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Jornada Nacional de Seguimiento a Facturadores Electrónicos y Acciones de Cobro
Richard santaLa Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, continúa con las visitas a responsables obligados a facturar de todo el país. Las acciones estarán enfocadas en el seguimiento a la adecuada expedición de la factura electrónica y en el cobro a aquellos que tienen obligaciones pendientes de pago.
La entidad movilizará a 771 servidores públicos de todas las sedes del país, quienes adelantarán un total de 3.037 visitas a contribuyentes del sector comercio, cuyas actividades están especialmente relacionadas con la temporada navideña. Asimismo, las acciones de cobro estarán encaminadas a recuperar una cartera que asciende a los $2.02 billones, correspondiente a 91.699 contribuyentes, a quienes se les llamará desde el Centro de Cobro de la DIAN, se les citará a las Divisiones de Cobranzas o se les visitará.
A 30 de noviembre, en todo el territorio nacional, la DIAN ha hecho 46.660 visitas de control de facturación y cobro, de las cuales, han dado como resultado 2.721 actas del Artículo 653 del ET debido a que no estaban cumpliendo con sus obligaciones de facturación o lo estaban haciendo sin cumplir con todos los requisitos de Ley.
Con corte a la misma fecha, hay 1.086.539 facturadores electrónicos en todo el país, quienes han expedido 2.104 millones de documentos: 2.002 millones de facturas electrónicas, 99 millones de notas crédito y 2,5 millones de notas débito.
De la mano de estas visitas de control a la facturación, la entidad ha visitado 14.910 contribuyentes en todo el país para buscar el pago de una cartera morosa de $5.7 billones.
Empresarios podrán acogerse a alivio tributario al contratar mujeres víctimas de violencia
Richard santaEl Gobierno Nacional, por medio del ministerio del Trabajo y La DIAN en alianza con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, promueven una mayor igualdad de género para reconocer e incentivar tributariamente a las empresas que contraten mujeres víctimas de violencia.
Así lo resaltó, la ministra del Trabajo, Gloría Inés Ramírez Ríos, quien explicó que la deducción es del 200% del valor de los salarios y prestaciones sociales pagadas durante el año o periodo gravable.
Para la titular de la cartera laboral: “empoderar económicamente a las mujeres, en especial a las que han sufrido diferentes tipos de violencias, contribuye directamente a la igualdad de género, erradicación de la pobreza y crecimiento económico inclusivo”, de tal forma que promover la empleabilidad de esta población, permite contribuir a su empoderamiento para erradicar ciclos de violencia que han permeado la vida de estas mujeres.
Según el último reporte del Sistema Integrado de Información sobre Violencias de Género-SIVIGE, correspondiente al año 2021, en Colombia se identificaron 50.911 casos de violencias de género. Situaciones que requieren del acompañamiento del Estado colombiano, entre otras acciones como promover y proteger la empleabilidad de las mujeres que han sido víctimas.
Para la identificación de las mujeres víctimas, el ministerio del Trabajo acompañará a las empresas para que a través del ministerio de la igualdad y los mecanismos de género en todo el país se identifiquen a las mujeres objeto de este incentivo.
Así mismo, en alianza con la Junta Central de Contadores de Colombia, se activarán canales virtuales para asesorar a los empleadores interesados en esta iniciativa tributaria.
Durante la jornada se reconoció además a 23 empresas y organizaciones del Sello Equipares, por la labor que han realizado para el cierre de brechas de género, mediante la implementación del programa y el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma del Sello.
¿Cómo será el incentivo?
a). Deberá solicitarse a partir del período gravable que corresponda a la vinculación directa de la trabajadora víctima de violencia comprobada y hasta por un término máximo de tres (3) años por cada trabajadora vinculada, si la relación laboral perdura tal como lo dispone la ley;
b). El monto de la deducción será del 200% del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados durante el año o periodo gravable a partir del inicio de la relación laboral y hasta por un término máximo de tres (3) años si esta se mantiene;
c). La deducción no se aceptará sobre los pagos realizados a trabajadores/as a través de empresas de servicios temporales;
d). Es necesario que las decisiones y medidas en favor de la mujer víctima de la violencia, señaladas en el literal a) del artículo 3° del presente decreto, hayan sido dictadas con posterioridad a la expedición de la Ley 1257 de 2008 y que la vinculación laboral se haya iniciado después de la adopción de las mismas.
