistas que incorpora, entre los que están:

a) La protección a toda la población mayor de 60 años mujeres y 65 años hombres, que se encuentren en condiciones de extrema pobreza y vulnerabilidad, recibirán una renta correspondiente, al menos al umbral de pobreza extrema (aproximadamente $223.000 para el año 2024).

b) La población que será objeto del pilar semicontributivo, que corresponde a población que cotizó al sistema contributivo, al menos 300 semanas y que no logra el mínimo de semanas necesarias para la pensión, recibirá una renta vitalicia subsidiada, que será un ingreso permanente en la vejez.

También, la reforma propuesta plantea en el artículo 75 la creación de una Comisión Técnica de Protección Social Integral para la Vejez que monitoree y haga seguimiento al gasto fiscal en pensiones, entre otras funciones, de forma que se podrán hacer los ajustes necesarios periódicamente para impedir que situaciones de alto impacto puedan llegar a presentarse.

El concepto fiscal muestra un aumento al año 2100 del pasivo pensional de la Nación, correspondiente a 40 puntos del PIB aproximadamente.

“Este costo adicional debe ser analizado a la luz de un importante aumento de cobertura en protección a la vejez, de un impacto social mayor y sobre todo, del alto impacto económico que va a generar el que las y los colombianos mayores tengan unas pensiones equitativas, suficientes y subsidios dignos para esta población extremadamente pobre y vulnerable”, subrayó la Ministra del Trabajo.

Adicional, es importante señalar que en el escenario actual el gasto al que se expone la Nación si no se hace la reforma y por consiguiente el monto del pasivo pensional, no solamente corresponde a las obligaciones pensionales que se puedan generar con la población beneficiaria del Régimen de Prima Media, administrado por Colpensiones, sino que debe contemplar también la presión que genera en el sistema los traslados de los afiliados de los fondos privados hacia Colpensiones, así como la carga fiscal que compromete al Estado, por cuenta del Fondo de Garantía de Pensión Mínima, hoy administrado por los fondos privados.

Para beneficiar a las doce comunidades que conforman el Resguardo Indígena Kankuamo, de la Sierra Nevada de Santa Marta, se está capacitando en seguridad y salud en el trabajo a 100 familias de esta población.

El viceministro de Empleo y Pensiones, Iván Daniel Jaramillo, quien visitó el resguardo, en el municipio de Atanquez, Cesar, anotó: “estamos aquí para explorar y compartir las mejores alternativas en materia de extensión y garantía de protección social del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo y todo el ámbito de estándares del trabajo decente”.

En la actividad convocada por la Dirección de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo y la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo del sector agropecuario, se realizó en simultáneo una feria de servicios con entidades del orden Nacional.

Durante la iniciativa, que se adelantó en el salón de la comunidad conocido como: “Oscar Carillo Luquez”, del municipio de Atanquez, participaron trabajadores del sector panelero, mujeres artesanas, trabajadores de productos pan coger, de los cabildos menores del Resguardo Indígena Kankuamo.

En Colombia, según el último reporte el número de trabajadoras y trabajadores afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales es de 12.4 millones, cifra que aumentó con respecto a 2021 cuando fue de 11.4 millones.

Desde la pandemia por la COVID-19 en 2020 se han venido afiliando por año, en promedio 1 millón de nuevos trabajadores.

Las empresas también registran un aumento al pasar de 1 millón 15.000 en 2021 a 1 millón 81.000 en 2022 es decir, 66 mil nuevas compañías se vincularon al Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL), que confirman la efectividad del sistema robusto con el que el Gobierno del Cambio continúa trabajando por el bienestar integral de las y los trabajadores.

Para promover, generar y proteger el empleo formal en Colombia, el Gobierno del Cambio presenta la estrategia “Empleo para la vida”, a través de la cual se entregarán incentivos a los empleadores que generen nuevos puestos de trabajo.

“El artículo 79 del Plan Nacional de Desarrollo establece el incentivo para la creación y permanencia de nuevos empleos formales como iniciativa que permitirá mantener la cifra de desempleo en un dígito y facilitará el ingreso al mercado laboral de las y los jóvenes que inician su vida productiva, con la financiación de pagos de seguridad social y parafiscales”, precisó la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez Ríos.

Las y los empleadores naturales o jurídicos, consorcios, uniones temporales y patrimonios autónomos obligados a declarar renta pueden acceder a los beneficios del fomento a la generación de nuevos empleos:

25 % de un salario mínimo legal vigente por cada trabajador adicional que se encuentre en el rango de 18 a 28 años
15 % de un SMLMV cuando sea mujer mayor de 28 años y que devengue hasta 3 SMLMV
10 % de un SMLMV si se trata de hombre mayor de 28 años que devengue hasta 3 salarios mínimos
“Un empleador que contrató trabajadores en mayo y a la fecha lo mantiene vinculado, puede postularse en noviembre y recibir el incentivo por mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre. Es decir, por esos seis meses se le reconocerá $1’740.000 si vinculó a un jóven; $1’044.000 por cada mujer contratada y $696.000 por hombres”, explicó la directora de Generación y Protección del Empleo y Subsidio Familiar, Mónica Naranjo Londoño.

