La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, lanzó el Premio Fiscal 2023 'La factura electrónica me premia', una estrategia con la que busca que las personas exijan siempre la factura electrónica cada vez que adquieran un bien o servicio. En esta oportunidad, los premios consisten en bonos que van desde los $100.000 hasta los $10 millones de pesos, que serán sorteados entre quienes hagan compras del 24 de octubre al 23 de noviembre de 2023 y cumplan con el requisito.

Para participar, no es necesario hacer inscripción de las facturas electrónicas, pues al ser expedidas, se registran de forma automática en el Sistema de Facturación de la DIAN. Lo que deben hacer las personas, simplemente, es exigir y verificar que la factura haya sido expedida a su nombre y enviada a su correo de manera inmediata.

Luis Carlos Reyes Hernández, Director General de la DIAN explicó que en total serán sorteados 2.710 bonos de $100.000; 80 bonos de $1.000.000; y 10 de $10.000.000., con el fin de que exigir la factura electrónica y verificar que se haya enviado a la DIAN se vuelva un hábito que facilita el control efectivo de los impuestos pagados por la ciudadanía que financian el desarrollo económico y social del país.

El Director General de la entidad también pidió a los facturadores electrónicos que expidan este documento con todos los requisitos de ley y sin exigir a los compradores más datos de los necesarios, que son tres: nombre o razón social, número de cédula o NIT y correo electrónico.

Es importante tener en cuenta que esta actividad se basa en lo consagrado en el artículo 618-1 del Estatuto Tributario, que establece el Premio Fiscal y le permite a la administración tributaria la ejecución de estas estrategias para fomentar la cultura de la contribución.

Del Premio Fiscal no podrán participar las facturas electrónicas emitidas a los servidores públicos de la DIAN, tampoco a quienes tengan contratos de prestación de servicios con la entidad, así como personas naturales calificadas como grandes contribuyentes, quienes expidan factura electrónica a nombre propio, y las facturas expedidas a consumidor final identificado con el número 222222222222.

Según el Reporte de Inclusión Financiera 2023 de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) y Banca de las Oportunidades, el 19% de las personas naturales que accedió al crédito por primera vez en ese año lo hizo a través de microcréditos, lo que evidencia el impacto de esta modalidad crediticia como herramienta para el acceso al financiamiento productivo.

Colombia, al igual que otros países en desarrollo, ha implementado programas de microcrédito para fomentar el emprendimiento y reducir la pobreza. Estos programas permiten a los individuos y pequeños negocios acceder a financiamiento, ya que las entidades financieras emplean diferentes tecnologías de análisis y fuentes de información alternativas que permiten identificar mejor el perfil crediticio del deudor.

Para conocer el documento de la Superintendencia Financiera, haga clic aquí.

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública, CTCP, publicó una respuesta a una consulta elevada ante la entidad sobre la contabilidad en una JAC, por medio del Concepto 464 del 20 de octubre de 2023.

Para conocer el concepto 464, haga clic aquí.

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública, CTCP, publicó el Documento de Orientación Técnica 21 – Aplicación de las normas de contabilidad e información financiera en el sector de la economía solidaria. Este es un documento guía sin carácter vinculante que permite a los usuarios llevar a cabo los trabajos de revisión y verificación del proceso de preparación, formulación y presentación de la información financiera correspondiente a las entidades pertenecientes a este importante sector económico y social.

El documento, revisado y aprobado en la sesión ordinaria del nueve de octubre de 2023 del CTCP, tiene su fundamento en el borrador entregado por el Comité Técnico de las Entidades Sin Ánimo de Lucro a finales de agosto y es el resultado de años de trabajo de los miembros de esta instancia técnica, en especial del subcomité de la Economía Solidaria. El estudio partió de la base conceptual según la cual las organizaciones solidarias son simultáneamente asociaciones de personas que se unen con el propósito de brindar soluciones a sus necesidades y empresas que desarrollan actividades que deben ser sostenibles para llevar a cabo su objeto social. Su modelo socio-empresarial es reconocido y tipificado en el marco constitucional, legal y reglamentario como de interés público y sujeto a promoción y protección.