Conclusiones Sesión 88 del Comité de Coordinación y Seguimiento del Sistema Financiero
Richard santaDurante la sesión 88 del Comité de Coordinación y Seguimiento del Sistema Financiero, llevada a cabo entre el Ministro encargado, Diego Alejandro Guevara Castañeda, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Gerente General del Banco de la República, el Superintendente Financiero encargado, Felipe Noval Acevedo, la Directora del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras – Fogafín, y la Directora de la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera - URF, se analizaron las principales tendencias de los indicadores líderes del sistema financiero y las perspectivas para el año 2024.
Al corte de octubre de 2023, los establecimientos de crédito continúan mostrando indicadores prudenciales adecuados y superiores a los mínimos regulatorios que les permitirían absorber una eventual materialización de riesgos.
Luego de observarse una aceleración importante en la dinámica del crédito durante 2022 y acorde con el ciclo crediticio, en lo corrido de 2023 la labor de intermediación se ha ajustado ordenadamente. El crecimiento de la cartera en las diferentes modalidades ha mostrado una desaceleración, especialmente en la modalidad de consumo. Asimismo, se ha evidenciado la materialización del riesgo de crédito, particularmente en la modalidad de consumo y más recientemente en el microcrédito.
Después del análisis conjunto de los principales indicadores, el Comité concluyó que el sistema financiero mantiene unos indicadores prudenciales superiores a los mínimos regulatorios. Aun así, persisten algunos factores de riesgo asociados principalmente con el comportamiento de la calidad de los créditos de consumo, microcrédito y comercial, lo cual ha conducido a priorizar las actividades de supervisión y los ejercicios de seguimiento sobre la gestión que adelantan las entidades y su capacidad patrimonial para afrontar diferentes escenarios.
Principales indicadores revisados durante la sesión
Como se anticipó en sesiones anteriores, continúa evidenciándose una menor dinámica de la cartera total del sistema, explicada principalmente por el comportamiento de la financiación de consumo. El indicador de cartera vencida total a septiembre se situó en 5.49%. Por su parte, el nivel de cobertura de la cartera vencida a través de provisiones es superior al 100%.
Frente a la cartera de consumo, las cifras sugieren que el deterioro persiste acorde con el ciclo de crédito, lo que se ha visto reflejado en aumentos de la cartera en mora y en riesgo. Los hogares, por su parte, han reducido la carga financiera y sus niveles de endeudamiento, mientras que el ahorro se ha recuperado a valores cercanos a los observados previos a la pandemia.
En cuanto a los créditos destinados a las empresas, la información disponible muestra que se mantiene la moderación en el crecimiento de la cartera, mientras que los indicadores de calidad por mora y por riesgo registran leves deterioros, aunque se mantienen en niveles cercanos al promedio de los últimos 5 años. Por su parte, en el caso de la modalidad de microcrédito continúan reportándose crecimientos reales positivos, pero se ha observado una aceleración en la dinámica de la cartera vencida.
Consistente con el comportamiento de la cartera, la rentabilidad de los establecimientos de crédito se ha reducido desde finales de 2022. Esta disminución está explicada principalmente por el mayor gasto en provisiones y la caída en el margen neto de intereses, que coincide con el mayor deterioro de los portafolios de consumo, microcrédito y comercial, así como con algunas presiones en el costo de fondeo.
Los establecimientos de crédito continúan mostrando unos niveles de capital y liquidez que permitirían afrontar diferentes escenarios de mayor riesgo. Contar con una regulación y supervisión adecuados, junto con un comportamiento prudente de las entidades financieras, han permitido la conformación de niveles sólidos de solvencia y liquidez a través del tiempo. Las autoridades resaltaron la importancia de garantizar que las entidades mantengan dicha solidez ante la materialización de algunos riesgos.
Los miembros también discutieron la evolución en la implementación de las recomendaciones del Financial Sector Assessment Program (FSAP) del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyendo que ha habido avances en materia prudencial y de gestión de riesgos. Se destacan la expedición del Decreto 1533 de 2022, que señala las condiciones aplicables a las grandes exposiciones de los establecimientos de crédito, y de la Circular Externa 025 de 2022, que reglamentó la gestión del riesgo de tasa de interés del libro bancario.
Conclusiones
Los miembros del Comité concluyen que los indicadores líderes del sistema financiero en lo corrido de 2023, al corte de octubre, coinciden con las expectativas y análisis de riesgos realizados desde finales del año anterior. La regulación vigente y sus buenas prácticas, el marco de política macroprudencial existente y las medidas de supervisión adoptadas para promover el fortalecimiento de la gestión de los riesgos permiten a los establecimientos de crédito mitigar el impacto del deterioro de la cartera que se ha observado a lo largo del año y de los riesgos previsibles para el año 2024.
