El concepto de impacto fiscal de la ponencia para segundo debate, del proyecto de ley de reforma pensional, emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, manifiesta que la iniciativa permite alcanzar los objetivos propuestos por el Gobierno Nacional como son: mejorar la sostenibilidad, la cobertura y la suficiencia que implica una pensión digna para las y los trabajadores colombianos y una mayor equidad.

Para la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez Ríos, el concepto fiscal es un respaldo contundente a un trabajo juicioso y responsable entre todos los sectores económicos, expertos y academia.

“Es muy importante resaltar el mensaje de responsabilidad fiscal y buen diseño técnico que esta propuesta de reforma trae consigo. Las y los colombianos pueden estar tranquilos sobre la sostenibilidad fiscal que plantea. El Ministerio de Hacienda en su concepto así lo manifiesta. La viabilidad fiscal de la reforma pensional respalda la sostenibilidad de esta iniciativa”, puntualizó la Ministra.

El concepto del Ministerio de Hacienda es claro al resaltar que:

“La implementación de la propuesta de reforma consistente con las disposiciones del articulado de la ponencia para segundo debate, implicaría un impacto fiscal neto que se acoge a las posibilidades financieras de la Nación, en el marco de las restricciones fiscales actuales y proyectadas. Todas las consideraciones incluidas son fiscalmente factibles, manteniendo la sostenibilidad del Sistema de Protección a la Vejez y de las finanzas públicas en el largo plazo, de modo que pueden incorporarse en la planeación financiera del Gobierno Nacional, en línea con las restricciones presentadas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) y en estricto cumplimiento de la regla fiscal”.

El mencionado concepto también ratifica lo que el Gobierno del Cambio ha planteado en todos los escenarios, que es la mayor cobertura en protección integral a la vejez que la propuesta ofrece. Esta mayor cobertura es generada por el esquema de pilares y los elementos progresistas que incorpora, entre los que están:

a) La protección a toda la población mayor de 60 años mujeres y 65 años hombres, que se encuentren en condiciones de extrema pobreza y vulnerabilidad, recibirán una renta correspondiente, al menos al umbral de pobreza extrema (aproximadamente $223.000 para el año 2024).

b) La población que será objeto del pilar semicontributivo, que corresponde a población que cotizó al sistema contributivo, al menos 300 semanas y que no logra el mínimo de semanas necesarias para la pensión, recibirá una renta vitalicia subsidiada, que será un ingreso permanente en la vejez.

También, la reforma propuesta plantea en el artículo 75 la creación de una Comisión Técnica de Protección Social Integral para la Vejez que monitoree y haga seguimiento al gasto fiscal en pensiones, entre otras funciones, de forma que se podrán hacer los ajustes necesarios periódicamente para impedir que situaciones de alto impacto puedan llegar a presentarse.

El concepto fiscal muestra un aumento al año 2100 del pasivo pensional de la Nación, correspondiente a 40 puntos del PIB aproximadamente.

“Este costo adicional debe ser analizado a la luz de un importante aumento de cobertura en protección a la vejez, de un impacto social mayor y sobre todo, del alto impacto económico que va a generar el que las y los colombianos mayores tengan unas pensiones equitativas, suficientes y subsidios dignos para esta población extremadamente pobre y vulnerable”, subrayó la Ministra del Trabajo.

Adicional, es importante señalar que en el escenario actual el gasto al que se expone la Nación si no se hace la reforma y por consiguiente el monto del pasivo pensional, no solamente corresponde a las obligaciones pensionales que se puedan generar con la población beneficiaria del Régimen de Prima Media, administrado por Colpensiones, sino que debe contemplar también la presión que genera en el sistema los traslados de los afiliados de los fondos privados hacia Colpensiones, así como la carga fiscal que compromete al Estado, por cuenta del Fondo de Garantía de Pensión Mínima, hoy administrado por los fondos privados.

Para beneficiar a las doce comunidades que conforman el Resguardo Indígena Kankuamo, de la Sierra Nevada de Santa Marta, se está capacitando en seguridad y salud en el trabajo a 100 familias de esta población.

El viceministro de Empleo y Pensiones, Iván Daniel Jaramillo, quien visitó el resguardo, en el municipio de Atanquez, Cesar, anotó: “estamos aquí para explorar y compartir las mejores alternativas en materia de extensión y garantía de protección social del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo y todo el ámbito de estándares del trabajo decente”.

En la actividad convocada por la Dirección de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo y la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo del sector agropecuario, se realizó en simultáneo una feria de servicios con entidades del orden Nacional.

