La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) recuerda a los Grandes Contribuyentes que, a partir del 9 de septiembre de 2025, inician los vencimientos para cumplir con las obligaciones del régimen de Precios de Transferencia, correspondientes al año gravable 2024 y a la fracción de 2025.

Desde junio, la entidad dispuso para los contribuyentes el prevalidador de Precios de Transferencia – Formato 1125 y el sistema informático para el cargue y envío del archivo XML, con el fin de facilitar el proceso de cumplimiento.

Con estas herramientas, los contribuyentes podrán:

Presentar la Declaración Informativa de Precios de Transferencia – Formulario 120.
Remitir la Documentación Comprobatoria, que incluye el Informe Local y/o Maestro, según corresponda.

Para ver el calendario de vencimientos de precios de transferencia, haga clic aquí.

En una acción sin precedentes, e incorporando un enfoque de analítica de datos y modelos predictivos para focalizar sus acciones de cobro a contribuyentes morosos, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) activó para agosto la campaña nacional 'Al día con la DIAN, le cumplo al país', una jornada que se extenderá hasta el día 29 de mes, con el objetivo de gestionar más de $2,2 billones en cartera vencida.

Mediante el uso de algoritmos, técnicas de machine learning y métodos estadísticos la DIAN ha identificado a 8.440 contribuyentes con obligaciones en mora y capacidad económica para ponerse al día. Este enfoque innovador permite a la entidad predecir comportamientos de pago y priorizar casos con alta probabilidad de recuperación, optimizando así sus esfuerzos de recaudo.

Estas acciones están siendo ejecutadas con base en la segmentación predictiva de la cartera, lo que permite clasificar las deudas según su antigüedad y enfocar esfuerzos hacia los contribuyentes con mayor capacidad y disposición de pago. “Este es un paso decisivo hacia un cobro más inteligente y focalizado.

La analítica nos permite actuar con rapidez y precisión para asegurar que los recursos públicos lleguen a donde deben estar", señaló Luis Eduardo Llinás, director general (e) de la DIAN.

La estrategia contempla un paquete de medidas contundentes, entre las que se destacan:

7.890 visitas a contribuyentes con deudas cercanas a $1,2 billones, priorizando obligaciones con entre uno y dos años de antigüedad.

Gestión de 5.110 depósitos judiciales por un valor de $54.228 millones, derivados de procesos de cobro a 550 contribuyentes.

Imposición de 3.400 medidas cautelares sobre sumas de dinero, dirigidas a cartera con más de tres años de vencimiento, por un monto cercano a $1 billón.

El director Llinás reiteró que las medidas cautelares buscan garantizar que los bienes y recursos de los deudores no se dispersen antes del pago de sus obligaciones. Asimismo, hizo un llamado a los contribuyentes morosos para que se acojan a los mecanismos de regularización antes de la aplicación de medidas judiciales.

En paralelo, este 12 de agosto la DIAN adelantó el evento virtual 'Evite consecuencias penales por no pagar sus impuestos en mora', que contó con la participación de 4.900 contribuyentes. Durante esta actividad, se explicaron los riesgos legales del incumplimiento fiscal, incluyendo la posibilidad de enfrentar procesos penales en casos de impuestos recaudados, pero no entregados al Estado.

La DIAN emitió la Circular 002 del 19 de agosto de 2025, por medio de la cual aclara algunos términos sobre el Operador Económico Autorizado – OEA.

Para conocer la Circular 002, haga clic aquí.

El Gobierno nacional informa que, mediante borrador de Resolución, se ha postergado hasta agosto de 2026 la entrada en vigencia de los reglamentos técnicos de Naciones Unidas aplicables a vehículos y remolques.

Esto significa que durante todo el año 2025 hasta agosto de 2026 dichos reglamentos NO entrarán en aplicación en Colombia. En consecuencia, continúa vigente el marco actual de certificación, el cual reconoce las normas estadounidenses ‘Federal Motor Vehicle Safety Standards’ (FMVSS), garantizando que los vehículos y autopartes de origen estadounidense puedan seguir siendo importados y comercializados en el país sin restricciones adicionales.