Dentro del marco normativo vigente, Ley 1314 de 2009, que ampara el proceso de preparación y formulación de la información financiera en el sector solidario en el ámbito de la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), se han promulgado normas que dan prioridad a la aplicación de un entorno estructurado para empresas de capital que tienen como objetivo fundamental maximizar valor y competir en los mercados de valores, así como en el mercado abierto.

Sin embargo, de acuerdo con los análisis y experiencias de las organizaciones solidarias (especialmente en los fondos de empleados -figura organizacional solidaria propia y exclusiva de Colombia-), se ha constatado que, al ser aplicadas estas normas sin el necesario proceso de adecuación, se vulneran los principios de la esencia sobre la forma y el de la racionalidad económica, ya que resulta más onerosa su aplicación que el valor generado. La situación descrita alerta al sector, ya que su aplicación, contraria a la filosofía y naturaleza social y económica de las entidades solidarias, genera un significativo riesgo de desnaturalización del modelo al homologarlo con otros tipos de empresas, en especial con las de capital con fines de lucro.

Es preciso advertir que con relación a las operaciones diferentes a las tratadas en esta orientación técnica (aportes sociales, aplicación de excedentes y fondos sociales solidarios), se recomienda observar los marcos normativos vigentes. El documento tiene en cuenta la gestión de riesgos en relación con los conceptos abordados, de manera que se asegure el adecuado reconocimiento, medición y revelación bajo las características propias del modelo empresarial solidario. Se resalta la disposición del sector para propiciar y acoger los modelos efectivos de supervisión y control por parte del Estado.

El documento de 23 páginas cuenta con un glosario de términos, un capítulo de fundamentos normativos y una detallada sección de casos prácticos. La coordinación del proyecto estuvo a cargo del consejero Jairo Enrique Cervera Rodríguez.

Para conocer el documento, haga clic aquí.

La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez Ríos, se mostró optimista frente a la negociación del salario mínimo de las y los colombianos para el año 2024.

“Trabajamos con la estadística de la inflación del 30 de noviembre, pero desde luego empezaremos antes para ir haciendo con la mesa de concertación los estudios preliminares, que nos permitan tener unas reflexiones mucho más profundas, allí tendremos la posibilidad de escuchar la propuesta de los empresarios, sus análisis, lo mismo la de los trabajadores, llevaremos la academia y desde luego el Gobierno también hará sus análisis y desde allí esperamos concertar un salario mínimo que nos permita mantener el valor adquisitivo que este año ha sido una muy buena apuesta y avanzar para que efectivamente Colombia no sea tan impactada ni por la inflación ni por las tasas de interés”, explicó la titular de la cartera laboral.

La ministra recordó que gracias a las medidas adoptadas en la negociación del salario mínimo para el presente año se ha logrado mantener un incremento real de más del 4%, mientras que para el año 2022 esta cifra fue negativa y afectó el bolsillo de las y los colombianos.

“La desindexación fue una medida que nosotros tomamos para preservar el valor adquisitivo del salario y eso es lo que ha ocurrido. Hoy nuestro salario tiene 4 puntos de aumento real y esto lo que significa es que no ha sido consumido por el costo de la inflación y por eso hoy todavía tenemos un valor adquisitivo protegido y esperamos que esta experiencia tan buena de la mesa de concertación que fue unánime, podamos trabajarla para el próximo año”, puntualizó, Ramírez Ríos.

Actualmente la inflación para el mes de septiembre según el DANE se ubicó en 10,9% lo que significa una tendencia a la baja luego de iniciar el año con un dato de 13.2%, sin embargo, el salario mínimo fue concertado para el 2023 con un incremento del 16%, lo que ha significado una mayor protección de los salarios y del poder adquisitivo de las y los colombianos.