Durante la iniciativa, que se adelantó en el salón de la comunidad conocido como: “Oscar Carillo Luquez”, del municipio de Atanquez, participaron trabajadores del sector panelero, mujeres artesanas, trabajadores de productos pan coger, de los cabildos menores del Resguardo Indígena Kankuamo.

En Colombia, según el último reporte el número de trabajadoras y trabajadores afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales es de 12.4 millones, cifra que aumentó con respecto a 2021 cuando fue de 11.4 millones.

Desde la pandemia por la COVID-19 en 2020 se han venido afiliando por año, en promedio 1 millón de nuevos trabajadores.

Las empresas también registran un aumento al pasar de 1 millón 15.000 en 2021 a 1 millón 81.000 en 2022 es decir, 66 mil nuevas compañías se vincularon al Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL), que confirman la efectividad del sistema robusto con el que el Gobierno del Cambio continúa trabajando por el bienestar integral de las y los trabajadores.

En el marco de la estrategia de cooperación nacional y asistencia recíproca, el Superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez y el Director General de la UIAF, Luis Ignacio Llinás Chica, suscribieron un convenio interadministrativo de cooperación bilateral a fin de desarrollar acciones conjuntas que ayuden a la prevención y detección de conductas contrarias al orden público económico y la transparencia.

El convenio suscrito entre la Superintendencia y el organismo de inteligencia financiera permite avanzar en el cumplimiento de las recomendaciones de organismos intergubernamentales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y los estándares del Grupo Egmont que propugnan por el intercambio seguro e inmediato de conocimientos e información de inteligencia financiera para combatir ilícitos. Así pues, el acuerdo suscrito entre las dos Entidades es una apuesta para el cumplimiento de recomendaciones internacionales y una medida concreta de seguimiento de las directrices establecidas en el Programa de Gobierno 2022-2026 y el Plan Nacional de Inteligencia en donde la lucha contra la corrupción es pilar fundamental para la Colombia potencia mundial de la vida.

De acuerdo con el Superintendente de Sociedades, Doctor Billy Escobar Perez “La suscripción del Convenio con UIAF tiene como objeto proteger la economía nacional de la penetración de dineros de origen ilícito en defensa de la productividad, la libre competencia, la inversión, el desarrollo del comercio exterior y el crecimiento económico sostenible tan amenazados por las dinámicas cambiantes del crimen organizado trasnacional, es también un convenio único en la región porque agrupa a la Entidad de Inteligencia Financiera miembro del Grupo Egmont y a la Entidad de supervisión del sector real que juega un rol trascendental para los compromisos internacionales del Estado”.

Con este nuevo acuerdo, ambas Entidades pretenden contribuir de manera efectiva a la definición e implementación de estrategias y políticas para la detección y prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo, el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva y el soborno trasnacional a través del intercambio de información de inteligencia, las acciones conjuntas, la capacitación recíproca de funcionarios, y el establecimiento de mesas técnicas de expertos.

• Interrelación contable y fiscal a partir de la Ley 1819 de 2016.
• Metodología de cálculo del impuesto a las ganancias diferido.
• Determinación de las bases fiscales de los activos y pasivos.
• Identificación y determinación de las diferencias temporarias.
• Determinación del impuesto a las ganancias diferido.

JUAN FERNANDO MEJÍA

Revisor fiscal de la firma Brigard Urrutia. 

Asesor Tributario y Contable de compañías como: Home Center, Metrokia, Empresa de Energía de Pereira y PYMES. 

Estudiante de la Maestría en Tributación de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. (Ciclo de especialización).

Especialista en impuestos de la Universidad Externado de Colombia

Contador Público de la Universidad de Antioquia

Certificado en IFRS por el Banco Mundial y ACCA.

Exconsultor NIIF del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD (2003), 

Ex Consultor del Gobierno Nacional para la convergencia contable del sector público. 

Participó en la creación de la Ley 1314 de 2009 de Convergencia Contable (Proyecto de Ley 165 de 2007).

Conferencista y Docente Universitario nacional e internacional.

• 20%   egresados, administrativos y docentes
• 15%   egresados de extensión (ICEF o de UNAULA)
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Por medio del Concepto 389 del 10 de octubre de 2023, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, CTCP; respondió a una consulta sobre la Firma de declaraciones en Propiedad Horizontal

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La DIAN le recuerda que tener desactualizada su información en el RUT puede causar la suspensión del registro. Evite inconvenientes: verificarlo y actualizarlo es muy fácil.