Adicionalmente, se ha dispuesto que la Agencia Nacional de Seguridad Vial, junto con el Ministerio de Transporte, y el Ministerio de Comercio, adelante un estudio para establecer las condiciones que permitan la coexistencia de los reglamentos técnicos de Naciones Unidas y los estándares FMVSS.

El propósito de esta medida es consolidar un esquema regulatorio que asegure la seguridad vial, mantenga la armonización internacional y, al mismo tiempo, preserve la fluidez del comercio automotor con Estados Unidos y otros socios estratégicos.

El Gobierno nacional reitera que el mercado automotor estadounidense podrá seguir participando plenamente en Colombia bajo las reglas actuales, y que, incluso cuando entre en vigor la nueva regulación, se garantizará un marco de coexistencia regulatoria que reconozca tanto los reglamentos de Naciones Unidas como los estándares FMVSS.

La Superintendencia de Sociedades presenta el informe anual de las 9.000 siguientes empresas más grandes de Colombia, con corte al 31 de diciembre de 2024.

Este segmento, que complementa el perfil de las 1.000 principales, representa el 34,1 % del PIB nacional, consolidándose como un pilar esencial para la inversión productiva, el empleo formal y la estabilidad del tejido empresarial. En el último año, estas compañías registraron ingresos por $581,5 billones y utilidades netas por $32,4 billones. Vale la pena destacar que el dinamismo empresarial también se refleja en regiones que están ganando protagonismo en el mapa productivo nacional.

Por ejemplo, la Costa Pacífica alcanzó ingresos por $58,3 billones con fuerte presencia de comercio y manufactura; la Costa Atlántica sumó $55 billones impulsada por servicios y agroindustria; el Centro Oriente registró $34,8 billones con un tejido diversificado que combina comercio, servicios y manufactura; y el Sur y Oriente del país aportó $25,4 billones con un crecimiento destacado en construcción y comercio.

Más allá de las cifras, el informe muestra que la fortaleza de estas empresas se sostiene en una cultura sólida de rendición de cuentas y en gobiernos corporativos transparentes y robustos. La presentación oportuna y completa de la información financiera no es solo un requisito legal, sino un bien jurídicamente tutelado, fundamental para preservar el orden público económico, garantizar el sano desarrollo del tráfico mercantil y fortalecer la confianza de inversionistas, acreedores, empleados y la sociedad en general (arts. 34 y 83 de la Ley 222 de 1995, art 289 del Código de Comercio).

En este sentido, la labor de la Superintendencia de Sociedades como entidad de supervisión adquiere relevancia estratégica, al ser garante de que esta información se convierta en un insumo útil para decisiones empresariales, políticas públicas y análisis sectoriales.

El informe revela que 1.183 empresas presentaron su Reporte de Sostenibilidad, un avance significativo hacia la estandarización de la información no financiera en el país. Es importante destacar que el camino de la responsabilidad social y ambiental abre la puerta a nuevos mercados, fortalece la reputación y posiciona la marca, al tiempo que refuerza el compromiso con la protección del planeta.

Este esfuerzo se articula plenamente con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia, potencia mundial de la vida”, que impulsa los negocios verdes y las prácticas sostenibles como motores de competitividad y conservación del capital natural.

El Superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, destacó: “La información financiera es mucho más que un balance, pues representa la evidencia tangible de la transparencia empresarial. Las 9.000 empresas que hoy presentamos demuestran que la competitividad y la sostenibilidad comienzan con el compromiso de rendir cuentas, y que cumplir con este deber fortalece la confianza, eleva la reputación y consolida un ecosistema empresarial sólido y responsable”.

De esta manera la Superintendencia de Sociedades reafirma su compromiso con el fortalecimiento del gobierno corporativo, la profesionalización de las juntas directivas y la adopción de estándares internacionales que impulsen una economía más eficiente, ética y sostenible. Con este informe la Entidad envía un mensaje claro y contundente en el que la transparencia y la rendición de cuentas se reconocen como el capital que asegura el futuro empresarial de Colombia.

Consulte el informe haciendo clic aquí.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, invitó a la comunidad jurídica, académica y a la ciudadanía interesada en los temas tributarios, aduaneros y de fiscalización cambiaria a participar en la consulta pública del Manual de escritura (Guía práctica para la elaboración de conceptos jurídicos).