Por medio del Concepto 331 del 19 de octubre de 2023, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, CTCP, respondió a una consulta sobre Concesión – reconocimiento de activos.

Para conocer el Concepto 331, haga clic aquí.

La Contaduría General de la Nación pone a discusión de los interesados y del público en general, hasta el 10 de noviembre de 2023, el proyecto de resolución que modifica el Catálogo General de Cuentas del Marco Normativo para Empresas que Cotizan en el Mercado de Valores, o que Captan o Administran Ahorro del Público.

Para conocer este proyecto de resolución, haga clic aquí.

El Ministerio de Hacienda publicó para comentarios el proyecto de decreto “Por medio del cual se crea el programa “CREO, un crédito para conocernos” y se adiciona la Parte 25 al Libro 2 del Decreto 1068 de 2015, Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público”, el cual establece una línea de crédito para unidades económicas de baja escala.

La entidad recibirá comentarios sobre este proyecto de decreto hasta el 3 de noviembre de 2023.

Para conocer el proyecto de decreto, haga clic aquí.

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública, CTCP, publicó el Concepto 445 del 17 de octubre de 2023, por el cual responde a una consulta sobre Donaciones o auxilios amparados en convenios o acuerdos Internacionales.

Para conocer el Concepto 0445, haga clic aquí.

Las plenarias de Senado y Cámara aprobaron hoy, en segundo debate, el proyecto de ley que decreta el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2024, cuyo monto asciende a $502,6 billones, cifra 18,9% superior al PGN 2023 ($422,8 billones). El texto avalado pasa ahora a sanción presidencial.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla, destacó que gracias al trabajo conjunto del Congreso de la República y el Gobierno Nacional, en el marco de un constructivo debate

democrático, estos recursos permitirán impulsar una reactivación productiva encaminada a reducir el desempleo, la inflación, la pobreza y la desigualdad social y regional.

El presupuesto aprobado es el resultado de la revisión de recursos ciertos para ejecutar gastos ciertos. En un contexto económico mundial complejo, caracterizado por la desaceleración de la actividad productiva, inflación por encima de su promedio histórico y contracción del comercio internacional en medio de marcadas tensiones geopolíticas, el PGN 2024 permite avanzar en el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2022- 2026 (Ley 2294 de 2023), y de ese modo contribuir a impulsar un modelo de transformación económica con justicia social y justicia ambiental.

Los recursos aprobados impulsarán proyectos de inversión pública de alto impacto multiplicador en la transformación social y productiva del país, que permitirán contrarrestar el ciclo descendente de la actividad económica y avanzar en el cierre de brechas sociales, con programas dirigidos a incentivar la producción agropecuaria; mejorar la infraestructura educativa, hospitalaria y de transporte; y salvaguardar a la población más pobre del país mediante transferencias monetarias (renta ciudadana).

El PGN 2024 es consistente con el cumplimiento de la regla fiscal, según señaló el ministro. Se proyecta que el Gobierno Nacional Central (GNC) cierre 2024 con un superávit primario de 0,2% del PIB y un déficit fiscal de 4,4% del PIB, ocasionado esencialmente por el pago de intereses de la deuda pública, cifras coherentes con el ancla de la deuda pública neta de activos financieros, fijada por la regla fiscal en 55% del PIB a partir de 2026.

El escenario fiscal que sustenta el PGN 2024 se construyó a partir del escenario macroeconómico proyectado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2023. Allí se prevé que para 2024 la economía colombiana crezca 1,5%; la inflación anual se ubique en 5,7%; la tasa de cambio peso dólar de los Estados Unidos (TRM) registre un promedio anual de $4.603; el precio del petróleo contabilice un promedio anual de US$74,5 por barril; la producción petrolera sea de 787 mil barriles promedio diarios; y el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos baje de 4,0% del PIB en 2023 a 3,5% del PIB.

