La Secretaría Distrital de Hacienda informa a la ciudadanía y a los contribuyentes obligados al reporte de información exógena que, a partir del 1 de septiembre de 2025, estará disponible la nueva Plataforma de Información Digital Online (PIDO), un sistema moderno y seguro diseñado para facilitar el cargue, la validación y el envío de la información requerida.

La entrega de datos se realizará únicamente a través de PIDO, lo que permitirá verificar en tiempo real que la información reportada sea completa y de calidad. Los usuarios podrán preparar la información en una hoja de cálculo o en un archivo plano, procesarla en línea, enviarla con extensión .STR y obtener de inmediato la certificación de su reporte.

Fechas de entrega según el último dígito del NIT o documento de identificación

Último dígito de identificación Fecha de entrega de la información
0 27 de octubre de 2025
1 28 de octubre de 2025
2 29 de octubre de 2025
3 30 de octubre de 2025
4 31 de octubre de 2025
5 4 de noviembre de 2025
6 5 de noviembre de 2025
7 6 de noviembre de 2025
8 7 de noviembre de 2025
9 10 de noviembre de 2025

La información deberá ser reportada dentro de estas fechas, de acuerdo con la Resolución DDI-015997 del 25 de agosto de 2025 emitida por la Dirección de Impuestos de Bogotá. El incumplimiento o la entrega extemporánea puede generar sanciones previstas en la normativa vigente.

Mediante la contratación de 561 Equipos de Cuidado Integral en Salud ECIS, con una inversión de $129.529 millones que beneficiará a más de 330.000 docentes, se consolidará el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro del modelo de Atención Primaria en Salud, APS.

Así lo anunció el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, durante el conversatorio ´Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Magisterio, un modelo de atención primaria en salud´, que contó con la participación del director Regional de la OIT para los países Andinos, Ítalo Cardona; el presidente de la ARL Positiva, José Luis Correa; la presidenta de la Fiduprevisora, Magda Giraldo; el vicepresidente de la Fiduprevisora, Fomag, Aldo Cadena; el director Nacional de SST Fiduprevisora-Fomag, Jorge Bernal y el presidente de Fecode, Domingo Ayala.

Los 561 equipos estarán integrados por más de 2 mil personas entre auxiliares de enfermería, tecnólogos, profesionales y especialistas en Seguridad y Salud en el Trabajo SST, con formación y competencias en la prevención de los riesgos laborales, los cuales operarán a través de 70 IPS públicas como privadas en todo el país.

Con esta decisión, dijo el ministro Sanguino Páez, “el gobierno reafirma su compromiso con un modelo de salud centrado en la prevención de los riesgos laborales, el mejoramiento de las condiciones de trabajo; y en especial, la protección de la salud mental de los docentes en el país. Los ECIS laborales estarán enfocados en detectar y gestionar los riesgos en sus entornos, promoviendo ambientes seguros y saludables”.

Con los Equipos para el Cuidado Integral de la Salud en el ámbito laboral, ECIS-L, se llegará a los 7.840 establecimientos educativos y sus 39.886 sedes, y se garantizará el desarrollo de actividades de promoción de la salud y prevención de riesgos.

La coordinación de la operación de las ECIS se hará en el marco de las mesas técnicas departamentales de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la que confluyen representantes de las Unidades de Gestión Departamental de la Fiduprevisora, los sindicatos y las Secretarías de Educación en el territorio.

Al finalizar el titular de la cartera laboral señaló: “En este gobierno con dignidad cumplimos. Esta es una estrategia ambiciosa, de mucho esfuerzo, compromiso y audaz”.

Enfermedades más comunes
Entre las patologías más frecuentes en el magisterio están: la ansiedad, la depresión, el síndrome del túnel del carpo y los trastornos de la voz, que afectan la calidad de vida de los docentes y son la principal causa de pensión por invalidez. Esto genera un alto número de incapacidades médicas, unidas al impacto que la situación tiene en la garantía del derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes.