Consulte el Reporte de Estabilidad Financiera haciendo clic aquí.
DIAN publicó compilación de doctrina sobre Registro Único de Beneficiarios Finales, RUB
Richard santaCon el propósito de promover el entendimiento y cumplimiento de las obligaciones legales relacionadas con el Registro Único de Beneficiarios Finales – RUB, la Subdirección de Normativa y Doctrina publicó la compilación de la doctrina oficial.
Esta primera versión organiza la doctrina en los siguientes ejes temáticos:
Obligados a suministrar información en el RUB
Determinación del beneficiario final
Debida diligencia
Régimen sancionatorio
Acceso a la información
Consulte aquí la Compilación de la Doctrina del RUB 1ª versión.
Proyecto de Resolución, requisitos para cancelación de oficio de la inscripción al RUT
Richard santaLa Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, publicó el proyecto de resolución por la cual se establecen los requisitos y las condiciones para la cancelación de oficio de la inscripción del Registro Único Tributario -RUT por inactividad tributaria.
La entidad recibirá comentarios, observaciones y sugerencias sobre el proyecto de resolución hasta el 15 de diciembre de 2023, a través del siguiente buzón: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Congreso deberá tramitar Convenio 190 de la OIT contra violencia y acoso en el trabajo
Richard santaAl ratificarse el Convenio 190, los países integrantes de la OIT se comprometen a establecer mecanismos de prevención y protección, control de su aplicación, vías de recurso y reparación, así como orientación y difusión. Este instrumento impone la obligación de adoptar la legislación que garantice el derecho a la igualdad y no discriminación en el empleo.
El Convenio 190 no solo promueve espacios seguros en el trabajo, sino también reconoce que la violencia doméstica afecta la participación de las mujeres en el campo laboral, su productividad, acceso al empleo y su salud.
La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez Ríos, se mostró optimista por el avance de este importante convenio.
“Celebramos un paso importante, hacia el cumplimiento de los sueños de muchas mujeres, trabajadoras, empresarias, emprendedoras y sus organizaciones y el mío, por tener un trabajo sin miedo, sin violencias de género y sin discriminaciones”, dijo la Ministra.
La relevancia de este convenio es que se generan entornos de trabajos seguros y libres de violencia de género para lograr equidad en el trabajo y se salda una deuda histórica con las mujeres trabajadoras en prevención del acoso laboral.
“Ratificar este convenio significa que vamos a avanzar en combatir, prevenir y sancionar las violencias de género que viven las mujeres y personas de las diversidades sexuales, en el ámbito laboral”, puntualizó la jefa de la cartera laboral.
El acuerdo sobre la violencia y el acoso de la OIT fue adoptado en junio de 2019 en la Conferencia del Centenario de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), siendo uno de los primeros instrumentos internacionales que reconocen específicamente el derecho de todas las personas a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso, introduciendo aspectos garantistas y novedosos con un ámbito de aplicación amplio.
Reforma a la Salud en 2024 tendrá un costo de $929 mil millones
Richard santaEn 2024, la reforma al Sistema de Salud de Colombia tendrá un costo de $929 mil millones. Así lo señala el escenario de factibilidad realizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con base en la ponencia para segundo debate del mencionado proyecto.
Sin reforma, los gastos del sector salud en 2024, según el reporte, alcanzan los $91,3 billones. El informe muestra, además, que con reforma esta cifra en el mismo año suma $92,2 billones. Para esta vigencia, el balance con reforma muestra un déficit de $3,2 billones.
Si bien la reforma al sistema de salud implica mayores gastos en el corto y mediano plazo, derivados de la ampliación en la atención primaria, la formalización del talento humano en salud, la construcción y recuperación de la infraestructura pública hospitalaria y la creación de licencias de maternidad universales, entre otros, en el largo plazo, se espera que el énfasis en la prevención se traduzca en menores gastos de atención en mediana y alta complejidad.
La siguiente gráfica compara el gasto en salud hasta 2050 en un escenario con y sin reforma. Como se observa, aunque durante los primeros años el gasto del escenario con reforma es superior, esta situación se invierte a partir de la vigencia 2036.