Postulación
Se tendrá en cuenta que la empresa que se postule al incentivo genere un nuevo empleo formal por un tiempo mínimo de seis meses.

Los documentos requeridos para acceder al beneficio son:

Formulario de solicitud de la entidad financiera, firmado por empleador/a, representante legal. Aplica también para el caso de las cooperativas.
Certificación firmada por empleador/a, representante legal, contador/a o revisor fiscal, que indique estar al día en salarios y pagos de seguridad social de trabajadores.
RUT
Contrato laboral mínimo de 6 meses.

Datos
El Gobierno Nacional rediseña los incentivos de este programa, define las poblaciones beneficiarias, montos y mecanismos para otorgarlo, flexibilizando según las circunstancias cambiantes y los resultados de evaluación.

La estrategia busca el constante decrecimiento de las cifras del mercado laboral de acuerdo con la tasa de desocupación del 9,3 % de agosto de 2023, lo que representó una baja de 1,4 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2022 que fue de 10,6 %.

La ministra del Trabajo Gloria Inés Ramírez Ríos, fue enfática al explicar que la reforma pensional que está lista para su segundo debate en el Congreso de la República, no busca aumentar la edad de pensión.

“ Esta reforma no tiene nada que ver con las edades de pensiones, ni con el ingreso básico de liquidación. La reforma tiene un artículo con el que creamos una comisión de economistas para que cada 4 años le den un reporte claramente al Congreso de la República y al señor Presidente en torno al monitoreo que hacen del sistema, y a las recomendaciones que se hagan en su momento”, puntualizó la jefa de la cartera laboral.

La ministra explicó además qué dentro de 15 años se espera realizar un ajuste en los parámetros del sistema pensional.

“Tenemos hasta 15 años para hacer cambios en los parámetros pensionales, pero en este gobierno esto no se hará”, aseguró, Gloria Inés Ramírez.

La reforma pensional que fue radicada el pasado 22 de marzo y mantiene el sistema de pilares, entre ellos un pilar subsidiado que busca entregar una renta a cerca de 3 millones de adultos mayores.

La titular de la cartera laboral entregó estas declaraciones durante la audiencia pública sobre el proyecto de reforma pensional que se adelantó en el Congreso de la República.

Para acceder a mejores ingresos y lograr estabilidad económica el Ministerio del Trabajo habilita las postulaciones para la cuarta convocatoria del programa ‘Saber Hacer Vale’ con 15 normas de competencia laboral en las cuales colombianas, colombianos y migrantes, podrán certificarse.

Los participantes podrán certificar sus competencias en servicios de salud, procesamiento de alimentos, turismo, mercadeo, seguridad y vigilancia privada, servicios ambientales, artesanías, agro, educación, entre otros.

El coordinador General del Programa para Fortalecer Políticas de Empleo y secretario General de la cartera laboral, Guillermo Andrés Rojas, destacó: “todas las habilidades y conocimientos adquiridos a lo largo de su vida podrán ser reconocidos con este Programa, que cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, la Fundación Alberto Merani y el SENA”.

La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, explicó que en esta 4ta convocatoria podrán participar y acceder a los cupos disponibles: “las madres o padres cabeza de hogar, cuidadoras, jóvenes entre 18 y 28 años, también grupos poblacionales con enfoque étnico, población LGBTIQ+, mayores de 60 años, migrantes, retornados y personas con Sisbén A, B o C; porque queremos abarcar en un corto tiempo la totalidad del territorio nacional”.

La anterior convocatoria logró ampliar la cobertura de los participantes nacionales y migrantes, impactando a 4.430 personas en 30 departamentos del país, de las cuales 3.289 son mujeres, lo que corresponde al 74% y 1.487 personas que hacen parte de población migrante.

La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez Ríos, se reunió con la organización Aliadas, que agrupa a 37 gremios de la producción, con 7 mil empresas y que generan 5 millones de empleos formales y expuso ante sus representantes, algunos detalles del proyecto de ley de reforma laboral y escuchó propuestas para mejorar la iniciativa, entre ellas la creación de mesas técnicas en el sector gastronómico, de minería y servicios.

“Este es un proceso de mejoramiento dentro de la construcción que llevamos de la reforma laboral, hemos abierto una puerta importante desde el punto de vista de aceptar nuevas propuestas, que nos permitan que efectivamente Colombia avance hacia un país de derechos”, aseguró la ministra del Trabajo.