La Secretaría de Hacienda contactará a más de 4.000 contribuyentes morosos de la retención en la fuente del impuesto de Industria y Comercio (ReteICA), con deudas correspondientes a los años 2017 a 2024, con el fin de que se pongan al día con sus obligaciones tributarias en Bogotá. 

Estas deudas ascienden a $36.327 millones, recursos que la ciudad busca recuperar para seguir fortaleciendo el presupuesto de inversión pública y garantizar más obras y servicios para la ciudadanía.

Consecuencias del incumplimiento
El incumplimiento en el pago del ReteICA dentro de los plazos legales puede tener implicaciones penales. El artículo 402 del Código Penal establece como delito la omisión del deber de agente retenedor o recaudador.

Para la entidad es fundamental evitar que el proceso de cobro avance y escale a instancias más complejas, como sanciones penales, embargo de cuentas y bienes, e incluso el posterior secuestro y remate de estos, con un límite de la medida cautelar de hasta el doble del valor de la deuda.

Acuerdos de pago 
Los contribuyentes interesados en suscribir acuerdos de pago podrán hacerlo con un abono inicial del 10 % del total de la deuda.

Tenga en cuenta: En ningún caso se solicitará el envío de dinero a cuentas bancarias ni a aplicaciones externas. 

El sistema financiero colombiano todavía no es inclusivo porque no llega a toda la población, razón por la cual las finanzas abiertas son fundamentales para facilitar el ingreso de más usuarios, dijo el Superintendente Financiero, profesor César Ferrari.

Durante su participación en la Cumbre de Desarrollo Pyme 2025, organizada por la caja de compensación familiar Cafam, el profesor Ferrari también se refirió a los sistemas de pagos inmediatos de bajo valor y dijo que estos representan un gran avance con transacciones más rápidas y en tiempo real, facilitando las operaciones de clientes y usuarios del sistema.

Señaló, que una mayor competencia y el uso de los avances tecnológicos fomentarán el crecimiento del sector financiero, ya que en la actualidad es muy pequeño y poco profundo.

En este sentido explicó cómo las Fintech cubren segmentos poblacionales a los que la banca tradicional no llega, generando mayor inclusión con productos de ahorro, inversión y crédito.

“Las Fintech no llevan muchos años en el mercado financiero, pero están generando propuestas de valor interesantes con ofertas de acceso digital, pero los bancos no se han quedado atrás en esos avances tecnológicos”, indicó Ferrari.

En su concepto, las Fintech requieren más capital para acelerar su expansión y llegar a nichos del mercado que no son atendidos por los establecimientos financieros tradicionales.

El Superintendente insistió en la necesidad de implementar el modelo de finanzas abiertas para facilitar el acceso a través de la simetría de la información, tanto de las entidades financieras como de los usuarios, lo que permitirá tomar decisiones sobre las opciones de ahorro, inversión y financiación existentes en el mercado. “Si hay simetría de información, la competencia se da en todos los campos y esto es bueno porque fomenta el crédito a mejores tasas de interés”, concluyó el profesor Ferrari.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo informa a la ciudadanía que personas ajenas a la entidad están cometiendo actos fraudulentos mediante la suplantación de funcionarios públicos y el uso indebido de símbolos institucionales, con el propósito de ofrecer falsos contratos a cambio de pagos.

Se han detectado casos, que ya están sujetos a denuncia, en los que los estafadores utilizan nombres, logotipos, emblemas y documentos falsificados con apariencia oficial, con el fin de engañar a ciudadanos y empresas, simulando procesos contractuales inexistentes para obtener presuntamente beneficios económicos de manera ilícita.

El Ministerio hace énfasis en que ningún proceso de contratación legítimo exige pagos, depósitos, anticipos ni contraprestaciones económicas por parte de los ciudadanos o proveedores. Todos los procedimientos contractuales se desarrollan conforme al Estatuto General de Contratación Pública, guiados por los principios de transparencia, legalidad, igualdad, publicidad, economía y responsabilidad.

