Martes, 23 Agosto 2016 07:33

DIAN y MinComercio hacen balance de ley anticontrabando

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Desde la entrada en funcionamiento de la ‘Ley Anticontrabando’, el 6 de julio de 2015, el Ministerio de Comercio lideró una serie acciones con pequeños comerciantes. Entre ellas, se destacan las jornadas de socialización y la organización de mesas de trabajo para eliminar barreras administrativas.

 

Con comerciantes de Sanandresito, se potenció la cooperativa Sanandrecoop, la cual ha importado $1.000 millones en mercancía a precio de costo. Así, aportaron $36 millones en aranceles y $78 millones en IVA. Además, con el acompañamiento del Mincomercio, se creó una comercializadora de licores que en noviembre y diciembre de 2015 logró operaciones por $7.300 millones, de los cuales $1.700 fueron al Impuesto al consumo (ICO). Este año, han comprado $600 millones, con un aporte de $110 millones a este último gravamen.

 

En eliminación de barreras, se destaca la decisión de los Ministerios de Salud y Comercio, Industria y Turismo de expedir la Resolución 2249 de 2015, que permite a los pequeños comerciantes la importación de perfumes sin exigir el requisito de declaración de fabricante.

 

También, el MinComercio ha acercado la oferta institucional del sector a los pequeños comerciantes a través de una agenda de trabajo para impulsar la financiación y la formalización del sector. La misma abarca temas como propiedad intelectual y reglamentos técnicos para la calidad, oferta exportable, promoción de los productos, principalmente.

 

Con operativos realizados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN– y la Policía Fiscal y Aduanera –POLFA–, en el marco de las acciones coordinadas por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público, de Comercio, Industria y Turismo y la Superintendencia de Industria y Comercio; la estrategia Brigadas por la Legalidad ha permitido aprehender mercancías de contrabando por $8.188 millones en Bogotá, Medellín y Cali.

 

Estos resultados se han alcanzado desde el pasado 21 de junio, cuando se realizó la primera jornada en la capital del país. Entre la mercancía retenida están productos de los sectores de textiles y confecciones. También se intervinieron diferentes clases de calzado, cigarrillos, licores, accesorios para celulares y perfumería.

 

En San Victorino (Bogotá), se retuvieron 500 mil prendas de origen chino, avaluadas en $5.281 millones, de acuerdo con las tablas de precios de la DIAN.

 

En Medellín, el 6 de julio, se realizaron brigadas en centros comerciales de la ciudad, ubicados en el sector de ‘El Hueco’. Se intervinieron 50 bodegas y 97 locales en los que se retuvieron 91.065 prendas, 4.282 pares de calzado, 45.500 cajetillas de cigarrillos, 60 litros de licor y 501 frascos de perfumería. Esto dio como resultado una aprehensión de $1.404 millones en la capital antioqueña.

 

El 19 de julio, en Cali, se hizo control a 11 bodegas y 59 establecimientos en los que se retuvieron 144.914 confecciones, 78.000 cajetillas de cigarrillos, 3.076 pares de calzado, 1.777 litros de licor, 110.167 accesorios para celular y 1.097 unidades de otras mercancías. Estas operaciones sumaron $1.503 millones en la capital del Valle.

 

“Estamos construyendo una cancha de juego limpio a nivel empresarial para fomentar una competencia sana y legítima, donde no hayan prácticas comerciales indebidas y se fomente el empleo y la producción industrial. Es una manera de alcanzar la Colombia Moderna en la que estamos empeñados”, afirmó la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture.

 

Todo lo anterior, se suma a las acciones de la DIAN con operativos como los realizados recientemente en Barranquilla, donde fueron aprehendidos 11 contenedores con mercancías avaluadas por $7.300 millones de pesos, aproximadamente, en productos como licores (whisky, vodka, entre otros), cigarrillos, perfumería y confecciones. Así mismo, en lo corrido de 2016, en uno de los principales puertos fluviales del país como Buenaventura, la DIAN han logrado aprehensiones por $10.200 millones, de los cuales cerca de $7.600 millones corresponden a controles por inclusión forzosa.

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