El RUT es el mecanismo que usa la DIAN para identificar, ubicar y clasificar a las personas y organizaciones en relación con sus obligaciones tributarias. Por eso es clave que la información registrada en él sea exacta y veraz, para que la entidad pueda tener una comunicación directa y efectiva cuando lo necesite.

Esta es la razón por la que datos como la dirección del domicilio, los números de teléfono y el correo electrónico son obligatorios en el RUT. Sin embargo, la DIAN ha identificado que, actualmente, más de 4 millones de inscritos no tienen el correo electrónico, lo que podría causarles la suspensión de su registro y sanciones.

Así que es importante que, periódicamente, verifique que la información de su RUT está completa y actualizada. En este enlace, usted podrá saber de forma fácil si su registro cuenta con una dirección de correo válida. Lo único que tiene que hacer es digitar su NIT o el de su organización.

En caso de que el sistema le avise que su RUT no cuenta con un correo electrónico válido, aquí le compartimos una serie de pasos para que pueda actualizarlo de forma simple:

En el portal transaccional de la DIAN:

Ingrese 'A nombre propio', y siga los pasos después de hacer clic en “Actualización RUT".

Si no recuerda la contraseña de su cuenta de usuario puede ver este video.

Si no tiene cuenta de usuario o está inhabilitada, puede crearla o activarla aquí.

También puede solicitar una cita para hacer el trámite en este enlace.

Tenga en cuenta:

Puede agendar cita virtual en cualquier ciudad del país o presencial en la ciudad de su domicilio, de acuerdo con su preferencia y disponibilidad.

Mantener el RUT actualizado garantiza la calidad, veracidad y confiabilidad de la información de este registro.

Informar el correo electrónico en el RUT es de carácter obligatorio, según la normativa vigente[1].

La ubicación[2] comprende el domicilio principal, números telefónicos y correo electrónico en los que la DIAN puede contactar oficialmente a los inscritos.

La falta de esta información puede generar la suspensión del RUT[3].

[1] Parágrafo 1, del numeral 3, del Artículo 1.6.1.2.5, del Decreto 1625 del 2016, “La información de identificación, ubicación y clasificación del Registro Único Tributario es de carácter obligatorio".

[2] Óp. cit, numeral 2.

[3] Artículo 1.6.1.2.16 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública, CTCP; emitió el Concepto 437 del 10 de octubre de 2023, por el cual respondió a una consulta sobre el Reconocimiento de ingresos del exterior.

Para conocer el Concepto 437, haga clic aquí.

La DIAN publicó el proyecto de resolución “Por la cual se establece el grupo de obligados a suministrar información tributaria a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, por el año gravable 2024 y siguientes, se señala el contenido, características técnicas para la presentación y se fijan los plazos para la entrega”.

Por lo anterior, la entidad recibirá comentarios, observaciones y sugerencias sobre el proyecto de resolución hasta el 20 de octubre de 2023, a través del siguiente buzón de correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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A través del Concepto 428 del 10 de octubre de 2023, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, CTCP; respondió a una consulta sobre los Estados Financieros bajo la base de valor neto de liquidación

Para conocer el Concepto 428, haga clic aquí.

La Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes ha realizado 355 visitas de seguimiento y control a los Grandes Contribuyentes en las principales ciudades del país, como parte de una estrategia para el cumplimiento de las obligaciones con la Facturación Electrónica. El alcance de esas visitas es de 161 establecimientos de comercio en 206 sedes administrativas.

Esta estrategia busca hacer seguimiento a los Grandes Contribuyentes para verificar que estén cumpliendo con la emisión de la factura electrónica con el lleno de los requisitos que exige la norma. Así mismo, verificar que no se exijan requisitos adicionales que dificulten la entrega de dicho documento.

En estas visitas, servidores de la DIAN verificaron la generación, transmisión y expedición de los documentos del Sistema de Factura Electrónica en establecimientos de comercio como grandes superficies, supermercados, frigoríficos, almacenes de ropa, droguerías, laboratorios farmacéuticos, empresas de envíos, empresas del sector salud, empresas dedicadas a la prestación de servicios, entre otros.

Dentro de esta estrategia se incluyó el desplazamiento de los servidores de la Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes a las sedes administrativas de las empresas para brindar orientación y acompañamiento sobre las acciones a corregir encontradas con el incumplimiento de la normatividad de la factura electrónica, haciendo énfasis en aquellos requisitos indispensables en el documento.

La Dirección Operativa se encuentra a disposición de los Grandes Contribuyentes con el fin de orientarlos respecto de las dudas que tengan en el cumplimiento de sus obligaciones formales.