Los únicos canales oficiales para participar en procesos de contratación del Ministerio son:
- La plataforma SECOP (Sistema Electrónico para la Contratación Pública)
- Los medios institucionales establecidos en el Manual de Contratación del MinCIT
- El sitio web oficial: www.mincit.gov.co o entidades adscritas o vinculadas
- Nuestras oficinas y líneas de atención al ciudadano 601 606 7676 (lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.)

Cualquier solicitud de dinero o promesa de contrato a cambio de pagos constituye un fraude y debe ser denunciada inmediatamente ante las autoridades competentes y a través de los canales oficiales del Ministerio. El correo habilitado para denuncias es Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..">Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

Frente a las recientes decisiones judiciales que ordenan la vinculación masiva de personas en listas de elegibles, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN advirtió que son material y jurídicamente imposibles de cumplir y constituyen una invasión a las competencias legales de la Entidad.

Las acciones de tutela en curso han ordenado el uso indiscriminado de listas de elegibles, incluso en perfiles ya fortalecidos con concursos anteriores, o en empleos distintos a los requeridos por la Entidad. Estas decisiones desconocen la planeación institucional, al obligar a nombrar personas que ocupan los últimos lugares de las listas, usar vacantes previstas en concursos futuros y afectar la distribución que, por ley, es competencia del Director General de la DIAN.

Adicionalmente, algunos jueces han extendido sus decisiones a personas que no hicieron parte del proceso, algo que solo puede hacer la Corte Constitucional[1]. Estas actuaciones son desconcertantes pues impiden que la DIAN administre su propio talento humano y pueden llegar a obstaculizar el desarrollo de su misión técnica al asignar personas que no tienen el perfil requerido para el cumplimiento de las funciones asignadas a la Entidad.

Cumplir las órdenes en los términos impuestos implicaría desvincular a 395 funcionarios provisionales, abrir la puerta a demandas millonarias contra el Estado y poner en riesgo la continuidad de los procesos misionales de recaudo y fiscalización. A ello se suma que los plazos fijados por los jueces (48 horas) desconocen los trámites legales y el debido proceso de los funcionarios afectados, algunos de los cuales son sujetos de especial protección constitucional.

La DIAN elevó consultas a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado manifestando que existe imposibilidad material y jurídica para efectuar los nombramientos y advierte que decisiones judiciales de este tipo desconocen el régimen especial de carrera de la Entidad y ponen en riesgo la planeación institucional y la sostenibilidad fiscal del país.

Asimismo, la entidad hizo un llamado al Consejo Superior de la Judicatura para que capacite a los jueces en la estructura administrativa y normativa de la DIAN, y a la Comisión Nacional del Servicio Civil para que actúe como garante del proceso de provisión de empleos conforme a la ley y al mérito.

La DIAN está comprometida con el mérito como principio axial de la Constitución Política de Colombia, especialmente en lo que respecta al acceso a la función pública.

Prueba de ello es que en los últimos cinco años se han realizado 3 concursos de mérito, y uno más se encuentra en curso, de los cuales se ha derivado la vinculación de 6.391 funcionarios en vacantes ofertadas y 3.272 en vacantes no ofertadas que han sido posesionados mediante el mecanismo de uso de listas de elegibles.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) recuerda a los Grandes Contribuyentes que, a partir del 9 de septiembre de 2025, inician los vencimientos para cumplir con las obligaciones del régimen de Precios de Transferencia, correspondientes al año gravable 2024 y a la fracción de 2025.

Desde junio, la entidad dispuso para los contribuyentes el prevalidador de Precios de Transferencia – Formato 1125 y el sistema informático para el cargue y envío del archivo XML, con el fin de facilitar el proceso de cumplimiento.

Con estas herramientas, los contribuyentes podrán:

Presentar la Declaración Informativa de Precios de Transferencia – Formulario 120.
Remitir la Documentación Comprobatoria, que incluye el Informe Local y/o Maestro, según corresponda.

Para ver el calendario de vencimientos de precios de transferencia, haga clic aquí.