Para la presidenta de la Alianza de Asociaciones y Gremios (Aliadas), María Claudia Lacouture, es necesario trabajar de la mano con el Gobieno Nacional para llegar a consensos que permitan la construcción de una reforma laboral que le sirva a todos los colombianos y colombianas.

“Tenemos totalmente claro que hay una necesidad de trabajo conjunto, de consenso, de lograr entre los acuerdos y desacuerdos, trabajar de la mano entre el sector público y privado, para lograr sacar adelante la mejor reforma laboral para todos los colombianos”, subrayó Lacouture.

La semana pasada, Aliadas dio a conocer los resultados de un estudio para abordar la informalidad y promover la formalización laboral en el país y resalta la importancia de incentivos para la formación y capacitación, estímulos al ahorro, nuevas formas de vinculación y fomento al emprendimiento, estabilidad laboral y autogestión del tiempo, entre otros.

La titular de la cartera del Trabajo, recientemente se reunió con las principales centrales obreras como la CUT, CTC, CGT y las confederaciones de pensionados para exponer las bases de la reforma laboral y se han adelantado importantes acercamientos con Fedegán, Fensuagro y representantes de las plataformas digitales de reparto.

El próximo 16 de julio empieza la aplicación de la Ley 2101 de 2021, por medio de la cual se reduce la jornada máxima laboral semanal de manera gradual, sin disminuir el salario, ni afectar los derechos adquiridos y garantías de los trabajadores; es decir, se podrá laborar hasta 47 horas semanales.

La ley modificó el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo y establece la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo de 42 horas a la semana. Actualmente, se hace referencia a la jornada de 48 horas.

El cambio será de manera gradual así: desde el próximo 16 de julio de 2023, una hora; desde el día 16 de julio del año 2024, será de 46 horas; en el día 16 de julio del año 2025, pasará a 44 horas y finalmente, a partir del 16 de julio de 2026, será de 42 horas semanales máximas.

La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez Ríos, precisó: “No es perjudicial para aquellos empleadores que quieran acogerse de forma anticipada a la reducción de la jornada máxima propuesta por la norma y se recuerda, que la reducción de jornada no implica una disminución salarial”.

La ley 2101 de 2021 se refiere a la jornada laboral máxima de los trabajadores y trabajadoras del sector privado, es decir, a las personas naturales que han suscrito contratos laborales con empresas privadas y

no aplica para las y los servidores públicos salvo los que trabajen en empresas del Estado y cuyas relaciones laborales se rijan por el Código Sustantivo del Trabajo.

“Esta ley tampoco afecta o modifica las jornadas laborales inferiores de trabajadores con horarios especiales, como la de menores de edad que trabajan con contrato laboral y con permiso del Ministerio de Trabajo”, explicó el viceministro de relaciones laborales e inspección, Edwin Palma.

Esta ley permite que Colombia se acerque a los estándares internacionales y a lo recomendado por la Organización Internacional del Trabajo, dará más tiempo libre a los trabajadores y trabajadoras y, mejorará la productividad en las empresas.

Aumenta valor de la hora diaria
La disminución de la jornada máxima laboral implica, el aumento del valor de la hora diaria, toda vez que, por menos tiempo laborado, el trabajador continuará devengando la misma remuneración.

Los empleadores deben realizar el cálculo del nuevo valor de la hora de trabajo para liquidar el valor de las horas extras y los recargos nocturnos, dominicales y festivos, respetando siempre el principio de favorabilidad.

El viceministro Palma Egea, reiteró: “Cualquier duda sobre el particular, podrá ser atendida a través de nuestras inspecciones laborales disponibles en todo el territorio nacional”.

Dato
La reducción de la jornada laboral y su aplicación se seguirá teniendo en cuenta en la iniciativa de reforma laboral, que se presentará nuevamente al Congreso de la República.

Tras más de 10 horas de discusiones en la comisión séptima del Senado de la República, fue aprobada con 7 votos a favor la ponencia positiva del proyecto de ley “Cambio por la Vejez”, que busca unificar el sistema pensional en Colombia, fortalecer a Colpensiones y otorgar una renta mensual de $223.800 a cerca de 3 millones de adultos mayores.

Para la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez Ríos, esta iniciativa debe ser un acto de justicia social con las y los colombianos que no tienen la posibilidad para acceder a una pensión.

La ponencia que se discute en el congreso está basada en el sistema de pilares, pilar solidario, semicontributivo, contributivo y de ahorro individual.

Uno de los puntos de mayor debate es el pilar contributivo donde los colombianos deberán cotizar hasta 3 salarios mínimos en Colpensiones y el restante pasará a los fondos privados.

El próximo martes 13 de junio, continuará el debate del articulado del proyecto de ley en la comisión séptima de senado.