La estrategia de financiación para 2024 tiene previsto robustecer el recaudo tributario con altos estándares de equidad, y elevar la calidad y eficiencia del gasto público, propósitos en los cuales se está trabajando con fundamento en la Reforma Tributaria para la Igualdad y la Justicia Social (Ley 2277 de 2022); y una estrategia para el uso eficiente de los recursos públicos, contenida en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo vigente, que, de acuerdo con el artículo segundo de la Ley 2294 de 2023, forma parte integral de dicho plan.

Los esfuerzos para mejorar la calidad y eficiencia del gasto se centrarán en: priorizar proyectos estratégicos intersectoriales susceptibles de ser financiados mediante concurrencia de fuentes (PGN, SGP, SGR y otros ingresos territoriales); corregir errores de inclusión y exclusión en la asignación de los subsidios; buscar la convergencia de la inversión pública y la inversión privada alrededor de las grandes transformaciones socioeconómicas del PND mediante una adecuada alineación de la gestión pública con los incentivos privados; y mejorar el diseño y la ejecución de los proyectos estratégicos, la lucha contra la corrupción y la adecuada organización administrativa del aparato estatal.

La reforma tributaria 2022 y la lucha contra la evasión ayudarán a sustituir crédito por ingresos corrientes en favor de la sostenibilidad fiscal. Los ingresos corrientes se estiman en $317,4 billones (63,8% del total); como porcentaje del PIB aumentan de 17,8% en 2023 a 18,7% en 2024. Por su parte, los desembolsos de crédito (interno y externo) llegarían a $73,7 billones (14,7% del total), con lo cual pasarían de 4,2% del PIB en 2023 a 4,3% del PIB en 2024.

El monto restante del PGN 2024 (22,2%) se financiará con recursos provenientes de excedentes financieros, principalmente Ecopetrol, Banco de la República y Agencia Nacional de Hidrocarburos; al igual que con otros recursos de capital, entre los cuales se encuentran rendimientos financieros, reintegros y recuperación de cartera, entre otros.

El PGN 2024 permite cumplir a cabalidad todas las obligaciones derivadas de mandatos constitucionales, legales y contractuales preexistentes, así como para garantizar, dentro de estándares moderados, los gastos operacionales de las entidades estatales que conforman el PGN. En consecuencia, este presupuesto se distribuye de la siguiente manera: funcionamiento $308,2 billones (18,0% del PIB); servicio de la deuda $94,5 billones (5,6% del PIB); e inversión que llega a su máximo histórico, con $99,9 billones ($5,9% del PIB).

Las transferencias es la cuenta más representativa del gasto. Se trata, en su mayor parte, de inflexibilidades presupuestales derivadas del cumplimiento de mandatos constitucionales y legales para la atención de derechos. En este grupo sobresalen las relacionadas con el Sistema General de Participaciones para cumplimiento de las competencias territoriales, el aseguramiento en salud de los colombianos, las pensiones y los recursos para las universidades públicas, entre otras.

El Ministro destacó la situación del presupuesto para el Sistema General de Participaciones territoriales. De una apropiación en el presupuesto de 2023 por valor de $54,9 billones, se pasará a una cercana a $70,5 billones en el de 2024. Un crecimiento del 28,4%, esto es más de $15,6 billones adicionales de una vigencia a otra. Este gran aumento en el monto de recursos para el SGP permitirá atender necesidades de financiación en educación y salud, ejes fundamentales de la política social de este Gobierno.

Con lo aprobado hoy se espera que en 2024 el país ejecute inversiones por $224,5 billones. Además de los $99,9 billones del PGN están programados recursos del SGP por $70,5 billones, del SGR por $14,1 billones e ingresos territoriales por $40,1 billones.

Los sectores que tendrán mayor presupuesto serán educación y salud.

Los sectores con mayor aumento de recursos en 2024 frente a 2023, en línea con los objetivos de política pública que sustentan la formulación de los programas de gasto son: agricultura, inclusión social, tecnologías de la información, igualdad y equidad, deporte y cultura, entre otros, tal como se evidencia en el siguiente cuadro.