En una acción sin precedentes, e incorporando un enfoque de analítica de datos y modelos predictivos para focalizar sus acciones de cobro a contribuyentes morosos, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) activó para agosto la campaña nacional 'Al día con la DIAN, le cumplo al país', una jornada que se extenderá hasta el día 29 de mes, con el objetivo de gestionar más de $2,2 billones en cartera vencida.

Mediante el uso de algoritmos, técnicas de machine learning y métodos estadísticos la DIAN ha identificado a 8.440 contribuyentes con obligaciones en mora y capacidad económica para ponerse al día. Este enfoque innovador permite a la entidad predecir comportamientos de pago y priorizar casos con alta probabilidad de recuperación, optimizando así sus esfuerzos de recaudo.

Estas acciones están siendo ejecutadas con base en la segmentación predictiva de la cartera, lo que permite clasificar las deudas según su antigüedad y enfocar esfuerzos hacia los contribuyentes con mayor capacidad y disposición de pago. “Este es un paso decisivo hacia un cobro más inteligente y focalizado.

La analítica nos permite actuar con rapidez y precisión para asegurar que los recursos públicos lleguen a donde deben estar", señaló Luis Eduardo Llinás, director general (e) de la DIAN.

La estrategia contempla un paquete de medidas contundentes, entre las que se destacan:

7.890 visitas a contribuyentes con deudas cercanas a $1,2 billones, priorizando obligaciones con entre uno y dos años de antigüedad.

Gestión de 5.110 depósitos judiciales por un valor de $54.228 millones, derivados de procesos de cobro a 550 contribuyentes.

Imposición de 3.400 medidas cautelares sobre sumas de dinero, dirigidas a cartera con más de tres años de vencimiento, por un monto cercano a $1 billón.

El director Llinás reiteró que las medidas cautelares buscan garantizar que los bienes y recursos de los deudores no se dispersen antes del pago de sus obligaciones. Asimismo, hizo un llamado a los contribuyentes morosos para que se acojan a los mecanismos de regularización antes de la aplicación de medidas judiciales.

En paralelo, este 12 de agosto la DIAN adelantó el evento virtual 'Evite consecuencias penales por no pagar sus impuestos en mora', que contó con la participación de 4.900 contribuyentes. Durante esta actividad, se explicaron los riesgos legales del incumplimiento fiscal, incluyendo la posibilidad de enfrentar procesos penales en casos de impuestos recaudados, pero no entregados al Estado.

La DIAN emitió la Circular 002 del 19 de agosto de 2025, por medio de la cual aclara algunos términos sobre el Operador Económico Autorizado – OEA.

Para conocer la Circular 002, haga clic aquí.

El Gobierno nacional informa que, mediante borrador de Resolución, se ha postergado hasta agosto de 2026 la entrada en vigencia de los reglamentos técnicos de Naciones Unidas aplicables a vehículos y remolques.

Esto significa que durante todo el año 2025 hasta agosto de 2026 dichos reglamentos NO entrarán en aplicación en Colombia. En consecuencia, continúa vigente el marco actual de certificación, el cual reconoce las normas estadounidenses ‘Federal Motor Vehicle Safety Standards’ (FMVSS), garantizando que los vehículos y autopartes de origen estadounidense puedan seguir siendo importados y comercializados en el país sin restricciones adicionales.

Adicionalmente, se ha dispuesto que la Agencia Nacional de Seguridad Vial, junto con el Ministerio de Transporte, y el Ministerio de Comercio, adelante un estudio para establecer las condiciones que permitan la coexistencia de los reglamentos técnicos de Naciones Unidas y los estándares FMVSS.

El propósito de esta medida es consolidar un esquema regulatorio que asegure la seguridad vial, mantenga la armonización internacional y, al mismo tiempo, preserve la fluidez del comercio automotor con Estados Unidos y otros socios estratégicos.

El Gobierno nacional reitera que el mercado automotor estadounidense podrá seguir participando plenamente en Colombia bajo las reglas actuales, y que, incluso cuando entre en vigor la nueva regulación, se garantizará un marco de coexistencia regulatoria que reconozca tanto los reglamentos de Naciones Unidas como los estándares FMVSS.