La situación fiscal del próximo periodo enfrenta varios elementos de alta relevancia. En este contexto, durante la rueda de prensa del Banco de la República, en la que se informó que la tasa de interés se mantendrá en 9,25 %, el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, se refirió a las implicaciones fiscales derivadas de la reciente decisión del Congreso de la República de negar la Ley de Financiamiento.

El ministro Ávila calificó esta decisión como un acto de poca responsabilidad con el país y con su futuro macroeconómico. Según explicó, esta situación obliga al Gobierno nacional a adoptar medidas extraordinarias, entre ellas la alternativa de emergencia económica, con el fin de acudir a fondos y recursos que no fue posible obtener tras la negativa del Legislativo.

Asimismo, señaló que no existe antecedente en los últimos 30 años en el que el Congreso haya aprobado un presupuesto asociado a una Ley de Financiamiento, y, dos meses después, haya negado dicha ley. “Es una especie de trampa al país”, afirmó, al advertir que el presupuesto aprobado suponía un nivel de gasto y compromisos orientados a cumplir metas sociales y garantizar la estabilidad económica.

El ministro explicó que la eventual declaratoria de emergencia económica tiene como objetivo proteger los derechos fundamentales, asegurar el cumplimiento de las vigencias futuras y fortalecer las capacidades de las Fuerzas Públicas, especialmente en materia de desarrollos tecnológicos, para evitar que el Estado quede en desventaja frente a organizaciones armadas. Dichas medidas son de corto plazo y demandan acciones urgentes debido al momento crítico de seguridad que enfrenta el país.

Los nuevos recursos requeridos están concebidos bajo el mismo esquema planteado en la Ley de Financiamiento, es decir, recursos tributarios, diseñados para no afectar a la población más vulnerable, tal como se proponía inicialmente. En ese sentido, el Gobierno espera que la Corte Suprema de Justicia estudie con detalle la medida de emergencia económica y los decretos reglamentarios que la acompañen, con el fin de que sea avalada, al considerarla una propuesta válida y bien sustentada.

Finalmente, frente a las recurrentes preguntas sobre el incremento de salario mínimo, fue enfático en decir que, el objetivo del Gobierno es llegar a un consenso en el que sean tomadas en cuenta las propuestas de todos los sectores.

“Llevamos tres años del Gobierno del presidente Petro diciendo: más salario mínimo, menos inflación y menos desempleo. La ecuación se rompió”, añadió el ministro, sustentando que es posible aumentar el salario mínimo sin desatar un proceso inflacionario y sin tener un fenómeno de desempleo, acompañado de un ciclo productivo que resulte en una mayor demanda agregada.