Este manual constituye una guía práctica para estandarizar la redacción de los conceptos jurídicos emitidos por la DIAN, con el fin de garantizar claridad, coherencia y seguridad jurídica en sus pronunciamientos. Asimismo, incorpora pautas para el uso responsable de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) en el proceso de redacción, sin sustituir el criterio jurídico.

La participación estará habilitada a partir de hoy 15 de agosto y hasta el 4 de septiembre de 2025, mediante la lectura crítica del documento y el envío de observaciones, comentarios o sugerencias a través de un formulario disponible en nuestra página web.

El objetivo es enriquecer el manual con aportes técnicos y plurales, promoviendo una construcción colectiva que fortalezca su legitimidad y utilidad tanto para los funcionarios de la DIAN como para los usuarios externos de la doctrina.

Beneficios esperados:
- Mejora en la calidad y claridad de los conceptos jurídicos mediante uso de formatos, estructuras uniformes que facilitan la lectura, consulta y pedagogía.
- Agilidad en la respuesta doctrinal con apoyo de IA bajo supervisión jurídica.
- Mayor seguridad jurídica para contribuyentes y operadores.
- Prevención de errores mediante pautas de revisión y actualización.
- Accesibilidad a través de formatos y estructuras uniformes.
- Fortalecer cercanía, confianza y cultura de la contribución del público en general

Esta iniciativa se enmarca en las buenas prácticas regulatorias promovidas por la DIAN, en el contexto del concurso del Departamento Nacional de Planeación (DNP), en el cual la Entidad ha sido reconocida en años anteriores.

Conozca el Manual de escritura jurídica haciendo clic aquí.

Con el fin de brindar mayores elementos de evaluación para la toma de decisiones de los consumidores financieros y de prevención frente a ofertas financieras fraudulentas, la Superintendencia Financiera pone al servicio de la ciudadanía el micrositio ¡Alerta! Ofertas fraudulentas.

Esta nueva herramienta brinda información de fácil comprensión para identificar supuestas ofertas de dinero fácil mediante propuestas de inversión fraudulentas o acceso rápido a presuntos créditos en los que no exigen mayores requisitos ni garantías y ofrecen tasas de interés atractivas, pero cuyo objetivo final es obtener dinero de las personas interesadas sin entregar nada a cambio.

El micrositio ¡Alerta! Ofertas fraudulentas presenta la información dividida en cuatro secciones: pirámides y captación ilegal, engaños con criptoactivos y forex, actividad aseguradora no autorizada y falsos prestamistas.

En cada una de ellas se incluyen definiciones de las actividades ilegales, recomendaciones para no caer en engaños, guías explicativas de cómo denunciar y un espacio para poner a prueba los conocimientos del ciudadano haciendo una autoevaluación en cada tema.

Para acceder al micrositio ¡Alerta! Ofertas fraudulentas los ciudadanos pueden ingresar digitando la dirección web de la SFC www.superfinanciera.gov.co y haciendo clic en el botón naranja de Personas.

Acciones de la SFC frente a las actividades ilegales
Entre 2024 y el primer semestre de 2025, la SFC expidió 13 medidas administrativas, ordenando la suspensión inmediata de las actividades que constituyen captación ilegal de recursos del público, en las que resultaron afectadas 938 personas por un monto de al menos COP 30.678 millones.

En ese mismo periodo, la SFC recibió 417 quejas por casos relacionados con falsos prestamistas y 2.741 consultas por supuestos esquemas de captación no autorizada de dinero del público.

El lanzamiento del micrositio se llevó a cabo este martes en una de las sedes de la Universidad del Rosario en Bogotá durante una jornada más de la campaña “Me informo y cuido mi dinero” que lideran la SFC, la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia de Industria y Comercio.

Entre 2024 y lo que va de 2025 se han realizado 23 de estas jornadas conjuntas de prevención de la captación ilegal de recursos y otras formas de fraude en 17 ciudades y municipios, en las que las Superintendencias han contado con el apoyo de las autoridades locales, así como de las Cámaras de Comercio y de la academia, logrando una asistencia de más de 2.000 personas en todo el país.