El número de trabajadores afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales aumentó de 11.4 millones en 2021 a 12.4 millones en 2022, es decir, que hay 1 millón más de trabajadores nuevos afiliados al sistema.

Desde la pandemia por la COVID-19 en 2020 se han venido afiliando por año, en promedio 1 millón de nuevos trabajadores y las empresas también registran un aumento, pasando de 1.015.000 en 2021 a 1.081.000 en 2022 es decir, 66 mil nuevas compañías se vincularon al Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL), que confirman la efectividad del sistema robusto con el que este Gobierno del Cambio continúa trabajando por el bienestar integral de las y los trabajadores.

Precisamente, el Ministerio del Trabajo participa en la XVII Feria internacional de Expoconstrucción y Expodiseño 2023 con la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo promoviendo las buenas prácticas de actividades desarrolladas en alturas y espacios confinados para reducir los índices de accidentalidad, enfermedades, mortalidad laboral y propender por el trabajo decente.

“La Dirección de Riesgos Laborales abre este espacio para el intercambio de actividades y experiencias en la prevención de riesgos laborales de alto impacto en el sector de la construcción en esta feria, teniendo en cuenta que ocupa el sexto lugar de la tasa de accidentes de trabajo de 6.5 dentro del Sistema General de Riesgos Laborales”, manifestó el coordinador de la Dirección de Riesgos laborales, Jorge Fernández.

Adicionalmente, más de 1 millón de trabajadores del sector están afiliados a este sistema. Las enfermedades laborales en el sector construcción también disminuyeron el año pasado, su registro fue de 22.8 y en 2021 estuvo en 27.7; la tasa de mortalidad en el sector se mantuvo en 5.6, igual que en 2021 y la accidentalidad disminuyó de 4.5 en 2021 a 4.4. en 2022.

Según lo destacó la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez: “estas cifras tenemos que seguir disminuyéndolas en el país y en este sector tan importante para la generación de empleo y la economía del país. Es así, como en esta cartera, venimos desarrollando permanentemente campañas de sensibilización y prevención, que promueven el trabajo en condiciones dignas y justas. Precisamente, en Expoconstrucción y Expodiseño lanzamos dos campañas: Seguro en las Alturas, y Trabajador Prevenido y Protegido”.

El Presidente de la República, Gustavo Petro, encabezó la firma del acta de aplicación del Convenio Iberoamericano de Seguridad Social, que protege los derechos de millones de trabajadores migrantes, sus familias y trabajadores en 15 países incluyendo Colombia.

En el acto, efectuado en la Casa de Nariño, en el marco del Día Internacional del Trabajo, participaron la Ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y la Secretaria General de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, Gina Magnolia Riaño.

“Este es un apoyo y un avance para nuestras reformas que efectivamente que están para poner los derechos de las y los trabajadores y que Colombia transite hacia los estándares internacionales”, puntualizó la Ministra del Trabajo.

El Convenio fue aprobado por la V Conferencia de Ministros y Máximos Responsables de Seguridad Social de los países de Iberoamérica, celebrada en Segovia, España.

“Esto ha sido un avance significativo, la ministra del Trabajo, ha estado muy comprometida con este instrumento porque llevamos más de 10 años, tratando a que se apruebe por el congreso, luego el control de constitucionalidad y ahora que ya tenemos esos dos requisitos y ahora ya es una realidad, a partir de este momento se cuentan 3 meses y entrará en vigor en 90 días” aseguró, la secretaria General de la OISS.

Este instrumento les permitirá a las personas trabajadoras migrantes, que a lo largo de su vida laboral hayan prestado servicios en uno o más de los Estados firmantes, beneficiarse de las cotizaciones efectuadas en cualquiera de estos territorios, con el fin de obtener acceso a las prestaciones económicas derivadas de la invalidez, vejez o supervivencia.

Entre los beneficios están: la igualdad de trato de los trabajadores iberoamericanos con independencia de la nacionalidad cuando trabajen en un país diferente al suyo; se establece la totalización de los periodos de cotización acreditados en los distintos Estados; se garantiza la conservación de los derechos adquiridos, no perdiéndose las prestaciones por trasladarse a otro país, y se determina la colaboración administrativa y técnica entre las instituciones gestoras para facilitar la aplicación de los derechos de los beneficiarios, entre otros.

Se debe tener presente que las legislaciones nacionales sobre seguridad social por sí solas no pueden garantizar ni mejorar la seguridad social y los derechos de pensión de las y los trabajadores migrantes. Por ello se necesitan normas aplicables en todos los países, que permitan disponer de una protección eficaz y completa de los derechos garantizados por los sistemas reglamentarios de seguridad social.

El convenio aplicará en los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, España, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay, Cuba y México.