El informe del Ministerio de Hacienda y crédito Público destaca que, para garantizar el derecho fundamental a la salud, la iniciativa contempla la articulación del sistema alrededor del aseguramiento social, con enfoque basado en la estrategia de Atención Primaria en Salud.
Con la reforma renglones como el de Atención Primaria en Salud pasará de $16,5 billones a $17,5 billones.
De acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social, considerando que el país tiene alrededor de 16 mil sedes de baja complejidad, varias de las cuales ya funcionan como Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), los recursos requeridos para la construcción de nuevos CAPS se estiman en $500 mil millones por año.
El proyecto de reforma también establece como parte de la política de formación y educación superior en salud, la creación, por parte del Gobierno, de becas de matrícula para formación posgradual de profesionales de salud en áreas médico-quirúrgicas y de salud pública. Según el Ministerio de Salud y Protección Social, el gasto anual se estima en $120 mil millones a partir de 2025.
La iniciativa busca crear un fondo para la atención de catástrofes y epidemias. De acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social, se requerirían alrededor de $50 mil millones por año de manera que, al cabo de una década, se cuente con una reserva de al menos $500 mil millones, gasto que se proyecta a partir de 2025.
Para conocer el informe del Ministerio de Hacienda, haga clic aquí.
Con la reactivación de la Subcomisión de Empleo y Empleabilidad, promover el proceso para la ratificación del convenio 190 con la OIT sobre acoso laboral y violencia contra las mujeres, y aprobación del cronograma del calendario y su dinámica para la concertación del salario mínimo y auxilio de transporte para 2024, sesionó de manera oficial, la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales – CPCPSL.
La jefe de la cartera laboral, Gloria Inés Ramírez aclaró: “Hemos tenido una agenda de trabajo muy importante y en primera instancia reactivamos la Subcomisión de Empleo y Empleabilidad que habíamos creado el año anterior y sobre ella acordamos hacer análisis y reflexiones en cuanto a la situación económica que está viviendo el país y hacer los aportes desde la Comisión para lo cual se trabajará para darle propuestas al Gobierno Nacional”.
De igual manera, “hemos acordado un procedimiento claro, para llegar al consenso y elegir a la persona que llevará la responsabilidad ante la Comisión Especial de Tratamiento de Conflictos ante la OIT, Cetcoit, que es el mecanismo que tenemos de intermediación y conciliación de los procesos y querellas que se llevan ante la OIT”, agregó.
Finalmente, dijo: “de manera unánime, toda la mesa acogió que el convenio 190 frente a las violencias contra las mujeres y el acoso laboral, vamos a trabajarlo para darle trámite en el Congreso de la República en la Comisión Segunda”.
El presidente de la CUT, Fabio Arias, anotó: “Estamos contentos al haber llegado a la ratificación de un convenio muy especialmente para las mujeres, y es que los espacios del trabajo sean libres de violencia y acoso laboral y sexual, esto nos da optimismo y muestra que evidentemente gobierno, empresarios y trabajadores podemos hacer cosas más significativas”.
“No nos negamos a la concertación y haremos el mejor de los esfuerzos desde el Comando Nacional Unitario para que podamos llegar a un acuerdo del salario mínimo”, finalizó Arias.
Por su parte, el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master anotó: “Esperamos tener la sabiduría y poder tomar la mejor decisión para lo cual nos pusimos de acuerdo en toda la información para esta decisión, como decía la Ministra, en la semana del 13 y 14 de diciembre”.
Las fechas acordadas para las próximas reuniones quedaron establecidas tripartitamente de la siguiente manera:
30 de noviembre las cifras del DANE en torno a la tasa de desempleo y el 1 de diciembre sesionará la Subcomisión de Productividad.
4 de diciembre, se reunirá nuevamente la mesa para trabajar los datos concretos del mercado laboral, el informe de la Subcomisión de Productividad a cargo del DANE y el contexto macroeconómico en cabeza del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
El 7 sesionará la Subcomisión de Empleo y Empleabilidad
El 11 de diciembre, se analizará la inflación y el PIB a cargo del DANE y la proyección de la inflación por parte del Banco de la República.
El 12, presentación de ofertas de incremento del salario mínimo para 2024.
13 y 14 serán las jornadas de concertación.
El 15 de diciembre, es el primer plazo para llegar a un acuerdo, según lo establecido en la Ley 278 de 1996, artículo 8, parágrafo Inc. 1.