Para acceder a la herramienta de la Superfinanciera, haga clic aquí.

Mediante la Sentencia T-311 de 2025, la Corte Constitucional aclaró que el fuero de estabilidad laboral reforzada cobija a quienes presenten una condición de salud que les impida o dificulte el adecuado desempeño de sus actividades cotidianas.

Su sentencia es el resultado una tutela en contra de la empresa Seguridad Atlas Ltda., por la vulneración de sus derechos al trabajo, a la vida, a la salud y a la estabilidad laboral reforzada, luego de despedirlo sin justa causa, pese a que presentaba una afección de salud, se encontraba en un tratamiento médico y contaba con recomendaciones laborales.

La Sala Cuarta de Revisión, integrada por los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar, Miguel Polo Rosero y Vladimir Fernández Andrade, quien la preside, amparó transitoriamente los derechos de Francisco y, en consecuencia, ordenó su reintegro al cargo que desempeñaba o uno de similares condiciones laborales.

Para la Sala, la empresa Seguridad Atlas Ltda. vulneró los derechos al despedirlo sin solicitar la autorización del inspector del trabajo. Lo anterior, en la medida en que Francisco se encontraba cobijado por el fuero de estabilidad laboral reforzada.

En su análisis, la Corte encontró que Francisco: a) presentaba una afectación de salud que le impedía o le dificultaba el normal y adecuado desempeño de sus actividades cotidianas; b) la condición de debilidad manifiesta era conocida por el empleador; y c) la terminación del vínculo laboral se realizó por parte del empleador sin alegar una causa objetiva.

La Corte recordó que el fuero por estabilidad laboral reforzada aplica a personas que no tienen calificada su pérdida de capacidad laboral o que esta no es de naturaleza moderada, severa o profunda. En atención a lo anterior, la jurisprudencia arribó a las siguientes conclusiones:

El fuero de protección por estabilidad laboral reforzada aplica a todas las personas en condición de discapacidad, así como a quienes se encuentren en situación de debilidad manifiesta.

En una interpretación conforme a la Constitución, los efectos del mencionado fuero de protección se extienden a todas las personas en situación de discapacidad “sin entrar a determinar ni el tipo de limitación que se padezca, ni el grado o nivel de dicha limitación”.

Para exigir la extensión de los efectos del fuero por estabilidad laboral, es útil pero no necesario contar con un carné de seguridad social que indique el grado de pérdida de capacidad laboral.

“No es la Ley expedida en democracia la que determina cuándo una pérdida de capacidad es moderada, severa o profunda, pues esta es una regulación reglamentaria”.

De otro lado, la Sala también recordó que, dado que el fuero por estabilidad laboral reforzada constituye un medio de protección frente al despido discriminatorio, es necesario que el empleador conozca de la situación de salud del trabajador al momento de la terminación del vínculo laboral de la siguiente forma:

La enfermedad presenta síntomas que la hacen notoria.
El empleador tramita incapacidades médicas del funcionario, quien solicita permisos para asistir a citas médicas, y debe cumplir recomendaciones de medicina laboral.

El accionante es despedido, a pesar de padecer de una enfermedad que le generó la necesidad de asistir a diferentes citas médicas durante la relación laboral.

No se le puede imponer al trabajador la carga de soportar las consecuencias de que en razón a un empalme entre una antigua y nueva administración de una empresa no sea posible establecer si esa empresa tenía conocimiento o no del estado de salud del actor. Por tanto, se da prevalencia a las afirmaciones y pruebas del accionante, y no a las de la demandada en la contestación de la tutela.

Los indicios probatorios evidencian que, durante la ejecución del contrato, el trabajador tuvo que acudir en bastantes oportunidades al médico, presentó ecomendaciones médicas, y en la tutela afirma que le informó de su condición de salud al empleador.

El magistrado Miguel Polo Rosero aclaró voto en la presente decisión.

Para conocer la Sentencia T-311 de 2025, del M.P. Vladimir Fernández Andrade, haga clic aquí.

