El Decreto 0223 de 2026 unifica y actualiza las disposiciones relacionadas con el desarrollo de prácticas laborales y del contrato de aprendizaje, con el propósito de asegurar procesos formativos pertinentes, seguros y con mayores garantías para estudiantes y aprendices en los sectores público y privado.

Hasta ahora existían normas dispersas para estas modalidades; el Decreto las compila en un solo cuerpo normativo, facilitando su comprensión y aplicación por parte de empresas, instituciones educativas y aprendices. Asimismo, fortalece la articulación con el Sistema Nacional de Cualificaciones e incorpora estándares específicos para las modalidades tradicional, dual y de vinculación formativa.

De igual forma, establece una diferenciación clara entre la vinculación formativa, orientada al cumplimiento de requisitos académicos, y el contrato de aprendizaje, regulado por el Código Sustantivo del Trabajo. Además, incorpora disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, así como medidas de protección frente al acoso laboral.

El Decreto define el contrato de aprendizaje como un contrato laboral especial a término fijo, con una duración máxima de tres años, estructurado en dos fases: lectiva (formación teórica) y práctica (formación en la empresa).

En cuanto al apoyo de sostenimiento, este varía según la modalidad. En la formación dual se reconoce el 75 % del salario vital durante el primer año y el 100 % a partir del segundo. En la formación tradicional, corresponde el 75 % durante la fase lectiva y el 100 % en la fase práctica. Los estudiantes universitarios recibirán, como mínimo, el 100 % del salario vital.

Mediante esta modalidad se garantiza el acceso a la seguridad social integral, salud, pensión y riesgos laborales; así como el reconocimiento de prestaciones y derechos colectivos, tales como la afiliación sindical, la participación en la negociación colectiva y el ejercicio del derecho de huelga, dentro de los límites legales. Igualmente, se refuerza la estabilidad laboral, con protección especial frente al despido en situaciones como maternidad o discapacidad.

Finalmente, esta normativa reconoce el contrato de aprendizaje como una modalidad laboral especial que transforma la práctica profesional, dejando de ser un proceso informal e impreciso para convertirse en una primera experiencia laboral plenamente protegida. En consecuencia, el Ministerio del Trabajo, en articulación con el SENA, adelantará acciones de inspección, vigilancia y control para garantizar el cumplimiento de la normativa aplicable.

Con estas disposiciones, el Decreto moderniza la transición entre la educación y el trabajo, amplía oportunidades, eleva los estándares de calidad formativa y promueve condiciones de mayor dignidad para estudiantes y aprendices.