En el encuentro tripartito participaron delegados de gremios, centrales sindicales y Gobierno, y fue presidido por la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez Ríos, junto con los viceministros de Relaciones Laborales, Edwin Palma y de Empleo y Pensiones, Iván Jaramillo, y de la Secretaría Técnica de la CPCPSL.
Diferencias entre DIAN y contribuyentes se podrán solucionar a través de arbitrajes
Richard santaCon el fin de autorizar el arbitraje para disputas tributarias, aduaneras o cambiarias entre los contribuyentes y la DIAN, el Gobierno Nacional radicó en el Congreso de la República el proyecto de ley de arbitramento de litigios.
El objetivo es agilizar y mejorar la eficiencia en la resolución de estas disputas, en comparación con los procedimientos judiciales convencionales.
Y es que actualmente, el índice de congestión de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa en Colombia es del 64%, lo que evidencia la pertinencia de esta iniciativa, al permitir el arbitraje como mecanismo alternativo que disminuye la saturación del sistema judicial.
El ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla, destacó que la base de datos de litigios del Estado revela que existen 7.112 procesos activos de la DIAN por un monto de $27,3 billones, con corte a mayo de 2023. Es así como con los mecanismos previstos en el nuevo proyecto de ley, se permitiría movilizar un mayor recaudo para financiar niveles de gasto social consistentes con la implementación del Plan de Desarrollo.
“La iniciativa crea una nueva alternativa de resolución de las disputas entre los contribuyentes y la administración, lo cual reduce el tiempo en el que incurren ambas partes en su resolución”, precisó.
Es así como gracias a las disposiciones de este proyecto de ley, es razonable esperar que buena parte de estos procesos se resuelvan en un término menor de 12 meses, considerando los procesos arbitrales que se realizan en otras áreas del derecho.
Así, la iniciativa es beneficiosa para los contribuyentes y contribuye a aumentar la eficiencia en la generación de recaudo por parte de la DIAN.
Contaduría pide actualizar datos en sistema CHIP a entidades agregadas
Richard santaLa Contaduría General de la Nación solicita a las entidades contables públicas que actúan como entidades agregadoras, actualizar los datos de sus entidades agregadas a través de la página www.chip.gov.co en la sección "Ingreso Web Entidad".
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El Ministerio de Hacienda publicó para comentarios el Proyecto de Decreto “Por el cual se reglamentan los artículos 70 y 73 del Estatuto Tributario y se sustituyen los artículos 1.2.1.17.20 y 1.2.1.17.21 de Capítulo 17 Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria para ajustar el costo fiscal de activos fijos”.
La entidad recibirá comentarios sobre este proyecto de decreto hasta el 7 de diciembre 2023.
Acuerdo entre Gobierno y centrales obreras pone fin al decreto Pisos de Protección Social
Richard santaTras más de 3 años de una queja ante la Organización Internacional del Trabajo, OIT, el Gobierno Nacional y las tres centrales sindicales, CUT, CTC y CGT se reunieron para conciliar de manera voluntaria, una reclamación ante la OIT presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución, por incumplimiento de los convenios 03, 12, 17, 24, 25 y 144 por la expedición del artículo 193 de la Ley 1955 de 2019- Plan Nacional de Desarrollo, sobre Piso de Protección Social y el decreto reglamentario 1174 del año 2020.
Para la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez Ríos, este acuerdo es una oportunidad para mejorar las condiciones de las y los trabajadores en Colombia en torno a la seguridad social y el derecho a una pensión digna.
“Hemos llegado a un acuerdo con presencia de la OIT, de una conciliación voluntaria por primera vez ocurrida en el continente americano, en torno a que se retira esta querella y el Gobierno Nacional se compromete expresamente a derogar el decreto 1174 del Piso de Protección Social, que ya estaba inactivo sobre la base de la sentencia 276 de la Corte Constitucional. Este Gobierno se compromete a seguir avanzando, continuaremos teniendo reuniones periódicas para la realización del monitoreo y hacer seguimiento del decreto derogatorio y sobre todo, de las medidas que favorezcan a las y los trabajadores de Colombia”, puntualizó la Ministra.
Para las centrales obreras, el decreto 1174 del Piso de Protección Social, recortaba los derechos de las y los trabajadores en Colombia, que, por no tener un salario mínimo, se les negaba el acceso a la pensión.
“Nos parece muy positivo este ánimo de concertación con el Gobierno y lo celebramos ante la OIT”, dijo Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT.