Los 20.783 contribuyentes que, durante 2024, realizaron el aporte voluntario del 10 % al pagar los impuestos de predial, vehículos e Industria y Comercio (ICA) ya pueden descargar el certificado de aporte voluntario que les permitirá acceder a beneficios tributarios en su declaración de renta ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Con este nuevo servicio, la Secretaría de Hacienda reconoce y agradece la solidaridad de quienes apoyaron el desarrollo de Bogotá con este aporte adicional.

Con corte a agosto de 2025: más de $1.500 millones recaudados
Con corte al 10 de agosto de 2025, el recaudo por aportes voluntarios alcanzó $1.530.807.600, de los cuales $842.819.600 corresponden a predial, $677.573.000 a vehículos y $10.415.000 a Industria y Comercio (ICA). Una clara muestra de que ¡Tu 10 % sí suma!

Para este año 2025, el número de ciudadanos que han contribuido de forma voluntaria es de 23.788, un incremento del 14,4% frente al año anterior. Estos contribuyentes tendrán reconocimiento de beneficio tributario en su declaración de renta el próximo año.

¿Quiénes pueden obtener el certificado?
Este certificado está disponible exclusivamente para quienes hicieron el aporte adicional. En caso de que el bien o vehículo tenga varios propietarios, solo el primero que lo solicite podrá obtenerlo.

Pasos para descargar el certificado de aporte voluntario

ingresar al enlace “Certificado de descuentos y retenciones”
Hacer clic en “Generar certificado de aporte voluntario”
Seleccionar el tipo de documento
Digitar el número del documento
Elegir el año de la vigencia del certificado
Ingresar el CHIP (predial) o el número de la placa del vehículo
Aceptar los términos y la política de tratamiento de datos personales
Completar la prueba de seguridad (Captcha)
Hacer clic en “Consultar”
Descargar el certificado

Certificados de Industria y Comercio (ICA)
Quienes requieran el certificado del ICA deben solicitarlo al correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., adjuntando los soportes del aporte. El documento será enviado por este mismo medio.

Si el contribuyente no logra descargar el certificado de forma virtual, podrá solicitarlo a ese mismo correo y recibirlo en la dirección electrónica desde la cual hizo la petición.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) expidió la Resolución 9021 de 2025, que prohíbe, a partir de la fecha, el tránsito aduanero internacional de cigarrillos clasificados en la partida arancelaria 24.02 del Arancel de Aduanas. La medida se adopta para neutralizar conductas relacionadas con el contrabando de esta clase de mercancías, fortalecer el control y la seguridad en las fronteras y proteger la industria formal y legal.

En consecuencia, sin importar su país de origen, a los cigarrillos clasificados en dicha partida arancelaria que arriben al territorio aduanero nacional y que no tengan como destino final Colombia no se les podrá autorizar un tránsito aduanero internacional hasta su país de destino. Por su parte, aquellos que sean legalmente importados al país o cuyo destino final sea Colombia, mantendrán el ingreso y nacionalización correspondientes.

La DIAN advirtió que su estudio de distorsión de importaciones entre 2021 y 2023 mostró el crecimiento anual en el contrabando abierto y técnico por subfacturación de estos productos, estimando que el Estado dejó de percibir 94.874 millones de pesos por concepto de tributos aduaneros.

“Entre 2021 y el primer semestre de 2025 hemos instaurado 133 denuncias ante la Fiscalía General de la Nación por delitos asociados a la cadena del contrabando de cigarrillos y tabaco por un valor que supera los 71.200 millones de pesos; el golpe que el contrabando le genera a la economía y al desarrollo de Colombia es gigante, por eso nuestra lucha contra ese delito es frontal y sin tregua", dijo Luis Eduardo Llinás, director general (e) de la DIAN.

La Resolución 9021 de 2025, también permite importar bajo la modalidad de entrega urgente: bienes, materiales, insumos, partes, repuestos y demás material que se requieran para la prestación de los servicios de transporte aéreo y marítimo, así como para la prestación del servicio público de energía eléctrica. Estas son medidas de facilitación que se adoptan para garantizar el ejercicio de la operación logística y la respuesta oportuna a situaciones de emergencia.

Para conocer la Resolución 9021, haga clic aquí.