“Celebramos que el acuerdo que hemos suscrito con el Gobierno pone punto final a una queja formulada ante la OIT, pero adicionalmente es un logro de un punto que estuvo en la mesa durante el paro nacional, que era la derogatoria del decreto 1174, eso ha sido posible en este Gobierno del Cambio”, expresó Percy Oyola, presidente de la Confederación General del Trabajo, CGT.
“Este es un acuerdo muy importante, puesto que es una reclamación que hemos venido haciendo las tres centrales obreras ante la OIT por el decreto 1174 y hoy llegamos a un feliz acuerdo de conciliación, gracias a la buena gestión del Gobierno del Cambio y su Ministerio del Trabajo”, subrayó Jorge Peña, ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC.
Las partes acordaron:
Derogar expresamente el decreto 1174 de 2020 (Piso de Protección Social), aunque el precitado decreto no se esté aplicando, en virtud de la Sentencia C-276 de 2021 de la Corte Constitucional.
El Gobierno, promoverá y apoyará iniciativas normativas que posibiliten que los trabajadores y trabajadoras que laboran al servicio de otra persona (natural o jurídica), a tiempo parcial o de menores ingresos, sean afiliados obligatorios en calidad de dependientes, del Sistema de Seguridad Social Integral.
El Gobierno impulsará iniciativas que garanticen el trabajo decente y la justicia social a través del rediseño del sistema de protección social, para asegurar la oferta necesaria, pertinente y de calidad, que garantice una protección universal frente a los riesgos en salud, desempleo y la vejez.
El Gobierno con la asistencia de la OIT, adoptará medidas para que los trabajadores informales, tengan derecho a la seguridad social, incluido el reconocimiento de prestaciones económicas relacionadas con incapacidades de salud de origen común y de riesgos laborales, maternidad y paternidad, que pueda surgir.
A este respecto, el Gobierno se compromete a que cualquier iniciativa gubernamental, cambio normativo y medidas adoptadas serán consultadas de manera tripartita.
Las partes acuerdan adoptar una hoja de ruta que contemple medidas de divulgación y campañas de sensibilización para avanzar en la protección social de los trabajadores.
Las partes de este acuerdo de conciliación se reunirán al menos cada dos meses, durante el siguiente año, para hacer seguimiento al cumplimiento de lo aquí estipulado.
Con la suscripción de este documento, las partes acuerdan el cierre de la reclamación objeto de esta conciliación, una vez se publique el decreto señalado en el literal a) del acta, en consecuencia, se comprometen a dar cumplimiento de buena fe a lo establecido en los acuerdos.
Medellín cuenta con un nuevo Punto de Atención para Usuarios Aduaneros
Richard santaLa Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, abrió un nuevo punto de atención presencial en Medellín, que servirá para atender a los usuarios y operadores de comercio exterior, principalmente, pero también para asistir a la ciudadanía en trámites específicos.
El punto está ubicado en el edificio de la DIAN, en el Centro Administrativo La Alpujarra (Carrera 52 # 42 – 43), en la capital antioqueña, y su horario es de lunes a viernes de 6:45 a.m. a 3:00 p.m. Los asistentes serán atendidos por orden de llegada y sin necesidad de tener una cita agendada previamente.
En la planta baja, los usuarios recibirán atención para consultas generales sobre temas aduaneros y emisiones de certificados de origen de mercancía. En el segundo piso, la División de Operación Aduanera adelantará trámites como la corrección de declaraciones de importación SYGA, entrega de pólizas y garantías vencidas, prórrogas para el tránsito de vehículos de turismo, entre otros.
Este es el tercer punto de atención para usuarios aduaneros dispuesto por la DIAN en lo que va corrido del año, después de los habilitados por las direcciones seccionales de Bogotá y Cali. Con ellos, la entidad pretende unificar criterios de atención y ofrecerles una mejor experiencia de servicio a dichos usuarios.
PD. ImpoRenta de Personas Naturales Residentes y ReteFuente por Rentas de Trabajo
Richard santaEl Ministerio de Hacienda publicó para comentarios el Proyecto de Decreto “Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 206, 331, 336 y 383 del Estatuto Tributario, modificados por los artículos 2, 6, 7 y 8 de la Ley 2277 de 2022, se sustituye, modifica y adiciona unos artículos a la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, relacionado con la determinación del impuesto sobre la renta a cargo de las personas naturales residentes y la retención en la fuente por concepto de rentas de trabajo”.
La entidad recibirá comentarios sobre este proyecto de decreto hasta el 5 de diciembre 2023.